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Las violaciones en masa ponen de manifiesto la falta de protección y justicia

Supervivientes de violaciones se entrevistan con delegados de Amnistía Internacional © AI

Londres.- Amnistía Internacional siente una profunda consternación por los últimos informes recibidos sobre violaciones en masa y otros actos de violencia sexual cometidos en la zona de Walikale, provincia de Kivu Septentrional, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Según las Naciones Unidas, miembros de grupos armados, entre ellos las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, violaron a más de 150 civiles de 13 localidades. Los informes indican que las violaciones fueron organizadas y sistemáticas.

Amnistía Internacional pide al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y a la ONU que hagan todo lo posible para prestar de inmediato atención médica y psicológica a las personas sobrevivientes, a los testigos y a sus comunidades. Deben recopilarse y conservarse pruebas, como las declaraciones de los testigos, para poder llevar a los responsables ante la justicia.

Los ataques se produjeron tan sólo unas semanas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara un nuevo mandato para su misión en el país con el fin de ayudar al gobierno a proteger a la población civil de las vulneraciones del derecho internacional humanitario y de los abusos contra los derechos humanos, incluidas todas las formas de violencia sexual y de género, y en el que pone de relieve que la protección de la población civil tiene prioridad sobre otras tareas encomendadas a la misión.

En la RDC, la violencia sexual y de género es generalizada y la perpetran todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales, que reciben el respaldo de la ONU. Amnistía Internacional cree que deben examinarse de inmediato los fallos del gobierno y de la ONU en la protección de la población civil para dar respuesta a las atrocidades que ésta ha sufrido y para impedir que vuelvan a cometerse.

Amnistía Internacional también pide justicia y reparaciones plenas para las personas sobrevivientes. Dada la debilidad del sistema nacional de justicia, urge tomar medidas para restaurar la capacidad de acción en casi todos los niveles. Concretamente, deben emprenderse especiales esfuerzos para formar a las autoridades nacionales en investigación y procesamiento eficaces de crímenes de violencia sexual y para eliminar los obstáculos que impiden a las personas sobrevivientes reclamar justicia.

Reinstaurar el Estado de derecho debe considerarse un elemento esencial de la protección a largo plazo de la población civil en el país. Mientras tanto, han de encontrarse soluciones en el ámbito de la justicia nacional e internacional para poner fin a la impunidad que permite a personas planear y cometer estos crímenes a sabiendas de que no se les hará rendir cuentas.

Información complementaria

El 25 de agosto se encomendó a Margot Wallström, representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, la tarea de liderar la respuesta de la ONU a estas violaciones. Se espera que entre los asuntos que se traten con el gobierno de la RDC se incluya la solicitud pendiente del Consejo de Seguridad, prevista en la resolución 1888 (2009), en la que se exhorta al secretario general de la ONU “a designar a un equipo de expertos, y a adoptar las medidas que correspondan al objeto de que empiece a trabajar con rapidez, para que se ocupe de situaciones particularmente preocupantes en lo que respecta a la violencia sexual en los conflictos armados, […] previo consentimiento del gobierno receptor, a fin de ayudar a las autoridades nacionales a reforzar el estado de derecho”. Todavía no se ha desplegado este equipo de expertos.

Está previsto que, en noviembre de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU debata la evolución de la “protección de la población civil”, después del debate que se celebrará a finales de octubre con motivo del 10º aniversario de la resolución 1325 sobre “la mujeres y la paz y la seguridad”.

En mayo de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1925 (2010), por la que se autoriza el despliegue de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) hasta el 30 de junio de 2011.