En una reunión que mantuvieron la semana pasada, el presidente Hu y otros líderes del Estado pidieron estabilidad y unidad en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y culparon a las “tres fuerzas” del terrorismo, el separatismo y el extremismo de planear y organizar los disturbios.
“Los líderes chinos deben centrarse en las penosas condiciones que soportan muchos uigures y responder con una investigación creíble, veraz y transparente sobre la reciente violencia”, ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Amnistía Internacional ve con preocupación que, según el medio de comunicación estatal Televisión Central China, el secretario general del Partido Comunista de Urumqi, Li Zhi, manifestara el 8 de julio en una conferencia de prensa que “los brutales delincuentes serán condenados a muerte”.
“Sólo los tribunales tienen derecho a decidir qué condena ha de imponerse. Las observaciones sobre la pena capital hechas por el dirigente del Partido en la ciudad al margen del sistema judicial constituyen una completa falta de respeto por el Estado de derecho y la independencia judicial”, ha señalado Roseann Rife.
Fuentes de China han informado a Amnistía Internacional de que las autoridades judiciales de Pekín han advertido severamente a varios abogados de derechos humanos, a través de los bufetes en los que trabajan, que no se ocupen de asuntos relacionados con los disturbios de Sin-Kiang. Los letrados que aceptaron casos relativos a los disturbios ocurridos el año pasado en la Región Autónoma del Tíbet tuvieron que regresar a la capital e informar de su trabajo a las autoridades judiciales.
“Intimidar a abogados para que no defiendan a personas detenidas durante los recientes disturbios va en contra del derecho de estas personas a contar con asistencia letrada de su elección y reduce sus posibilidades de recibir un juicio justo y el debido proceso”, ha afirmado Roseann Rife.
Las mismas fuentes han comunicado también a Amnistía Internacional que Ilham Tohti, director del sitio web Uyghur Online (www.uighurbiz.cn) y catedrático de economía en la Universidad Central de las Nacionalidades de Pekín se encuentra bajo custodia de las autoridades chinas desde primeras horas de la mañana del 8 de julio. La policía de Pekín lo había interrogado del 5 al 7 de julio. Se ignora su paradero. Ilham Tohti lleva años hablando de la situación de los uigures en China, y su blog está censurado desde los disturbios de la Región Autónoma del Tíbet de 2008.
“Ampliar la represión más allá de Sin-kiang y a personas que no han participado en ninguna protesta y muchos menos en actos violentos no es la respuesta adecuada a los disturbios –ha explicado Rife–. Instamos a las autoridades a que revelen de inmediato el paradero de Ilham Tohti y garanticen que no está detenido únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones.”
Amnistía Internacional reconoce el deber de las autoridades chinas de garantizar la seguridad de toda persona en situación de riesgo debido a la violencia y de poner a disposición de la justicia a los autores de delitos violentos cometidos en el contexto de los recientes disturbios de Sin-kiang.
Sin embargo, la organización ha documentado casos que revelan que las autoridades impusieron severas medias de represión tras protestas ocurridas en la región, especialmente en lugares como el municipio de Barren (en chino, Baren) en 1990 y en la ciudad de Gulja (en chino, Yining) en 1997, donde se produjeron muertes de manifestantes y se practicaron millares de detenciones. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que no repitan las respuestas del pasado y no hagan innecesariamente uso excesivo de la fuerza para restablecer el orden, a que permitan llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre lo sucedido y a que velen por que en todo juicio que se celebre se respetan las debidas garantías, conforme a las normas internacionales, y no se recurre a la pena de muerte.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a realizar una investigación justa e imparcial sobre los sucesos ocurridos en Sin-kiang desde el 5 de julio e insta a las autoridades a que respeten y protejan el derecho a la vida y a la libertad sin sufrir discriminación debido al origen étnico abordando los abusos y violaciones de estos derechos cometidos por agentes estatales y no estatales.
La organización pide también a las autoridades chinas que den plena cuenta de todas las personas que han muerto y de todas las que están detenidas.
Para más información véase:
- Hoja informativa, abril de 2009: La identidad étnica uigur amenazada en China
