Madrid.- Amnistía Internacional ha enviado a los grupos parlamentarios y a las autoridades del gobierno una serie de preocupaciones de cara al debate parlamentario que se llevará hoy a cabo en el pleno del Congreso para convalidar los reales decretos aprobados por el Gobierno, con los que se pretenden paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia del coronavirus en España. La organización ha señalado como fundamentales tres prioridades: la protección frente a los desalojos también para las personas inquilinas, la protección de todo el personal sanitario y las medidas especiales para garantizar que los colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género y las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, no quedan atrás en esta crisis.
Sobre el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables, AI señala que ”es necesario que se extienda esta moratoria al pago del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad cuyas viviendas sean propiedad de grandes tenedores”, incide Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional.
La organización insiste en la importancia de esta medida, ya que España se encuentra en un momento en el que no ha superado la crisis del derecho a la vivienda, tal y como recuerdan organismos de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, quien, en su visita a España en enero, destacó la situación de crisis del derecho a la vivienda y la cantidad de personas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler por el incremento de precios en el mercado de alquiler. Y es que en España se produjeron el año pasado un total de 36.467 desalojos por impago de alquiler y 14.193 por impago hipoteca, es decir, casi el triple (2,6) de los primeros.
Por otro lado, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre el impacto de la deuda externa y los derechos humanos señaló el pasado viernes que los paquetes de protección social dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.
Más contundente aún se mostró la Relatora Especial del derecho a una vivienda adecuada, quien señaló la semana pasada, con respecto a la pandemia, que "tener una vivienda nunca ha sido más que actualmente una cuestión de vida o muerte".
Sobre la situación de los y las trabajadoras del sector sanitario, y aunque Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo y las medidas adoptadas por el Gobierno, pide que, en el marco del debate parlamentario, las autoridades faciliten información sobre el estado de implementación de las medidas para incrementar los recursos humanos y sobre las medidas de protección a los profesionales de sector médico sanitario, además de la realización de pruebas de detección del COVID 19 entre ellos.
“Necesitamos saber si se prevén medidas extraordinarias frente a la situación de cuarentena en la que se encontrarán los 5.400 personas contagiadas del sector: son quienes están en primera línea y se exponen a muchos riesgos tratando de cuidarnos. Sin ellos no podríamos hacer frente a esta crisis y por lo tanto debemos asegurar su protección”, señala Barroso.
Acceso a la salud sin discriminación
Amnistía Internacional recuerda una vez más que es necesario que se establezcan medidas de acceso a la salud para todas las personas que se encuentren en España, incluidas las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, personas reagrupadas legalmente en España, migrantes que se encuentren en CETIS y los que todavía estén en los CIES, así como menores no acompañados.
En ese sentido, con respecto a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, AI valora la Instrucción de la Dirección General de Migraciones (2020/03/20) para la la acogida de las personas solicitantes de protección internacional. Sin embargo, la organización echa en falta que se informe debidamente de los mecanismos y planes de contingencia que se puedan estar poniendo en marcha desde los correspondientes Ministerios para garantizar la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en determinados centros, tales como los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes), CATEs (Centros de Atención Temporal para Extranjeros), CAEDs (Centro de Acogida de Emergencia y Derivación) y centros que acogen a niños y niñas migrantes no acompañados.
“La situación en los CETIs, donde hay sobreocupación y las personas se encuentran hacinadas, es especialmente preocupante. Es fundamental que se garantice que las personas en este tipo de centros reciben la información necesaria sobre sus derechos ante esta crisis, y los recursos y servicios de los que disponen”, declara Verónica Barroso. También los profesionales que trabajan en estos centros deben recibir la formación adecuada, con perspectiva de género, para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género sean protegidas, así como que los y las menores migrantes no acompañados tienen la atención adecuada; y las personas migrantes tienen acceso a un alojamiento adecuado ante esta crisis.
Víctimas de violencia de género
Amnistía Internacional exigió desde el primer momento medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género frente al aislamiento y acogió con satisfacción la adopción del Plan de contingencia. A falta de conocer los detalles del mismo cuando se publique, la organización valora que se haya creado una unidad especializada con más de 400 policías para atender a las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto actual. También considera imprescindible la aplicación alertcops, que hace más sencillo para las víctimas de violencia de género la denuncia de su situación, así como la guía de actuación para estos momentos de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por la crisis sanitaria. Sin embargo, la organización considera que una campaña institucional masiva que visibilice todos estos recursos y servicios que las mujeres víctimas de violencia de género tienen a su alcance ayudaría también a la protección de las mismas.
