La justicia es el único camino para superar la crisis

Londres.- Estas palabras reflejan la angustia que hoy sufren miles de bolivianos y bolivianas a causa de la falta de diligencia por parte de la justicia,  dijo hoy Virginia Shoppée, investigadora para Bolivia de Amnistía Internacional al presentar un nuevo informe sobre la crisis de derechos humanos desatada a raíz de las protestas llevadas a cabo durante 2003. Las trágicas jornadas de febrero y octubre de 2003 dejaron como saldo a más de un centenar de muertos y cientos de heridos durante enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. "Los conflictos sociales de los últimos años se han generado como protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social  y económica. Es inaceptable que las autoridades no promuevan soluciones basadas en el respeto de los derechos fundamentales y no eviten el uso desproporcionado de la fuerza", dijo la señora Shoppée. El informe de Amnistía Internacional subraya los fallos en las investigaciones iniciadas por las autoridades nacionales. Amnistía Internacional ha registrado el lento avance de las investigaciones, la derivación de casos de civiles muertos a la justicia militar y  la anunciada intención del posible cierre de  investigaciones iniciadas por parte de la justicia ordinaria. "Las autoridades deben descartar todo apoyo a normas y medidas que impiden que los autores de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, juzgados y sancionados, las cuales son incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado boliviano." La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "la obligación de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa." "Los sucesos de febrero y octubre dejaron a miles de familias destrozadas. La única forma de impedir que la impunidad reine en Bolivia  es mediante investigaciones independientes y conclusivas adelantadas por  la justicia ordinaria," dijo la señora Shoppée. "El Estado tiene la obligación de prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores y reparar los daños causados," señaló la señora Shoppée. Es vital que a la hora de responder a la actual crisis, las autoridades bolivianas reconozcan su raíz en la violación a los derechos económicos, sociales y culturales de sectores marginados de la población. Así mismo, corresponde a las autoridades tomar medidas que conlleven a un diálogo efectivo que permita el logro de soluciones duraderas a situaciones críticas como las que se presentaron en Bolivia durante el año pasado. En su discurso inaugural, el 17 de octubre de 2003, el Presidente Carlos Mesa Gisbert definió el respeto a la vida y a los derechos humanos como "el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano." "Es hoy de vital importancia que estas palabras se hagan realidad y que el Presidente reafirme ese compromiso con los derechos humanos. Es esencial que esta administración formule políticas e inicie reformas que permitan la promoción y protección de los derechos humanos, restaurando la confianza en las instituciones bolivianas y evitando la repetición de los sangrientos hechos registrados en 2003 que enlutó a tantos hogares bolivianos." Información General El documento presenta información recogida por Amnistía Internacional durante dos visitas al país en marzo y noviembre de  2003  y de entrevistas llevadas a cabo por representantes de la organización con diversas organizaciones sociales y de derechos humanos así como con familiares de las víctimas y funcionarios del gobierno nacional. Para una copia del informe: "Bolivia: Crisis y justicia -- jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003", por favor, vea: http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR180062004