Londres.- Amnistía Internacional ha condenado hoy las ejecuciones del hermanastro de Sadam Husein y del ex presidente del Tribunal Revolucionario de Irak porque constituyen una violación brutal del derecho a la vida, además de otra oportunidad perdida para que los iraquíes obliguen a rendir cuentas debidamente a los responsables de los crímenes cometidos bajo el régimen de Sadam Husein.
Barzan Ibrahim al Tikriti, hermanastro de Sadam Husein y ex director de los servicios iraquíes de inteligencia (Mukhabarat), y ‘Awad Hamad al Bandar al Sa’dun, ex presidente del Tribunal Revolucionario, han sido ahorcados el día de hoy. Junto con el ex presidente Sadam Husein, habían sido condenados a muerte el 5 de noviembre de 2006 tras un juicio sin las debidas garantías ante el Alto Tribunal Penal Iraquí. La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones iraquí el 26 de diciembre.
“Naturalmente que Sadam Husein y sus colaboradores debían ser obligados a responder de los espantosos crímenes contra los derechos humanos cometidos por su gobierno, pero eso tenía que haberse hecho mediante un proceso judicial imparcial y sin recurrir a la pena de muerte. El hecho de que Barzan Ibrahim al Tikriti resultara, según informes, decapitado durante el ahorcamiento no hace sino resaltar la brutalidad de este castigo cruel, inhumano y degradante” manifestó Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África.
Amnistía Internacional ha expresado asimismo su preocupación por la otra ex autoridad del gobierno que está en peligro de ejecución. Taha Yassin Ramadhan, ex vicepresidente, fue condenado a prisión perpetua el 5 de noviembre de 2006. Sin embargo, el 26 de diciembre la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal Penal Iraquí volvió a remitir su causa al mismo tribunal y solicitó un agravamiento de la pena, insinuando que corría peligro de ser condenado a muerte y ejecutado.
El juicio celebrado ante el Alto Tribunal Penal Iraquí no reunió las garantías de imparcialidad procesal que exigen las normas internacionales. Las intromisiones políticas socavaron la independencia e imparcialidad del tribunal, ocasionaron la dimisión del primer juez presidente y bloquearon el nombramiento de su sucesor, y el tribunal no adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de testigos y abogados de la defensa, tres de los cuales fueron asesinados en el curso del juicio. Tampoco se permitió a Sadam Husein el acceso a asesoramiento letrado durante el primer año de detención, y las denuncias formuladas a lo largo del proceso por sus abogados en relación con los procedimientos no parecen haber sido debidamente contestadas por el tribunal. El proceso de apelación se celebró a todas luces con excesiva premura y no sirvió para rectificar ninguno de los defectos del primer juicio.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por tratarse de una violación del derecho a la vida y un castigo cruel, inhumano y degradante en grado máximo. Se ha producido un agudo incremento en la aplicación de la pena de muerte desde su restablecimiento en Irak en agosto de 2004. En 2006, al menos 65 personas fueron ejecutadas, muchas de ellas tras juicios injustos.
