Las siete condenas a muerte impuestas hoy por un tribunal de la ciudad de Kuwait son una respuesta errónea al atentado suicida con bomba perpetrado contra la mezquita del imán Sadiq en junio de este año y deben ser revocadas, ha declarado Amnistía Internacional. El grupo armado autodenominado Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del atentado contra la mezquita chií en la que un ciudadano de Arabia Saudí hizo detonar los explosivos que llevaba durante las oraciones del viernes causando la muerte de 26 personas y heridas a 227. Fue el peor acto de violencia cometido en Kuwait desde la invasión iraquí de 1991. Las autoridades kuwaitíes anunciaron que habían detenido a 29 personas a principios de agosto en relación con el atentado.
"Estas condenas a muerte son una respuesta errónea a lo que fue un acto criminal totalmente atroz y despiadado", afirma James Lynch, director adjunto en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional."La pena de muerte no es la vía para atajar el terror y estas condenas no sirven para construir la cultura del Estado de derecho y de tolerancia que Kuwait necesita ahora más que nunca. Deben ser revocadas." En Kuwait las condenas a muerte pueden ser objeto de apelación. Cinco de los siete condenados a la pena capital fueron declarados culpables en ausencia. Según la agencia de noticias estatal de Kuwait, otros ocho procesados fueron condenados a penas de entre dos y 15 años de prisión y 14 fueron absueltos.
Información complementaria
Tras el atentado con bomba contra la mezquita el 26 de junio, Amnistía Internacional instó a Kuwait a que respondiera a la atrocidad con la ley en la mano y cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La organización pidió investigaciones exhaustivas, efectivas y transparentes compatibles con las normas internacionales que desembocaran en juicios con las debidas garantías sin recurso a la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
