La marcha por el Día Internacional de la Mujer programada para el próximo domingo será la primera autorizada oficialmente en Hong Kong desde 2020. La Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hong Kong anunció el jueves que había recibido una aprobación verbal para una “notificación de no objeción” en relación con la marcha.
No obstante, el acto tendrá lugar en medio de una escalada de la represión de los derechos humanos y de la sociedad civil en general; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
“La primera protesta autorizada desde que sobrevino la COVID-19 hace tres años es un momento significativo para Hong Kong, pero la marcha prevista el domingo tendrá lugar mientras el gobierno intensifica su represión general de los derechos humanos en la ciudad”, ha afirmado Hana Young, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia Oriental.
“Desde las protestas generalizadas de 2019, las autoridades de Hong Kong han empleado fuerza ilegítima y una legislación ambigua para coartar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica de manera reiterada y agresiva.
La manifestación del domingo debería transcurrir sin intromisiones de la policía, un derecho apenas reconocido a los manifestantes pacíficos de Hong Kong en los últimos tiempos, y menos desde la aprobación de la represiva Ley de Seguridad Nacional.
La autorización de esta marcha se quedará en un mero gesto simbólico si las autoridades no facilitan también otras formas de protesta pacífica.”
La sociedad civil de Hong Kong, antes llena de dinamismo, se ha visto diezmada desde que el gobierno central chino impuso la Ley de Seguridad Nacional el 30 de junio de 2020, con decenas de activistas y figuras de la oposición política enfrentadas a la posibilidad de una condena a cadena perpetua por sus actividades legítimas.
La vigilia anual por la represión de Tiananmen en Hong Kong fue prohibida durante tres años a partir de 2020, teóricamente debido a la COVID-19. Los organizadores de la vigilia están actualmente en la cárcel.
En diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Hong Kong concluyó que la prohibición general de la vigilia en 2021 había sido excesiva, ya que la policía no había considerado seriamente permitir una reunión con las debidas medidas sanitarias y de otra índole.
Mientras, numerosos grupos de la sociedad civil —incluidos grupos que ya habían organizado manifestaciones pacíficas en gran escala, a menudo en cooperación con la policía y otras autoridades gubernamentales— han sido obligados a disolverse, con muchos de sus miembros enfrentados a cargos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y de una ley de sedición que data de la época colonial.
Información complementaria
La represión del derecho de reunión pacífica empeoró significativamente tras las protestas de 2019 y se intensificó con las medidas de excepción por la COVID-19. El gobierno de Hong Kong invocó el Decreto sobre Prevención y Control de Enfermedades y anunció legislación de emergencia sobre salud pública en respuesta a la COVID-19 que en la práctica prohibía todas las protestas pacíficas.
La ONU lleva largo tiempo expresando su preocupación sobre la imposición de excesivas restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica por el gobierno de Hong Kong. Según el Decreto de Orden Público de Hong Kong, para organizar una protesta es preciso conseguir una “notificación de no objeción” de la policía. Las normas y políticas que en la práctica exigen un permiso oficial para celebrar reuniones públicas vulneran el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
