En Marching to their deaths: Justice for victims of crackdown on demonstrations in Guinea, la organización documenta la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y defensa —aliadas en ocasiones con grupos de jóvenes contramanifestantes— en homicidios ilegítimos de manifestantes y personas ajenas a las protestas cometidos entre octubre de 2019 y julio de 2020.
Asimismo, Amnistía subraya en su informe las lesiones causadas a 200 personas y la detención arbitraria de más de 70, algunas de ellas en régimen de incomunicación. Varias personas que resultaron heridas por disparos han huido de su domicilio por miedo a sufrir represalias. Además, las autoridades de algunos centros hospitalarios se han negado a admitir los cuerpos de personas muertas por disparos en algunas manifestaciones.
“Hablamos con familias desoladas que nos contaron que sus hijos o hijas habían muerto al ser alcanzados por disparos en la espalda, el pecho, la cabeza o el cuello. Vimos lesiones en brazos, rodillas y pies causadas por armas de fuego, cartuchos de gas lacrimógeno y hasta vehículos de las fuerzas de seguridad”, ha manifestado Samira Daoud, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica sigue siendo peligroso en Guinea, donde la impunidad por las violaciones de derechos humanos ha seguido siendo la norma durante la última década. Es preciso que las autoridades adopten medidas concretas para garantizar justicia a las víctimas y sus familiares.”
El informe, basado en entrevistas con más de 100 personas y análisis de documentos oficiales, vídeos y fotografías, viene a demostrar que las autoridades han actuado en contravención de normas nacionales e internacionales. Las fuerzas de seguridad y defensa han hecho uso ilegal de armas de fuego en varias localidades del país.
De octubre de 2019 a febrero de 2020, más de 30 personas resultaron muertas durante protestas por la reforma de la Constitución. De ellas, 11 murieron por disparos en la cabeza, el pecho o el abdomen.
Sangrienta represión el día del referéndum
El 22 de marzo de 2020, cuando se celebró el referéndum sobre la reforma constitucional que fue boicoteado por la oposición, fue el día más letal: al menos 12 manifestantes murieron, 9 por arma de fuego.
Amnistía Internacional ha recibido testimonios y confirmado la autenticidad de fotografías y vídeos que confirman que aquel día actuaron grupos de jóvenes contramanifestantes junto a las fuerzas de seguridad.
Alpha Oumar Diallo, conductor de mototaxi de 18 años, fue alcanzado por disparos el 22 de marzo y golpeado hasta la muerte por contramanifestantes en la capital, Conakry.
Una persona de su familia dijo: “Los gendarmes dispararon a uno de los jóvenes a los que Alpha Oumar había ido a ayudar, y a él lo alcanzaron en una pierna. Entonces llegaron los otros manifestantes y le dieron una paliza, y poco después murió.”
Entre abril y julio de 2020, siete personas perdieron la vida en las manifestaciones convocadas para reivindicar la mejora del suministro eléctrico y para protestar por la gestión del cordón sanitario con motivo de la pandemia de COVID-19.
Decenas de lesiones por armas de fuego
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de manifestantes con heridas por disparos. Por ejemplo, al menos 15 personas resultaron heridas —8 por arma de fuego— durante las protestas de octubre y noviembre de 2019, según las entrevistas de la organización a víctimas y personal médico.
Un albañil de 29 años quedó parapléjico el 14 de octubre de 2019 tras ser alcanzado por una bala que atravesó su cuello y salió por la espalda.
Así se lo contó a Amnistía Internacional:
“Íbamos marchando hacia los gendarmes, que llevaban cascos protectores. Uno de ellos, con capucha, disparó hacia nosotros. Mató en el acto a mi amigo, y después disparó contra mí. Como iba tapado no pude verlo [...] He pedido a las autoridades que me atiendan para que pueda recuperar la salud y volver a caminar. El dolor no me deja dormir.”
“Iba corriendo cuando fue alcanzado por el vehículo policial. Le aplastó los pies y la cabeza [...] Fue operado, pero perdió mucha sangre y no sobrevivió”, explicó un testigo.
Los cadáveres de algunas víctimas mortales, rechazados en los depósitos
El 22 de marzo de 2020, varios cadáveres de personas que habían muerto en las manifestaciones fueron trasladados a depósitos de hospitales públicos por familiares o transeúntes, pero no fueron admitidos.
“Según informes verosímiles, las autoridades no permitieron el ingreso de cadáveres de víctimas en hospitales sin que estuviera presente un agente de la policía judicial”, ha dicho Samira Daoud.
“Al haberse rechazado sus cadáveres en hospitales públicos, estas víctimas no están incluidas en el recuento de víctimas del gobierno. Como consecuencia, no se han expedido certificados de defunción para las familias ni se han practicado autopsias que permitan abrir una investigación judicial.”
Prácticamente ninguna de las investigaciones ha prosperado
Las autoridades suelen anunciar la apertura de investigaciones cuando hay homicidios en manifestaciones. Pero prácticamente ninguna prospera, lo cual vulnera el derecho de víctimas y familiares a obtener justicia.
Las amenazas, el temor a represalias y la falta de confianza en el sistema de justicia han llevado a familiares de víctimas a esconderse y no presentar denuncia. Sólo la familia de una de las 12 personas que resultaron muertas el 21 y 22 de marzo de 2020 dijo a Amnistía Internacional que había presentado una denuncia.
Prohibición de las manifestaciones
El informe también resalta numerosas violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica. En un periodo de cuatro meses se registraron al menos 10 prohibiciones de manifestaciones contra el proyecto de reforma constitucional en el país. En general, los motivos aducidos por las autoridades eran imprecisos y contrarios al derecho internacional.
Por ejemplo, en Kindia, las autoridades prohibieron una manifestación en noviembre de 2019 porque: “el lunes es el primer día de la semana, cuando toda la administración empieza a trabajar, y los estudiantes deben ir a la escuela y el resto de la población hacer sus gestiones diarias”.
Se detuvo arbitrariamente a 70 personas por manifestarse contra la reforma constitucional propuesta. Varias contaron a Amnistía Internacional el trato inhumano o degradante que habían sufrido bajo custodia.
Miembros del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (Front national pour la défense de la Constitution, FNDC), incluidas dos mujeres, fueron interceptados por residentes locales el 22 de marzo se 2020 en la región de Boké y sometidos a una paliza cuando intentaban disuadir a la población de acudir a las urnas. Ambas mujeres afirman que fueron amenazadas con ser violadas cuando estaban bajo custodia de la policía.
El activista Abdoulaye Oumou Sow, detenido el 11 de octubre de 2019, estuvo recluido en una “celda negra” desde las cinco de la tarde hasta la una de la tarde del día siguiente. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:
“Pedí que se llevaran de la celda un envase con orina para poder respirar mejor, pero los guardias de seguridad se negaron y, peor aún, me dijeron que me la bebiera si tenía sed”.
“Esta conducta de las fuerzas armadas infringe las leyes internacionales que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Si persiste, es muy probable que esta impunidad no haga sino propiciar más violaciones de derechos humanos y fomentar la desconfianza en las instituciones”, ha afirmado Samira Daoud.
“A quien gane las elecciones presidenciales del 18 de octubre se le exigirá garantizar que todas estas violaciones de derechos humanos serán investigadas y que los presuntos culpables comparecerán ante los tribunales competentes.”
