La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” (Ley 5272) es una grave amenaza para las vidas de las mujeres y las personas LGBTI, los derechos humanos y las familias en Guatemala, declaró Amnistía Internacional después de que, en el 8 de marzo, el Congreso aprobó la Ley por una amplia mayoría.
“Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas. Es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ley modificaría el código penal para criminalizar los abortos espontáneos e imponer penas de prisión a quien “promueva o facilite el acceso al aborto”. También prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza de la diversidad sexual y la igualdad de género en las escuelas, y proscribe la persecución penal de personas o grupos por discriminar a otros por su orientación sexual.
Al menos 32 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+, y en lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos. El país también ha sufrido niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2.041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y el país registró más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
“Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+. Al criminalizar los abortos espontáneos, prohibir que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no-heterosexuales y sancionar la discriminación por motivos de orientación sexual, el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, dijo Erika Guevara Rosas.
“El acceso al aborto legal y la educación sexual integral no sólo son derechos humanos, sino también políticas públicas fundamentales para hacer frente a los embarazos adolescentes, así como la violencia y la discriminación por razones de género. Si el presidente Giammattei quiere combatir estos problemas, y garantizar que su gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe vetar este proyecto de ley indefendible.”
