En respuesta a la decisión de un tribunal de Lesbos (Grecia) de aplazar la causa de 24 trabajadores y trabajadoras humanitarios, incluidos los voluntarios de búsqueda y salvamento Sarah Mardini y Seán Binder, que pueden ser condenados a 25 años de cárcel por ayudar a personas refugiadas y defender sus derechos, Giorgos Kosmopoulos, responsable de campañas sobre migración de Amnistía Internacional, manifestó:
“Estos cargos falsos son ridículos y jamás deberían haber llevado a Sarah y Seán a comparecer ante los tribunales. El aplazamiento de hoy significa que, después de llevar ya más de tres años esperando, este calvario seguirá prolongándose para Sarah y Seán, dejándolos en una situación incierta. Pedimos a las autoridades griegas que cumplan sus obligaciones de derechos humanos y retiren los cargos contra Sarah y Seán”.
“La decisión de hoy es una prueba más de lo absurdo de esta causa. Todo lo que hemos hecho es ayudar a gente que busca la seguridad en un momento de necesidad. La decisión de hoy vuelve a dejar nuestras vidas es suspenso”
Sarah Mardini, refugiada siria de 25 años, y Seán Binder, ciudadano alemán de 27 años, se enfrentan a una serie de cargos injustos y sin fundamento que se remontan a la época en que trabajaron como voluntarios para localizar y ayudar a personas en embarcaciones en peligro frente a la costa de Lesbos.
La negativa de las autoridades griegas a levantar la prohibición de viajar a Sarah Mardini significa que no ha podido asistir a su propio juicio.
“A la injusticia de estos cargos absurdos se suma ahora la violación flagrante por las autoridades griegas del derecho de Sarah a un juicio justo, que incluye el derecho fundamental a asistir a tu propio juicio”, manifestó Giorgos Kosmopoulos.
“Amnistía Internacional considera muy preocupante la decisión de las autoridades griegas de criminalizar a Sarah y Seán. Les apoyamos firmemente y seguiremos haciendo campaña hasta que se imparta justicia, se respeten y realicen sus derechos humanos y se retiren todos los cargos que pesan contra ellos”
Información complementaria
Sarah llegó a Lesbos como refugiada en 2015. El motor de la embarcación en la que viajaba dejó de funcionar, y Sarah y su hermana salvaron a otros 18 ocupantes arrastrándola a un lugar seguro. Más tarde, Sarah regresó a Grecia y trabajó como voluntaria en una organización griega de búsqueda y salvamento, donde conoció a Seán, buzo. Sarah y Seán fueron detenidos en 2018, acusados de numerosos cargos, como tráfico de personas, espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y fraude.
En el juicio de hoy, Sarah y Seán se enfrentaban a cargos que pueden suponerles una condena de hasta 8 años. También se enfrentan a cargos por delitos graves, como “tráfico de personas”, “fraude”, “pertenencia a organización delictiva” y “blanqueo de dinero”, que, de llegar a juicio, podrían suponerles hasta 25 años de cárcel.
Cientos de personas como Sarah y Seán se enfrentan a criminalización y otros obstáculos por su labor humanitaria de ayuda a personas refugiadas y migrantes en toda Europa. Un informe de 2020 de Amnistía Internacional explicaba con detalle las numerosas medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas que los gobiernos europeos han desplegado contra quienes defienden los derechos de personas refugiadas y migrantes. En Italia, Grecia, Francia y Suiza se han abierto decenas de procesos contra particulares y ONG, como Médicos sin Fronteras.
Según el bufete de abogados especialistas en derechos humanos Leigh Day, en el caso de Seán se han cometido hasta la fecha varias infracciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.
