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García-Margallo debe apostar por los derechos humanos en su viaje a Egipto

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo con el presidente de la República de Egipto, Abdelfatah al Sisi en su visita de diciembre de 2014. EFE/Jorge Fuentelsaz

Entre el 21 y el 23 de octubre, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo visita Egipto. Amnistía Internacional le ha expresado por carta nuestras preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país:

Desapariciones forzadas y tortura

La Agencia de Seguridad Nacional de Egipto está llevando a cabo secuestros, torturas y desapariciones de personas para intimidar a oponentes y acabar con la disidencia pacífica. Según organizaciones egipcias, entre 3 y 4 personas desaparecen cada día a manos de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional señaló en el informe “Officially you do not exist. Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism” que quienes reaparecen lo hacen en alguna prisión, se encuentran atrapados en investigaciones judiciales, o han confesado tras ser coaccionados o torturados.

En algunos casos, las personas torturadas eran menores de edad, como Aser Mohamed de 14 años, que fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional el 12 de enero de 2016, sin mostrar órdenes de detención ni de registro. Aser permaneció 34 días en desaparición forzada, confesó bajo coacción y podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de cárcel el próximo 16 de noviembre, en un juicio sin garantías. Amnistía Internacional España ya ha recogido más de 26.000 firmas para pedir su liberación inmediata al haber sido detenido ilegalmente.

Restricciones a la libertad de asociación, reunión y expresión

Amnistía Internacional lamenta la persecución sin precedentes que sufren las organizaciones de derechos humanos independientes en Egipto, después de que se reabriera una causa penal sobre la financiación de ONG (Causa 173 de 2011). Los Tribunales egipcios han congelado los activos de al menos nueve organizaciones de derechos humanos y de sus directivos. Todos ellos podrían ser procesados por supuesta financiación ilegal. De ser declarados culpables del cargo de “aceptar fondos para dañar los intereses nacionales, la paz, la unidad y la seguridad de Egipto”, podrían ser condenados a penas de hasta 25 años de prisión y multas de 500.000 libras egipcias.

El derecho a la libertad de reunión pacífica se está restringiendo con la legislación sobre protestas (Ley 107 de 2013), que entre otras cosas, permite a las fuerzas de seguridad el uso de escopetas y pelotas de goma para disparar contra manifestaciones “ilegales” que no hayan sido autorizadas por el Ministerio de Interior, incluso cuando sean pacíficas. Desde la entrada en vigor de esta ley, las fuerzas de seguridad han usado fuerza excesiva para disolver protestas, a menudo con resultados letales y sin que estas muertes hayan sido debidamente investigadas.

La libertad de expresión tampoco está garantizada en Egipto. Se enjuicia a periodistas que trabajan para medios de comunicación críticos con las autoridades por divulgar “noticias falsas”. La nueva ley contra terrorismo (Ley 94/2015) prevé, por ejemplo, la creación de tribunales especiales y multas elevadas para los periodistas cuya cobertura sobre el “terrorismo” difiera de las declaraciones oficiales.

Amnistía Internacional España lleva años pidiendo la liberación del reportero gráfico y preso de conciencia Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, que podría ser condenado a muerte. Más de 92.000 firmas se han enviado a las autoridades egipcias con esta petición. Shawkan fue encarcelado en 2013 cuando fotografiaba la dispersión violenta de la acampada de Rabaa al Adaweya en El Cairo en la que se calcula murieron unas mil personas. Shawkan tiene un estado de salud precario y no está recibiendo atención médica adecuada. Amnistía Internacional considera que los cargos que se le imputan - pertenencia a un grupo prohibido, asesinato, destrucción de bienes públicos y privados y posesión de armas de fuego y armas blancas – son infundados. Su próxima vista judicial es el 1 de noviembre.

Uso de tribunales militares contra civiles y pena de muerte

Desde 2011 han sido juzgados en Egipto ante tribunales militares miles de civiles. La Constitución egipcia de 2014 lo prevé, violando un derecho garantizado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte.

El 29 de mayo de 2016, un tribunal militar egipcio condenó a ocho civiles a muerte, dos de ellos in absentia, e impuso penas de prisión a otros 18, en la Causa 174 de 2015, conocida en los medios de comunicación como el “caso del comité de operaciones avanzadas”. Les declararon culpables de pertenecer a un grupo prohibido (la Hermandad Musulmana), de estar en posesión de armas de fuego y explosivos, y de conseguir sin autorización información militar clasificada. Los acusados habían estado en régimen de incomunicación, en condiciones que constituían desaparición forzada, en algunos casos durante más de seis semanas, y sus confesiones fueron conseguidas bajo tortura.

Por ser un caso empañado por la desaparición forzada, tortura y malos tratos, un juicio injusto y una condena a pena de muerte, Amnistía Internacional España ha abierto una campaña de recogida de firmas (más de 27.000 hasta el momento) pidiendo que se anulen las sentencias a muerte, así como las demás condenas, y que estas personas sean sometidas a un nuevo juicio ante un tribunal civil ordinario sin recurrir a la pena de muerte.

Transferencias de armas españolasa Egipto

Egipto es un importante cliente de la industria de armas española. Entre 2014 y 2015, el Gobierno español autorizó 46 licencias de exportación de material de defensa a Egipto por valor de más de 300 millones €, incluidas armas pequeñas, vehículos terrenos y aeronaves. Igualmente, en los dos últimos años se realizaron exportaciones de material de defensa por valor de más de 200 millones €, incluidos cuatro aviones de transporte, armas de pequeño calibre y munición.

El gobierno español ha asegurado a Amnistía Internacional que en todas las operaciones de exportación de armas autorizadas desde julio de 2013, las autoridades españolas han considerado que los usuarios finales no estaban o no podrían estar involucrados en actividades de represión interna. Es positiva la denegación en 2015 de dos licencias de exportación a Egipto de cartuchos de gas lacrimógeno.

En vista de la muy negativa evolución de la actuación del actual gobierno egipcio en materia de derechos humanos,le pedimos que imponga una política de “presunción de denegación” de exportación al gobierno egipcio de los tipos de armas y material incluidos en la Lista Común Militar de la UE, incluido el armamento pesado como aviones de combate, tanques y municiones. Esto, a menos que una pormenorizada evaluación de riesgo en materia de derechos humanos demuestre que las unidades destinatarias previstas de las fuerzas armadas egipcias no usan el equipo para violar los derechos humanos.

Peticiones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha pedido al Ministro de Asuntos Exteriores que interceda ante las autoridades egipcias para que:

  • Pongan fin a las desapariciones forzadas, la tortura y otras formas de malos tratos y establezcan con carácter de urgencia una comisión de investigación independiente para investigar todas las denuncias.

  • Liberen de inmediato a Aser Mohamed, pues su detención fue ilegal. Y dejen en libertad de inmediato a Mahmoud Abu Zied (“Shawkan”), retirandolos cargos contra el. Además deben prestarle atención médica urgente.

  • Pongan fin al hostigamiento que sufren los defensores y las defensoras de derechos humanos.

  • Se anulen las sentencias a muerte, así como las demás condenas, contra los acusados en el “caso del comité de operaciones avanzadas”, y que estas personas sean sometidas a un nuevo juicio ante un tribunal civil ordinario, acorde con el derecho y las normas internacionales, sin recurrir a la pena de muerte.

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