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Guantánamo cumple 13 años

Estados Unidos sigue haciendo caso omiso de los derechos humanos, mientras espera que otros no lo hagan

Acción de Amnistía Internacional pidiendo el cierre de Guantánamo. © Amnesty International

13 días fueron suficientes. Tras 13 días de detenciones, en la base naval estadounidense de Guantánamo ya había 158 detenidos allí. Hoy, algunos de estos hombres todavía siguen allí. 13 meses después, en febrero de 2003, el secretario de Defensa había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

13 años de un escándalo de derechos humanos. Detenidos privados de libertad año tras año sin cargos ni juicio. Tortura y malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, alimentación forzada, un puñado de enjuiciamientos en un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales para la celebración de juicios justos.  

Cuando el presidente George W. Bush terminó su segundo mandato el 20 de enero de 2009, todavía había 245 detenidos en la base de Guantánamo. Dos días después, el presidente Barack Obama se comprometió a que su gobierno cerraría el centro de detención de Guantánamo “inmediatamente” y lo más tardar antes del 22 de enero de 2010.

Actualmente sigue habiendo 127 detenidos en Guantánamo, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio. En casi la mitad de los casos se ha aprobado su traslado de la base, la mayoría desde enero de 2010 o antes.

La razón más inmediata de que la solución de estas detenciones parezca más lejana que nunca es que esta cuestión se estancó en un callejón sin salida político interno en el que el Congreso de EE. UU. ha tomado medidas contra el cierre y el gobierno no ha estado dispuesto o no ha sido capaz de sortear este obstáculo. Sin embargo, en virtud del derecho internacional la legislación y la situación política nacionales no se pueden invocar para justificar el incumplimiento de las obligaciones de un tratado. Es una respuesta inadecuada que una rama del gobierno culpe a otra de un fracaso de un país en materia de derechos humanos. El derecho internacional exige que se encuentren soluciones, no excusas.

La raíz de esta injusticia es el fracaso del gobierno de las tres ramas del gobierno de EE. UU. en abordar las detenciones como una cuestión de derechos humanos. Al acercarse el 11 de enero de 2015, el día número 4.749 de la vida de este famoso campo de reclusión, EE. UU. sigue sin abordar las detenciones en un marco de derechos humanos.

Sólo en el último año, tres órganos de la ONU de supervisión de los derechos humanos han reclamado una solución a las detenciones.

En abril, tras analizar el historial de EE. UU. en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por EE. UU. en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a EE. UU. para que “pusiera fin al empleo de la detención administrativa sin cargos ni juicio” en Guantánamo. Hizo un llamamiento a EE. UU. para  que  llevase a cabo los enjuiciamientos de los detenidos en Guantánamo en el sistema ordinario de justicia penal, no en un sistema de comisiones militares que incumple las normas internacionales para la celebración de un juicio justo.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial hizo un llamamiento a EE. UU. para que “pusiera fin al sistema de detención administrativa sin cargos ni juicio y garantizase el cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo sin más demora”. En relación con la prohibición de discriminación, también hizo un llamamiento a EE. UU. para que “garantizase el derecho de los detenidos a un juicio justo, según las normas internacionales de derechos humanos” y que los detenidos que no fueran acusados de un delito formal y juzgados “debían quedar en libertad de forma inmediata”.

Y en noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a EE. UU. lo que le había dicho ocho años antes, en 2006,  en relación con las detenciones en Guantánamo, a saber, que “la detención indefinida constituye en sí una violación” de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un tratado ratificado por EE. UU. en 1994. El Comité expresó su preocupación por el “efecto acumulativo que las condiciones de detención y trato en Guantánamo han tenido sobre la salud psicológica de los detenidos” y repitió su llamamiento a EE. UU. para que “ponga fin al empleo de la detención indefinida sin cargos ni juicio”.

Las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos quedarán asociadas para siempre con las detenciones de Guantánamo. Los detenidos fueron sometidos a torturas u otros malos tratos bien en la prisión o antes de llegar allí. En Guantánamo así como en otros lugares del sistema de detención de EE. UU. se llevaron a cabo detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Durante años, a cientos de detenidos de Guantánamo se les negó el derecho a que un juez emitiera un fallo sobre la legalidad de su detención. Los pocos detenidos contra quienes se han formulado cargos penales durante los años de Bush no fueron procesados antes los tribunales estadounidenses ordinarios. En su lugar, el gobierno inventó un sistema especial de comisiones militares, y aplicó normas que incumplían las normas internacionales para la celebración de juicios justos.

El gobierno de Obama ha continuado con las comisiones militares. Sólo ha trasladado a un detenido al sistema ordinario de justicia penal para ser sometido a juicio en el tribunal federal estadounidense, y eso ocurrió hace cinco años. Por el momento, el gobierno pedirá la pena de muerte para seis detenidos si consigue su declaración de culpabilidad en los juicios que se celebrarán próximamente ante comisiones militares. La imposición de la pena de muerte tras juicios injustos viola el derecho a la vida conforme al derecho internacional.

Sin duda, últimamente ha habido un aluvión de traslados de detenidos de Guantánamo. 28 detenidos fueron trasladados de la base durante 2014, además de los 11 que habían sido trasladados en 2013. Entre los traslados recientes figuran el de 2 hombres a Eslovaquia, 3 a Georgia, 5 a Kazajistán y 6 a Uruguay, los últimos países en intervenir para ayudar a EE. UU. a salir del pozo en el que se han metido ellos mismos. EE. UU. sigue intentando que otros países hagan lo que ellos, los creadores del campo de reclusión de Guantánamo, se niegan a hacer, esto es, aceptar a detenidos que EE. UU. decide dejar de mantener detenidos, pero que no pueden ser repatriados inmediatamente por la razón que sea.

EE. UU. sigue estando en el lado equivocado de sus obligaciones internacionales al no garantizar una rendición de cuentas plena en relación con las violaciones cometidas en la base de Guantánamo y en otros lugares. Lo repetimos: el centro de detención de Guantánamo ha sido un lugar donde durante años se han cometido múltiples violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada.

El mes pasado el Comité de Inteligencia del Senado confirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó Guantánamo para detenciones secretas en 2003 y 2004.

Al menos 28 de las personas que aún permanecen detenidas en Guantánamo estuvieron en el programa de detenciones secretas de la CIA antes de ser trasladadas a la base naval, fueron sometidas a desapariciones forzadas de entre 40 días y cuatro años y medio bajo custodia de la CIA. Algunos de ellos fueron sometidos a torturas durante los interrogatorios mientras estuvieron en ese programa ilegal.

La tortura y las desapariciones forzadas son delitos según el derecho internacional. EE. UU. está cometiendo una grave violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos al no garantizar la verdad, reparación y rendición de cuentas plenas por estos delitos.

Además de poner fin a las detenciones de Guantánamo de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y cerrar el centro de detención, EE. UU. debe garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, hacer comparecer ante la justicia a todas las personas responsables y garantizar el acceso real a una reparación a las personas que sufrieron esas violaciones de derechos humanos.