“El gobierno de Estados Unidos ha adoptado deliberadamente unas políticas y prácticas de inmigración que han causado un daño catastrófico a miles de personas que buscan seguridad en Estados Unidos, incluida la separación de más de 6.000 unidades familiares en cuatro meses, cifra mayor que la revelada con anterioridad por las autoridades”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. “Tú no tienes ningún derecho aquí”: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos revela el precio brutal de los esfuerzos de la administración Trump para debilitar y desmantelar el sistema de asilo estadounidense en violación flagrante de la legislación de Estados Unidos y del derecho internacional. Las crueles políticas y prácticas documentadas incluyen expulsiones ilegales en frontera de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, miles de separaciones ilegales de familias y detenciones cada vez más arbitrarias e indefinidas de solicitantes de asilo, a menudo sin posibilidad de libertad condicional. “La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La intensidad, escala y alcance de los abusos contra quienes buscan asilo es realmente indignante. El Congreso y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos deben realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para exigir cuentas al gobierno y garantizar que esto no vuelve a ocurrir nunca”. En 2017 y 2018 se ha separado aproximadamente a 8.000 unidades familiares El mes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló a Amnistía Internacional que solamente entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018 había separado forzosamente a más de 6.000 unidades familiares (término que utilizan las autoridades estadounidenses de forma contradictoria para referirse tanto a familias enteras como a miembros individuales de una familia): más que lo que las autoridades habían admitido con anterioridad. La CBP confirmó que esta cifra seguía excluyendo un número no revelado de familias cuyas separaciones no se registraron debidamente, como en los casos de abuelos y abuelas o de otros miembros de la familia no inmediata cuyas relaciones las autoridades clasifican de “fraudulentas” y no incluyen en sus estadísticas. En total, la administración Trump ha reconocido ahora que ha separado aproximadamente a 8.000 unidades familiares desde 2017. “Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares”, afirma Erika Guevara Rosas. “El Congreso debe actuar de inmediato para investigar y establecer un registro exhaustivo de separaciones familiares realizadas por las autoridades estadounidenses, y aprobar una ley que prohíba la separación y detención indefinida de menores de edad y familias”. El sufrimiento extremo que las autoridades estadounidenses han infligido deliberadamente al separar familias constituye malos tratos y, en algunos casos, tortura. Amnistía Internacional entrevistó a 15 padres, madres y tutores separados de sus hijos e hijas por las autoridades fronterizas y de inmigración de Estados Unidos, 13 de los cuales se habían presentado en pasos fronterizos oficiales. Esas separaciones familiares causaron angustia extrema y, en algunos casos, traumas a largo plazo a personas adultas y niños y niñas por igual. En un centro de detención para inmigrantes de Texas, Valquiria, una madre brasileña de 39 años, contó a Amnistía Internacional que agentes de la CBP la habían separado de su hijo de siete años sin darle ninguna explicación al día siguiente de solicitar asilo en un punto de entrada oficial, en marzo de 2018. “Me dijeron: ‘Tú no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tienes ningún derecho a quedarte con tu hijo’”, dijo Valquiria. “Me quise morir. Habría preferido caerme muerta [...] Sin saber dónde estaba mi hijo, lo que estaría haciendo. Es la peor sensación que puede tener una madre. ¿Cómo no va a tener derecho una madre a estar con su hijo?” Expulsiones ilegales en frontera y detención arbitraria En 2017 y 2018, la CBP aplicó una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en pasos oficiales situados a lo largo de toda la frontera con México. “Todo ser humano en el mundo tiene derecho a pedir asilo frente a la persecución o un daño grave, y a pedir protección en otro país”, dice Erika Guevara Rosas. “Las autoridades fronterizas estadounidenses están violando flagrantemente la legislación sobre asilo de Estados Unidos y el derecho internacional de refugiados al devolver a personas a México sin inscribirlas ni estudiar su solicitud de asilo. Las personas devueltas a México podrían ser objeto de abusos directos allí o ser expulsadas y correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en su país de origen”. Desde 2017, las autoridades de Estados Unidos aplican también una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes. Esto constituye detención arbitraria y viola la legislación estadounidense y el derecho internacional. Amnistía Internacional entrevistó a personas solicitantes de asilo que se hallaban detenidas indefinidamente tras haber solicitado protección, entre ellas personas separadas de sus familias, ancianas o con problemas agudos de salud y necesidades médicas. La organización documentó asimismo los casos de 15 personas solicitantes de asilo transgénero y homosexuales que estuvieron detenidas entre varios meses y casi tres años sin libertad condicional, a dos de las cuales se les denegó la libertad condicional a pesar de haber sufrido agresiones sexuales bajo custodia. En varios casos, sus experiencias de detención indefinida constituyeron malos tratos. “Es sencillamente cruel que las autoridades estadounidenses detengan sin necesidad y traumaticen a personas que han llegado para pedir protección de la persecución o la muerte”, dice Erika Guevara Rosas. “El Congreso debe intervenir ya para acabar de una vez por todas con la detención de menores de edad y de familias y financiar alternativas como el Programa de Gestión de Casos de Familias, que ha demostrado ser un 99% efectivo para ayudar a familias solicitantes de asilo a comprender y cumplir los requisitos de su audiencia de inmigración”.
