El Gobierno debe escuchar a las víctimas del conflicto colombiano para no apoyar iniciativas que vulneran sus derechos

Madrid.- Con motivo de la visita que el presidente colombiano, Álvaro Uribe realiza a España, Amnistía Internacional ha expresado por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se reúne con él mañana, sus preocupaciones sobre la crisis de derechos humanos que se vive en este país así como su rechazo al apoyo  político y económico dado por el Gobierno español a la Ley de Justicia y Paz. Esta Ley regula el actual proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia y en muchos casos supone una garantía de impunidad para responsables de violaciones de derechos humanos. “El Gobierno español debe tener en cuenta la voz de las víctimas y no sólo la del Gobierno colombiano, para enmarcar su política con respecto a Colombia en un contexto de respeto a los derechos humanos. Un buen primer paso sería condenar públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores implicados en el conflicto armado; y un segundo, replantearse su apoyo a la Ley de Justicia y Paz”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Según las autoridades colombianas, en los últimos años más de 30.000 paramilitares han sido desmovilizados pero Amnistía Internacional constata que los grupos paramilitares continúan desarrollando sus actividades y son responsables de violaciones de derechos humanos, como amenazas, homicidios y desapariciones forzadas, muchas veces en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia A pesar de esta situación, lamentablemente el Gobierno español apoya política y económicamente el proceso de desmovilización de paramilitares. Amnistía Internacional teme que la reunión de mañana sirva para reiterar el apoyo del Gobierno español a iniciativas como ésta, que no ponen fin a la impunidad y que no cumplen con las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por otro lado Amnistía Internacional sí valora positivamente acciones puntuales del Gobierno español a favor de defensores de derechos humanos en Colombia y su contribución a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país. Secuestros en Colombia Recientemente, Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la liberación de los dos rehenes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 10 de enero y ha recordado nuevamente que tomar rehenes es una infracción flagrante del derecho internacional humanitario. Los secuestros se han reducido en los últimos años, pero las cifras siguen siendo elevadas. En 2007 se produjeron más de 400, de los que aproximadamente la mitad se atribuyen a la delincuencia común. Las FARC, y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son responsables de la mayoría de los secuestros relacionados con el conflicto. La organización insiste en la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles cautivos. Información General El conflicto colombiano que azota Colombia desde hace más de 40 años es un ciclo interminable de violencia que ha producido un ingente número de víctimas civiles. Entre los grupos que más han sufrido los abusos se encuentran las comunidades de origen africano, indígenas, campesinas y desplazadas, así como los activistas de derechos humanos, comunitarios y sindicales. Estos grupos se han organizado cada vez más para defender sus derechos y, al hacerlo, se han convertido en víctimas de graves amenazas y atentados. Los defensores y defensoras de derechos humanos son objeto de atentados, intimidaciones, amenazas, detenciones y acciones judiciales arbitrarias e infundadas. El objetivo parece claro: crear un clima de temor para disuadir a los defensores y defensoras de los derechos humanos de continuar con su trabajo. Todas las partes en conflicto siguen demostrando un gran desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y todas han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados en el derecho internacional, como homicidios, desapariciones, torturas y secuestros. La impunidad por los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma en Colombia. Militares de alta graduación, dirigentes paramilitares y guerrilleros continúan evadiéndose de la justicia.