El gobierno chino debe abordar las causas subyacentes de las protestas que han llevado a 11 tibetanos a prenderse fuego desde marzo; así lo han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En una carta al presidente chino, Hu Jintao, fechada el 3 de noviembre de 2011, las organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno chino que realice un estudio exhaustivo de la situación de los derechos humanos en toda la meseta tibetana y ponga fin a las restricciones jurídicas y políticas que conculcan los derechos humanos en la región. “El gobierno chino debe poner fin a las políticas represivas que vulneran las libertades fundamentales de los tibetanos –ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Las autoridades chinas, en lugar de atender las demandas de la población tibetana, han recurrido a tácticas de mano dura que no hacen sino acrecentar y agravar el resentimiento. Deben respetar el derecho de los tibetanos a practicar su religión y disfrutar de su cultura.” Al parecer, las autoinmolaciones se han llevado a cabo en señal de protesta por las restricciones de las libertades fundamentales y las punitivas medidas de seguridad impuestas a varios monasterios de la zona, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los tibetanos han seguido prendiéndose fuego a pesar de la actuación represiva de las autoridades. El gobierno chino ha respondido a las protestas con detenciones generalizadas, encarcelamiento y posibles homicidios por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los detenidos hay 300 monjes del monasterio de Kirti; según dijeron las autoridades, se los llevaban para que recibieran “educación patriótica”. “Años sucesivos de restricciones de los derechos de la población tibetana han generado más disturbios y acciones desesperadas –ha manifestado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch–. Es evidente que ha llegado el momento de que el gobierno chino reconsidere en lo fundamental su planteamiento y escuche las quejas de los tibetanos para darles solución.” Nueve monjes o ex monjes tibetanos y dos monjas tibetanas de la provincia de Sichuan se han prendido fuego desde marzo, y seis de ellos al parecer han muerto. El caso más reciente tuvo lugar el 3 de noviembre, cuando Palden Choetso, monja de 35 años del convento de Tawu, murió tras inmolarse. El gobierno chino debe revelar el paradero de todas las personas detenidas, incluidas las que se llevaron las autoridades tras haberse prendido fuego en el curso de protestas, afirman los grupos de derechos humanos. Además, el gobierno chino debe poner fin al adoctrinamiento político obligatorio de los monjes y monjas tibetanos como parte de la “educación legal” y “patriótica” impuesta por el gobierno, afirmaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Muchos tibetanos se han quejado especialmente de esta práctica porque vulnera su derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio de su religión. Las organizaciones piden también al gobierno que reduzca la fuerte presencia de fuerzas de seguridad que persiste en las instituciones religiosas y sus inmediaciones.
