Madrid.- Cualquier acto de violencia dirigido contra una mujer o niña por el mero hecho de serlo, o que por este motivo les afecte de manera desproporcionada, debe ser considerado como una violación de los derechos humanos y los Estados deben combatirlo de forma eficaz. Sobre esta premisa, Amnistía Internacional ha presentado hoy un nuevo informe titulado “España: una vida sin violencia para las mujeres y las niñas”, en el que se ponen de manifiesto las carencias que persisten en España a la hora de luchar contra la violencia sexual y la trata. “La existencia de lagunas en materia legislativa y en la formulación de políticas y planes, o en su implementación efectiva, así como la inacción ante una cadena de prácticas discriminatorias, constituyen factores que contribuyen a perpetuar graves abusos, además de las propias desigualdades que los provocan”, asegura Itziar Ruiz-Giménez, presidenta de Amnistía Internacional en España.Prevenir, proteger y procesarEstos son los tres conceptos clave sobre los que se debe fundamentar una estrategia destinada a poner fin a los abusos que sufren las mujeres y niñas. El derecho a una vida libre de violencia y discriminación debe ser protegido tanto por planes eficaces como por medidas legislativas impulsadas por el Gobierno. El Estado español está comprometido a combatir cualquier tipo de discriminación por razón de sexo por medio de diversos tratados internacionales suscritos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. “El Estado español ha sido pro activo a nivel internacional en la ratificación de acuerdos como éste, pero no ha hecho los deberes de implementación de políticas en el interior. En los últimos años, ha avanzado bastante en la lucha contra una determinada forma de violencia, la que se produce en el contexto de la pareja y la ex pareja. Sin embargo, es alarmante que no haya un Plan marco para prevenir todas las formas de violencia sexual, proteger a todas las víctimas, haciendo especial hincapié en las niñas y las víctimas de trata, y procesar a los responsables” asegura Ruiz-Giménez. A pesar de la dificultad que entraña evaluar el grado de implicación de los Estados en la lucha contra la discriminación y la violencia de género, existen indicadores en materia de derechos humanos que permiten medir el esfuerzo desplegado por un Gobierno. Son precisamente estos indicadores los que constituyen la base sobre la que el informe de Amnistía Internacional concentra su atención. Se trata de factores como la mejora y desarrollo de información y estadísticas sobre violencia de género, la promoción de reformas legislativas y el desarrollo de políticas públicas con expresión en planes concretos que respondan de forma integral a la violencia de género, así como el desarrollo de medidas que eliminen los obstáculos detectados. Principales preocupaciones Entre las principales preocupaciones de la organización figuran aspectos como la limitada producción de información y datos fiables sobre violencia sexual y trata de personas; la inadecuada legislación y planes dirigidos a asegurar a las víctimas de violencia sexual, atención integral, protección y acceso a la justicia; la falta de preparación de la Administración de Justicia para asegurar un tratamiento adecuado de estos casos, especialmente cuando las víctimas son niñas; la ausencia de mecanismos de prevención de la violencia sexual cometida por funcionarios del Estado; y la existencia de obstáculos para el acceso de las víctimas de trata a la atención, protección y justicia necesarias. · Violencia sexual a manos de agentes estatales. Este tipo de violencia sigue oculta en España. No se persiguen este tipo de agresiones como si fueran tortura, no hay una involucración de la Fiscalía en su investigación y no existen garantías de protección para las víctimas.
· Violencia sexual contra las niñas. No hay recursos especializados que apoyen a las niñas víctimas de violencia sexual y hay una falta de preparación del entorno judicial que crea márgenes de impunidad y provoca desprotección en las víctimas. Ha habido voluntad de aumentar las penas para los agresores, pero no se ha tratado el problema de forma global.
· Trata de personas. Amnistía Internacional da la bienvenida al Plan Integral de Lucha contra la Trata de personas con fines de explotación sexual (2009-2012), pero ha detectado algunas deficiencias. Por ejemplo, la definición de trata aún no se encuentra incorporada a la legislación penal española tal y como lo formula la definición internacional. El plan no prevé un mecanismo de identificación de las víctimas y se sigue tratando a las mujeres inmigrantes detenidas antes como inmigrantes en situación administrativa irregular que como posible víctimas de trata. Prima más el control migratorio que la detección de una violación de derechos humanos.
· Reparación a las víctimas de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Este derecho inherente a todas las víctimas no se encuentra garantizado. Las víctimas y sus familiares se enfrentan a procesos muy largos y a una dolorosa carrera de obstáculos para obtener resarcimiento. No se garantiza ni la indemnización económica ni hay garantías de apoyo para la plena recuperación ni se ofrecen las medidas necesarias para evitar la repetición de la agresión.
Amnistía Internacional propone al Gobierno español que asuma el marco y el enfoque de los derechos humanos como base para responder de forma adecuada a los abusos y discriminación que sufren las mujeres y niñas. La mejor forma de lograrlo pasa por la elaboración y puesta en marcha de un Plan marco de acción estatal frente a la violencia contra las mujeres y niñas, destinado a garantizar la protección frente a todo tipo de agresiones y abusos de género.
Escribe al Gobierno español Para proteger el derecho de las niñas y las mujeres a una vida sin violencia, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción accesible en www.actuaconamnistia.org. Cualquier persona que lo desee puede dirigirse a través de esta web al Gobierno español, concretamente a la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, y a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para solicitarles que:
· Impulsen un Plan marco de acción estatal frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, destinado a garantizar la protección frente a todo tipo de agresiones y abusos de género. · Destinen los máximos recursos tanto económicos como legales y políticos para conseguir la absoluta erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. · Se coordinen con las Comunidades Autónomas para llevar a cabo medidas más efectivas. · Adopten medidas concretas en la lucha contra la trata de mujeres y la violencia sexual que protejan de manera efectiva los derechos humanos de las víctimas. · Promuevan una legislación que garantice la reparación a las víctimas de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, en pie de igualdad con otras víctimas de violaciones de derechos humanos.
