La gran cantidad de abusos profundamente alarmantes y graves cometidos por un grupo afiliado a Al Qaeda y las fuerzas gubernamentales yemeníes en su enfrentamiento por el control de la región meridional de Abyan en 2011 y 2012 debe ser objeto de investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy. Conflict in Yemen: Abyan’s Darkest Hour documenta las violaciones de las leyes de la guerra durante el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y Ansar al Sharia (Partidarios de la Sharia), grupo armado islamista afiliado a Al Qaeda en la Península Arábiga. En el informe se detallan también los espantosos abusos contra los derechos humanos cometidos en la gobernación de Abyan y otras zonas del sur de Yemen durante el régimen del grupo islamista, de febrero de 2011 a junio de 2012, que incluyeron ejecuciones sumarias, crucifixiones, amputaciones y flagelaciones en público. “Abyan fue escenario de una catástrofe de derechos humanos mientras Ansar al Sharia y las fuerzas gubernamentales se disputaban el control de la región a lo largo de 2011 y la primera mitad de 2012” ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Las autoridades yemeníes deben garantizar que la comisión de investigación anunciada en septiembre de 2012 se ocupa de los abusos realmente atroces que se han cometido. La tragedia de Abyan atormentará a Yemen durante las décadas venideras si los responsables no son obligados a rendir cuentas y las víctimas y sus familiares no obtienen una reparación.” Ansar al Sharia tomó rápidamente el control de la humilde ciudad de Jaar, en la gobernación de Abyan, a principios de 2011, en un momento en que las autoridades yemeníes se dedicaban a reprimir brutalmente las protestas para pedir la renuncia del presidente Alí Abdulá Salé. El grupo armado atacó con éxito a autoridades y fuerzas gubernamentales, saqueó bancos y se apropió de munición, armamento pesado y otro material militar que encontró en comisarías de policía y cuarteles del ejército yemeníes abandonados. Ganó territorio con rapidez y, a mediados de 2011, ya controlaba la mayoría de las ciudades y pueblos de Abyan, incluida la capital de la gobernación, Zinjibar. Durante su régimen fue responsable de abusos generalizados y alarmantes contra los derechos humanos, como los cometidos a través de los “tribunales religiosos”, establecidos como parte de la estructura de gobierno de la organización. Éstos imponían con frecuencia castigos crueles, inhumanos y degradantes –incluidas ejecuciones sumarias, amputaciones y flagelaciones– a presuntos delincuentes, a sospechosos de espiar en contra de Ansar al Sharia y a personas que habían transgredido las normas culturales. En Jaar, un “tribunal religioso” declaró a Saleh Ahmed Saleh al Jamli, de 28 años, culpable de instalar dos aparatos electrónicos en sendos vehículos que transportaban a jefes de Ansar al Sharia. En la sentencia obtenida por Amnistía Internacional constaba que los aparatos instalados habían posibilitado que aviones no tripulados estadounidenses mataran a los jefes en Zinjibar, y que Saleh al Jamli había “confesado” ante una comisión judicial. El “tribunal religioso” dispuso que Saleh al Jamli debía ser ejecutado y su cadáver crucificado. Amnistía Internacional también pudo confirmar que Ansar al Sharia había amputado la mano al menos a una persona sospechosa de robo, un joven al que la organización conoció, a quien le habían amputado la mano izquierda entre junio y septiembre de 2011 en una plaza pública de Jaar. Fue detenido junto a dos amigos por miembros del grupo armado, que los acusaron de robar cables eléctricos. Sus amigos fueron finalmente liberados. El joven, perteneciente a una comunidad marginada popularmente conocida como Al akhdam (“siervos”), explicó que le habían amputado la mano después de torturarlo durante cinco días sin permitirle ver a un abogado ni a su familia, sin someterlo a juicio y sin informarlo previamente del castigo. Según contaron residentes a Amnistía Internacional, la mano amputada fue expuesta en la plaza del mercado, suspendida de una cuerda, para que todo el mundo la viera. Mientras estos hechos tenían lugar, Ansar al Sharia intentaba afianzar su férreo control del poder con amenazas, intimidación y la imposición de un código social y religioso sumamente restrictivo. Se atacaron especialmente los derechos de mujeres y niñas y se impusieron estrictos códigos de vestimenta, así como la estricta separación por sexos y otras restricciones en el trabajo y en las escuelas. Un maestro de escuela contó a Amnistía Internacional que Ansar al Sharia tenía una representante en cada escuela para velar por el cumplimiento de las instrucciones del grupo armado. Casi inmediatamente después de que Ansar al Sharia tomara el control de Abyan y extendiera su dominio a otras zonas del sur, las fuerzas armadas yemeníes lanzaron varios ataques para recuperar el control, que culminaron en una gran ofensiva el 12 de mayo, con artillería y ataques aéreos. A finales de junio de 2012, las fuerzas gubernamentales habían conseguido expulsar al grupo de Abyan y las zonas circundantes. La tóxica combinación de combates y abusos contra los derechos humanos provocó el desplazamiento de 250.000 personas, según cálculos, de las gobernaciones del sur, sobre todo de Abyan. Mientras, Ansar al Sharia utilizó áreas residenciales como bases, especialmente en Jaar, exponiendo imprudentemente a la población civil a sufrir daños. Decenas de civiles resultaron muertos, incluidos menores de edad, y muchos más heridos como consecuencia de los ataques aéreos y de artillería y mortero por parte de las fuerzas gubernamentales. Las fuerzas gubernamentales yemeníes usaron indebidamente armas de batalla, como artillería, en zonas residenciales civiles. En otros ataques, las fuerzas gubernamentales aparentemente no tomaron todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles. A pesar de que Ansar al Sharia fue expulsado en junio de 2012 de las ciudades y pueblos que controlaban, persiste el peligro de que el grupo resurja y se reanude el conflicto armado.
