A Aser Mohamed lo sacaron de la cama y se lo llevaron detenido sin mostrar ninguna orden judicial de detención ni de registro. Era la madrugada del 12 de enero de 2016 en El Cairo y Aser tenía 14 años. Los policías y agentes de la Agencia de Seguridad Nacional que le apresaron se negaron a revelar a sus padres dónde lo llevaban, pero les aseguraron que lo traerían de vuelta al cabo de dos horas. No lo hicieron. Durante 34 días, la familia del menor no supo dónde estaba ni tuvo ningún contacto con él. No sólo le sometieron a desaparición forzada. Según cuenta Aser, le aplicaron descargas eléctricas y le colgaron de las extremidades durante largas horas, entre otras torturas y malos tratos, para hacerlo confesar delitos que no había cometido. Hoy sigue detenido en una celda de 4x6 metros que comparte con otras doce personas, se enfrenta a diversos cargos -entre ellos, el de pertenencia al grupo Hermandad Musulmana y la participación en el ataque a un hotel- y corre el riesgo de ser sometido a un juicio injusto, basado en sus “confesiones” obtenidas bajo tortura. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta a 15 años de cárcel. Aser Mohamed fue llevado a juicio en agosto. El tribunal celebró la primera vista el día 6, para después posponerla hasta el 15 de ese mismo mes y, de nuevo, hasta el próximo 8 de octubre. Aunque Aser le contó al fiscal todo lo ocurrido, este no ha abierto una investigación sobre las posibles torturas ni sobre las irregularidades en la detención. El menor asegura que, al negar él los cargos, el fiscal le respondió: “Parece que quieres volver a las descargas eléctricas otra vez”. En vez de eso, mantiene a Aser detenido a la espera de juicio, lo que incumple la propia ley egipcia, que prohíbe la prisión preventiva a menores de 15 años. Su familia no ha podido verle desde el pasado 2 de agosto. Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción para recoger apoyos y exigir a las autoridades egipcias que liberen de forma inmediata a Aser Mohamed, y que, mientras tanto, le permitan el acceso a un abogado, a servicios médicos y a su familia, pongan fin a la tortura y a los malos tratos que ha sufrido y lleven a los responsables de estas prácticas ante la justicia.
