En respuesta al temor que sigue despertando la suerte del activista detenido Alaa Abdel Fattah, de nacionalidad egipcia y británica, que lleva en huelga de hambre en la cárcel desde abril y comenzó a negarse a beber agua el 6 de noviembre, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Las autoridades egipcias se han negado cruel y obstinadamente a dejar en libertad a Alaa e incluso a facilitar cualquier información a su familia sobre su estado o el lugar exacto donde se encuentra, a pesar de que su madre ha pasado los últimos tres días esperando a la puerta de la cárcel de Wadi al-Natrun con la esperanza de recibir una carta suya. Ahora Alaa está detenido en régimen de incomunicación después de que las autoridades le negaran el acceso a sus familiares y al mundo exterior. Esto incrementa de forma alarmante el peligro de que sea sometido a desaparición forzada, así como a tortura y otros malos tratos.
“Alaa, un preso de conciencia que, para empezar, nunca debió haber sido encarcelado, se enfrenta ahora a un peligro muy real de morir bajo custodia mientras su familia espera angustiada noticias suyas. Con los ojos del mundo puestos en la deslumbrante ciudad turística de Sharm al-Sheikh durante la COP27, el sufrimiento de Alaa y su familia ha expuesto la aterradora realidad de los abusos contra los derechos humanos en Egipto y el total desprecio de las autoridades por la vida humana y por sus obligaciones con arreglo al derecho internacional.
“Los líderes del mundo y las delegaciones que visitan Egipto con motivo de la COP27 deben hacer todo lo que esté en su mano para presionar a las autoridades para que pongan en libertad de inmediato a Alaa, y manifestar públicamente que lo que esperan es una puesta en libertad incondicional y no se conformarán con menos. Las autoridades egipcias deben asegurarse de que el activista recibe atención médica adecuada con arreglo a la ética médica, en un centro que su familia elija y rodeado por sus familiares y seres queridos. La comunidad internacional no puede seguir con su pasividad cuando Alaa corre peligro de ser torturado e incluso de morir. Esto sería una gran mancha para la reputación de la diplomacia y una muestra del coste de no poner los derechos humanos en el centro de la actividad diplomática.”
Información complementaria
Alaa Abdel Fattah, que ha pasado la mayor parte de los últimos nueve años privado ilegítimamente de libertad, fue detenido por última vez en septiembre de 2019. Desde que consiguiera la nacionalidad británica, en diciembre de 2021, se le ha negado el acceso a sus representantes consulares.
El 20 de diciembre de 2021, Alaa Abdel Fattah, el abogado de derechos humanos Mohamed Baker y el bloguero Mohamed Radwan “Oxygen” fueron declarados culpables de cargos falsos y condenados a entre cuatro y cinco años de cárcel tras un juicio manifiestamente injusto en represalia por su activismo y su labor de derechos humanos.
Los tres son presos de conciencia, perseguidos sólo por su activismo pacífico, y se encuentran entre las miles de personas detenidas arbitrariamente en Egipto por motivos políticos.
Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente su preocupación por la denegación de atención sanitaria adecuada a estas personas en la cárcel y la injerencia por parte del personal de seguridad y los guardias de las prisiones en su evaluación y su atención, que se manifiesta en el retraso e incluso en la oposición al traslado al hospital de las que están gravemente enfermas. Amnistía Internacional ha planteado en anteriores ocasiones su preocupación por la independencia del personal médico —que depende del Ministerio del Interior— en las cárceles egipcias. Así las cosas, hay buenos motivos para creer que las decisiones sobre la salud de Alaa no serán tomadas por profesionales médicos independientes con arreglo a la ética médica y sin coacción ni injerencia de las autoridades.
