Los 161.100 millones de dólares de beneficio en 2022 que ha anunciado hoy Saudi Aramco, la petrolera estatal saudí, son la mayor cifra anual hecha pública nunca por una empresa y deberían ser utilizados para financiar una transición global hacia energías renovables basada en los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado: “Es escandaloso que una empresa consiga unos beneficios de más de 161.000 millones de dólares en un solo año gracias a la venta de combustibles fósiles, que son el principal causante de la crisis climática. Y resulta aún más escandaloso que beneficios se hayan conseguido durante una crisis mundial debida al aumento del coste de la vida y con la ayuda del incremento de los precios de la energía que ha provocado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.”
El gobierno de Arabia Saudí y su fondo soberano estatal, el Public Investment Fund (PIF), poseen más del 98% de Saudi Aramco, lo que convierte a la empresa, a través de sus dividendos y de los impuestos que paga, en una gran fuente de ingresos, riqueza e influencia para el reino saudí.
“Ya va siendo hora de que Arabia Saudí actúe en favor de la humanidad y apoye una transición gradual en el sector de los combustibles fósiles, algo fundamental para evitar más daños climáticos”, ha declarado Agnès Callamard.
Amnesty International respalda el llamamiento de Vanuatu y Tuvalu, el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud y miles de organizaciones de la sociedad civil para que se elabore un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles que sea legalmente vinculante. Además, los gobiernos deben acordar en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se celebrará este año, el abandono gradual del uso y la producción de todos los combustibles fósiles. Una transición energética justa y rápida hacia alternativas renovables es ahora más urgente que nunca.
Una enorme riqueza y un vergonzoso expediente de derechos humanos
El gobierno de Arabia Saudí tiene un extenso y deplorable historial de abusos contra los derechos humanos, con ejecuciones, arrestos arbitrarios, detenciones sin juicio, tortura, represión del libre ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión, discriminación basada en el género y criminalización de las personas LGBTI. Sus fuerzas combaten en el vecino Yemen, donde han perpetrado posibles crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario.
A través fundamentalmente del PIF, el reino saudí ha invertido miles de millones en lavar su imagen mediante el deporte, comprando competiciones, eventos deportivos y equipos de fútbol para distraer la atención de este terrible catálogo de abusos.
“Instamos al gobierno de Arabia Saudí y al PIF que aprovechen esta oportunidad para cambiar de rumbo. Estos extraordinarios beneficios, y los futuros ingresos derivados de Aramco, no deben dedicarse a financiar abusos contra los derechos humanos, encubrirlos o tratar de maquillarlos mediante el deporte”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Los beneficios de Aramco deben utilizarse en provecho del planeta y sus habitantes.” Estos beneficios podrían dedicarse a la financiación de una transición hacia energías renovables que sea justa y esté basada en los derechos humanos, y a mejorar las vidas de los y las saudíes de a pie.”
Información complementaria
Saudi Aramco produce actualmente más de 12 millones de barriles de petróleo diarios. Su objetivo es aumentar su producción de petróleo en un millón de barriles diarios para 2027, y su producción de gas natural en un 50% para 2030.
Se ha calculado que el petróleo y el gas de Aramco son responsables de más del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1965, y según un estudio, de aproximadamente el 4,8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en 2018, más que cualquier otra empresa de petróleo y gas.
Aramco suele afirmar que sus emisiones son bajas comparadas con las de otros grandes productores del sector, pero esto es insignificante cuando se siguen consumiendo los millones de barriles diarios que extrae.
Una pequeña parte de sus acciones cotizan en la bolsa de Arabia Saudí y según los informes está prevista una cotización secundaria en otro mercado de valores para atraer inversores internacionales.
En febrero de 2022, Mohammed bin Salman, príncipe heredero y primer ministro saudí, transfirió aproximadamente el 4% de las acciones de Aramco, valoradas en 80 mil millones de dólares, al PIF, del que es presidente.
Proyectos y empresas propiedad del PIF o vinculadas a este fondo se han visto involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, como el desarrollo urbanístico para la construcción de NEOM, una “ciudad del futuro”, en el que se han producido violentas confrontaciones con las tribus que habitan en la región y abusos contra los derechos humanos en la adquisición de tierras.
En Arabia Saudí, casi todos los defensores y las defensoras de los derechos humanos, activistas en favor de los derechos de las mujeres, periodistas independientes y personas críticas han sido detenidos arbitrariamente o sometidos a prolongados juicios sin garantías. “En los últimos meses, las autoridades saudíes han intensificado su brutal represión de la libertad de expresión y han condenado a penas de entre 10 y 45 años de prisión a personas que simplemente se expresaron pacíficamente en Internet.
Está prohibido cuestionar públicamente la gestión económica del país. El empresario y economista Essam al-Zamel, que cuestionó la posible salida a bolsa de las acciones de Aramco, fue detenido en 2017 y condenado a 15 años de cárcel en octubre de 2020.
