En respuesta a la noticia de que Arabia Saudí ya ha ejecutado a 100 personas en lo que va de año, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“En un claro contraste con las reiteradas promesas de Arabia Saudí de limitar su uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes ya han ejecutado a 100 personas este año, lo que revela su escalofriante desprecio por el derecho a la vida. La implacable oleada de homicidios emprendida por las autoridades suscita hondo temor por las vidas de los jóvenes condenados a muerte, que eran menores de 18 años en el momento de los delitos.”
“Arabia Saudí es uno de los principales verdugos del mundo. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que las autoridades han condenado a personas a muerte por actos que van desde la publicación de unos tuits hasta delitos de drogas, todo ello tras juicios flagrantemente injustos que no cumplían en absoluto las normas internacionales de derechos humanos.”
“Únicamente en agosto, Arabia Saudí ejecutó a una media de cuatro personas a la semana, entre ellas un paquistaní ejecutado por contrabando de drogas. La pena de muerte está prohibida en virtud del derecho internacional para los delitos de drogas, que no alcanzan el umbral de ‘los más graves delitos’.”
Información complementaria
La Agencia de Prensa Saudí (SPA) informa habitualmente sobre ejecuciones, y esta mañana ha confirmado la ejecución número 100 llevada a cabo este año. El número real de ejecuciones podría ser más alto, si tenemos en cuenta que la SPA no informó de la cifra real de ejecuciones en 2022.
En 2022, Arabia Saudí ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años. El número de ejecuciones en 2022 es tres veces superior a las llevadas a cabo en 2021, y al menos siete veces superior a las de 2020.
En noviembre de 2022, las autoridades saudíes reanudaron las ejecuciones por delitos de drogas, poniendo fin así a la moratoria de tales ejecuciones que, según la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí, estaba en vigor desde enero de 2020.
Además, las autoridades saudíes siguieron ejecutando a personas por una amplia variedad de delitos, a pesar de sus reiteradas promesas de que limitarían las ejecuciones en los casos en los que la sharia (ley islámica) no ordena la pena de muerte.
Los tribunales siguen dictando condenas a muerte de forma habitual. En julio de 2023, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí condenó a Mohammad al Ghamdi a muerte únicamente por unos tuits en los que criticaba a las autoridades saudíes. Su hermano Nasser contó a Amnistía Internacional que la condena a muerte era un acto de represalia contra sus opiniones políticas.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o del método de ejecución utilizado por el Estado. En la actualidad, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica.
