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Amnistía Internacional pide que se investiguen homicidios y se opone a la expulsión colectiva con la que se ha amenazado a los manifestantes sudaneses

Amnistía Internacional insta al gobierno egipcio a que abra de inmediato una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre el homicidio de al menos 27 manifestantes sudaneses y las lesiones causadas a decenas más por la policía egipcia el 30 de diciembre, y a que suspenda la devolución a Sudán sin el debido proceso legal de cualquiera de estos manifestantes. La organización ha señalado que la investigación debe contar con la participación de expertos en derechos humanos de la ONU y miembros de organizaciones independientes de derechos humanos de Egipto. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades egipcias a que inviten al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a participar en esta investigación.

Los homicidios tuvieron lugar durante enfrentamientos entre agentes de las fuerzas policiales egipcias y un grupo de manifestantes cuando la policía trataba de dispersar una sentada pacífica de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados sudaneses que se manifestaban desde hacía tres meses en el Parque Mustafa Mahmoud, cerca de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el barrio de Mohandessen de El Cairo. Según los informes recibidos, la policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes y los sometió a palizas indiscriminadas. Las acciones policiales se cobraron la vida de al menos 27 sudaneses –hombres, mujeres y menores de edad– y causaron lesiones a muchos más.

Amnistía Internacional considera que las normas internacionales exigen que la investigación examine los abusos cometidos por la policía, incluidas todas las muertes y las circunstancias en que se produjeron, así como los informes según los cuales se hizo un uso sistemático de fuerza excesiva o innecesaria. La organización ha afirmado que la independencia e imparcialidad de la investigación deben reforzarse mediante la participación de expertos internacionales. El gobierno egipcio debe garantizar que se procesará a todos los agentes de policía responsables de cometer, ordenar o no tomar medidas razonables para impedir cualquier violación de los derechos humanos perpetrada durante estos incidentes. También debe asegurar que las víctimas o sus familiares recibirán una reparación adecuada.

Amnistía Internacional también pide a las autoridades egipcias que garanticen que la policía acatará las normas internacionales que regulan la actuación policial, entre ellas el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y que recibirá formación adecuada sobre las normas relativas a los derechos humanos fundamentales, en especial las que protegen el derecho a la vida y a la integridad física y mental de todas las personas.

Los manifestantes fueron sacados por la fuerza del parque y llevados a distintos centros de detención situados cerca de El Cairo en autobuses del servicio de transporte público. De acuerdo con los informes, las autoridades dejaron en libertad a todas las personas que llevaban consigo documentos de identidad pero retuvieron a las demás.

Amnistía Internacional ha manifestado que las autoridades egipcias deben devolver la libertad a todas las personas con nacionalidad sudanesa detenidas durante los incidentes del 30 de diciembre o después de ellos a menos que vayan a acusarlas formalmente de un delito común reconocible. El gobierno egipcio también debe garantizar que todas las personas detenidas tendrán acceso pleno a sus abogados y familiares y que se les proporcionará cualquier tratamiento médico que necesiten.

La organización también siente preocupación por el anuncio hecho por las autoridades egipcias de que es inminente la devolución a Sudán de hasta 650 personas con nacionalidad sudanesa entre las que, según informes, hay solicitantes de asilo y posiblemente refugiados cuya condición de tales ha sido reconocida por el ACNUR pero que no llevaban consigo sus documentos de identidad en el momento de ser detenidos. Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades egipcias para que suspendan estas expulsiones de inmediato y garanticen que no se devolverá a Sudán a ninguna persona que corra peligro de convertirse en víctima de abusos graves contra los derechos humanos en ese país, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Egipto con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la norma consuetudinaria internacional de no devolución (non-refoulement). Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que permitan que los representantes del ACNUR tengan pleno acceso a estas personas y tiempo suficiente para evaluar su necesidad de protección internacional. Además, cualquier expulsión de personas de las que se haya establecido que no tienen necesidad de protección internacional debe realizarse conforme a la ley; la expulsión colectiva violaría el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que cualquier extranjero que se encuentre en el territorio de un Estado Parte “sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”.


Información complementaria
El 29 de septiembre de 2005, varios cientos de refugiados sudaneses iniciaron un acto de protesta en un parque situado frente a la mezquita Mustafa Mahmoud, en el barrio de Mohandessen de El Cairo, cerca de la oficina del ACNUR. Los manifestantes, entre los que había solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, pedían mejoras en sus condiciones de vida, protección contra la devolución a Sudán y reasentamiento en un país de Europa o Norteamérica, entre otras reclamaciones.

Al final de diciembre, el número de manifestantes superaba los 2.500 y las autoridades egipcias indicaron que tenían la intención de reasentar a los refugiados en las afueras de El Cairo. La noche del 29 de diciembre, la policía rodeó la zona mientras, según informes, se mantenían negociaciones de última hora entre dirigentes de los manifestantes y autoridades del Ministerio del Interior. A eso de las tres y media de la mañana del 30 de diciembre, la policía comenzó a utilizar cañones de agua para dispersar la manifestación y a continuación golpeó a los manifestantes.