Amnistía Internacional considera que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una gran oportunidad para impulsar cambios sustanciales en la situación de los derechos humanos en México si los coloca en el centro de sus políticas públicas y de sus decisiones de gobierno. Amnistía Internacional ha preparado un documento con medidas concretas para López Obrador que pueden implementarse fácilmente sobre violencia de género, personas defensoras de derechos humanos, desaparición forzada, seguridad pública y derechos de las personas migrantes.
Amnistía Internacional se ha dirigido al Presidente, Pedro Sánchez, que visita México el próximo 30 de enero, para plantearle 5 preocupaciones y 5 propuestas que contribuyan a mejorar la vida de millones de personas en el país.
5 preocupaciones
1. Violencia de género contra mujeres y niñas. En México, la violencia de género contra mujeres y niñas está generalizada, y recogida en la legislación mexicana como "feminicidio". Pero, las investigaciones sobre estos casos son deficientes y suelen quedar impunes. Aunque en doce Estados se pusieron en marcha mecanismos de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, no hay protocolos de actuación coordinados entre las distintas administraciones, existen pocos recursos y menos mecanismos de rendición de cuentas, lo que impide la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia de género contra las mujeres. 2. Protección de defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes defienden el medio ambiente. México es uno de los países firmantes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú), que establece salvaguardias para los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en cuestiones medioambientales; así como la protección de las personas que defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en México es muy preocupante, e incluso muchas son asesinadas por el trabajo que realizan. Es el caso del defensor indígena Rarámuri Julián Carrillo, líder de la comunidad de Coloradas de La Virgen, en el estado de Chihuahua, asesinado el 24 de octubre de 2018. Unas semanas antes, miembros de su comunidad habían denunciado la existencia de una concesión minera en su territorio a tres particulares, tras un proceso nada transparente. Recientemente uno de los presuntos culpables de su asesinato ha sido detenido, sin duda un primer paso para aclarar lo que pasó con este crimen y llevar a sus responsables ante la justicia. 3. Desapariciones forzadas. En todo el territorio mexicano, continúan ocurriendo casos de desaparición forzada cometidos por actores estatales y por actores no estatales. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce la suerte y el paradero de 35.410 personas (26.422 hombres y 8.988 mujeres). Las autoridades no han realizado una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas, no han llevado a cabo investigaciones inmediatas, ni han presentado ante la justicia a la mayoría de los responsables. Aunque en 2017 se aprobó una Ley General de Desapariciones Forzadas, no se han facilitado recursos suficientes para su aplicación. 4. "Guardia Nacional" militarizada para atender la seguridad pública. La creación de la "Guardia Nacional" es una propuesta de López Obrador, que se someterá a consulta el 21 de marzo de 2019. Se trata de una estrategia de seguridad basada en un modelo militar, similar a las de las últimas décadas, lo que ha aumentando el número de soldados y marines en las calles. Lejos de reducir la violencia y la delincuencia del país, han aumentado las denuncias de violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas. 5. Migración. Aunque celebramos lo anunciado por el nuevo gobierno de centrar sus políticas de migración en un enfoque de derechos humanos, lo cierto es que miles de personas, procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, siguen siendo devueltas a sus países de origen de donde salieron porque su vida corría peligro, violando el principio de "no devolución".
Y 5 peticiones para mejorar la vida de millones de personas Amnistía Internacional pide al Presidente Sánchez que inste al Gobierno mexicano a: 1. Impulsar medidas efectivas, dentro del mecanismo de Alerta de Violencia de Género, para abordar la violencia contra mujeres y niñas. Medidas que puedan ser trabajadas y evaluadas junto a las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y que permitan eliminar los obstáculos a los que éstas se enfrentan. 2. Reconocer públicamente la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, la necesidad de protegerlas, y llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial del asesinato de Julián Carrillo. 3. Impulsar un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y aceptar las competencias del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales de desaparición forzada. 4. Desistir de crear una Guardia Nacional militarizada para atender la seguridad pública de la ciudadanía, e impulsar un plan que retire poco a poco a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. 5. Dejar de devolver a personas migrantes a sus países de origen donde su vida corre peligro.
Por último, Amnistía Internacional le ha pedido al Gobierno de Sánchez, que no autorice exportaciones de armas pequeñas y ligeras a México, ante las continuas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas (detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios), que no son investigadas adecuadamente. Entre 2013 y el primer semestre de 2018, España autorizó licencias de exportación de armas a México por valor de 513 millones de euros, y las exportaciones de armas superaron los 176 millones.
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