Fue el año del brutal atentado de ETA en Hipercor en Barcelona, de los primeros Premios Goya y del “boom” del ladrillo en España, pero 1987 también fue el año en que estudiantes de secundaria (del BUP y COU de entonces) reclamamos en las calles (y conseguimos, más allá de la atención mediática al “Cojo Manteca”) más dinero para becas y la congelación de las tasas universitarias, el año de la “Quinta del Buitre” y del ascenso a 1ª de “mi” Celta de Vigo.
Activistas de Amnistía Internacional posan junto a un candado gigante frente a La Moncloa para pedir al gobierno una Ley de Secretos Oficiales que no permita “esconder bajo llave” ataques a los derechos humanos. © Amnistía Internacional España
Aquel fatídico viernes 18 de marzo de 1987
Totalmente desapercibido, sin embargo, pasó un día triste para los derechos humanos y la transparencia, el viernes 18 de marzo de 1987.
En los meses anteriores, Enrique Curiel, diputado entonces de Izquierda Unida, junto a otros grupos parlamentarios como el Centro Democrático y Social (CDS), cuestionaron en diversas iniciativas en el Congreso la política española de venta de armas a dos destinos polémicos por su pésima situación de derechos humanos: el Irak de Sadam Hussein y el Marruecos de Hassan II de los “años de plomo”.
Sobre Marruecos, cuatro años después, en 1991, tras la guerra del Golfo, Amnistía inició una campaña global sobre la situación de derechos humanos en nuestro país vecino que, entre logros, contribuyó al cierre del tenebroso centro de tortura y detención secreta de Tazmamert y la excarcelación de centenares de desaparecidos saharauis y marroquíes y destacados presos de conciencia como Abraham Serfaty, que defendía el derecho a la autodeterminación de la población saharaui.
Según me contó el entonces diputado de Euskadiko Ezquerra (EE) Juan María Bandrés, en esa época la consigna oficial era “sobre determinadas cosas, es mejor no preguntar”, tal como le comentó un alto cargo del gobierno, molesto por las críticas de Bandrés a las ventas de armas.
El secretismo como respuesta a las críticas
La polémica desatada en el Congreso y su eco en determinados medios de comunicación llevó al gobierno socialista presidido por Felipe González a adoptar una funesta medida regresiva con un enorme impacto negativo en la protección de los derechos humanos, mantenida por los sucesivos gobiernos del PSOE, PP y el actual de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Así, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Consejo de ministros acordó, el día 18 de marzo de 1987, clasificar como secretas las decisiones y las actas de la Junta Interministerial que autoriza la venta de armas, actualmente presidida por Comercio e integrada por representantes de Exteriores, Presidencia, Interior, Defensa, Hacienda y Economía.
El Consejo de ministros acordó, el día 18 de marzo de 1987, clasificar como secretas las decisiones y las actas de la Junta Interministerial que autoriza la venta de armas
36 años de… inmovilismo
36 años después (¡ya ha llovido!), en lo esencial nada ha cambiado. Ha habido, eso sí, avances en transparencia, control y legislativos, pues el gobierno publica desde hace años un informe anual y otro semestral, y rinde cuentas una vez al año en el Congreso, pero el meollo de la cuestión sigue igual: es imposible saber cómo aplica en casos concretos el gobierno los criterios de evaluación del riesgo de uso de las armas para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos y qué razones le llevan a conceder o denegar una licencia de exportación de armas, porque la decisión y las actas de la Junta Interministerial que se ocupa del tema son secretas.
Esta situación impide a los miembros del legislativo controlar la acción del ejecutivo y a la sociedad civil tener acceso a información clave e impugnar ante la justicia, en su caso, determinadas decisiones contrarias de concesión de licencias que puedan violar el derecho internacional y la propia legislación española. Un ejemplo de ello son las polémicas ventas de armas a la coalición saudí y emiratí que interviene en Yemen desde marzo de 2015 pese a los más de 300 presuntos crímenes de guerra cometidos, utilizando en algunos casos armas españolas como aviones de Airbus que pueden haber contribuido a la comisión de crímenes de guerra en Yemen. Precisamente, en julio de 2019, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español rechazó la solicitud realizada por el Centre Delàs para tener acceso a información detallada de las licencias de exportación de piezas del avión de combate Tornado, empleando el argumento de que es un asunto protegido al amparo de la Ley de Secretos Oficiales.
Un lustro después de la decisión de 1987 de rodear la venta de armas española de un muro de silencio y secretismo, Amnistía, junto a Greenpeace y Médicos Sin Fronteras, inició la campaña por la transparencia “Hay Secretos que Matan”, a la que poco después se sumaría Oxfam Intermón.
Anuncio de la campaña Hay Secretos que Matan publicado en el diario El País en 1990 pidiendo transparencia y control parlamentario del comercio de armas español.
La campaña cosechó varios éxitos, incluida una ley en 2007 que reguló el tema. Fue la última de aquella legislatura, un precedente que podría repetirse en la actual si se aprobase la nueva Ley de Información Clasificada, aunque no consiguió que el gobierno modificara o revocara la decisión del Consejo de ministros, pese a las numerosas ocasiones en que se lo hemos demandado al gobierno en los últimos 30 años.
Casi 400 reuniones en la oscuridad
La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) ha celebrado cerca de 400 reuniones mensuales amparada por un muro de secretismo, en las que ha tramitado decenas de miles de licencias. Sus decisiones, secretas, impiden el ejercicio del derecho de acceso a información clave que afecta a los derechos humanos y una rendición de cuentas adecuada de la acción del gobierno.
Muro de silencio
El gobierno responde con información escasa a las numerosas preguntas parlamentarias sobre venta de armas presentadas por los grupos parlamentarios en estos últimos años. En su comparecencia anual ante la Comisión de Defensa del Congreso, tampoco facilita información detallada ni dispone de tiempo suficiente para responder a todos los casos sobre los que los miembros de la Comisión le plantean preguntas, lo que impide una adecuada labor de control del ejecutivo.
Los informes anuales y semestrales sobre venta de armas, herramientas clave en la rendición de cuenta, proporcionan un grado limitado de información y no abundan en las razones de las autorizaciones, lo que complica, llegado el caso, su cuestionamiento en los tribunales, una vía explorada para algunos casos en Francia, Italia, Bélgica y EE.UU.
¿Por qué urge cambiar esta situación?
En esta legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que presentaría una propuesta de reforma de esta ley, argumentando que sería bueno “para la calidad de nuestra democracia”.
El pasado verano se hizo público el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que deberá establecer criterios, categorías y plazos para determinar qué documentos pueden clasificarse como secretos. Sin embargo, a menos que el Consejos de ministros apruebe el anteproyecto en las próximas semanas difícilmente podrá ver la luz en esta legislatura, en vista de la carga de trabajo del legislativo y el calendario electoral.
La Ley de Secretos Oficiales impide avanzar en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Para Amnistía, las violaciones de derechos humanos son de un asunto de interés público, sea acerca de hechos presentes o pasados, y no debe ser información clasificada por razones de seguridad bajo ninguna circunstancia.
La reforma de esta Ley es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Es hora de abrir este candado que desde hace más de 50 años permite que estén pendientes asuntos como los crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo, la “guerra sucia” del GAL o el comercio de armas con gobiernos que cometen atrocidades.
Amnistía reconoce el derecho del gobierno, de acuerdo con el derecho internacional, a clasificar como secretas determinadas informaciones triple test” de legalidad, necesidad y proporcionalidad de estas restricciones.
Es urgente cambiar esta situación. Para ello, el gobierno, y posteriormente los grupos parlamentarios, deben darprioridad a la tramitación y aprobación de esta nueva norma en esta legislatura, porque esta situación es insostenible y afecta a los derechos humanos día sí y día también.
Es hora de resetear el baúl de los secretos y garantizar que los derechos humanos pesan más que las “razones de Estado”, en el pasado, el presente y el futuro.
Un policía antidisturbios dispara un arma durante una manifestación tras la destitución del expresidente de Perú Pedro Castillo, en Lima, Perú, 24 de enero de 2023. © REUTERS/Sebastian Castaneda
Dos ejemplos recientes
En las últimas semanas hemos padecido dos casos sobre los que estábamos trabajando en los que el Gobierno se ha parapetado tras la Ley de Secretos Oficiales para no ofrecer información pública en asuntos que afectan gravemente a los derechos humanos.
- Uso de material antidisturbios en Perú. Desde que comenzaron las protestas en diciembre del pasado año, Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza que habría contribuido a la muerte, tortura y desaparición forzada de decenas de personas.
El 21 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores anunció en el Congreso la suspensión temporal de la exportación de material antidisturbios, tal y como reclamó Amnistía Internacional, pero no la venta de munición ni de armas letales. No ha sido posible conocer la evaluación del riesgo del uso de ese material contrario a las normas internacionales, ni las razones por las que se han autorizado esas ventas en los últimos años pese a las advertencias de Amnistía Internacional por el uso excesivo de la fuerza y la impunidad de las fuerzas de seguridad peruanas.
Hemos pedido al gobierno que, como muestra de su voluntad de cambiar el statu quo, al menos haga público el informe de evaluación de riesgo de la última licencia de material antidisturbios autorizada a Perú en mayo de 2022. La respuesta del gobierno nos dirá si está realmente comprometido con la transparencia y quiere cambiar las cosas.
- Los barcos de la muerte saudíes. Desde 2015, más de 40 buques de la naviera pública de Arabia Saudí han hecho escala en puertos españoles, en los últimos años sobre todo en el puerto de Sagunto (Valencia). La última ocasión fue el 4 de febrero de este año, contestada como ya viene siendo habitual por la sociedad civil de esa localidad.
La preocupación de Amnistía Internacional es que estos barcos transporten y/o carguen armamento español para alimentar el conflicto de Yemen, una de las guerras “ignoradas” que parecen ser eternas, que podría usarse para cometer crímenes de guerra.
Sin embargo, el gobierno no informa ni sobre su destino ni su uso porque las decisiones sobre venta de armas son secretas. A finales de febrero, en respuesta a una pregunta parlamentaria de ERC, el gobierno confirmó que en esta última visita de los “barcos de la muerte” saudíes no estaba prevista la carga de armas en Sagunto.
Varias personas preparan las tumbas de las víctimas de ataques aéreos en un cementerio en Saada, Yemen, 25 de enero de 2022. © REUTERS/Naif Rahma>
Procrastinar…o no
En este caso, por la gravedad de la materia, no vale que el Gobierno y los grupos parlamentarios apliquen aquello del “Venga Vd. mañana” de Larra y dejen para la próxima legislatura lo que pueden hacer en esta, porque hay muchas vidas en juego.
El contexto no es el ideal por las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales de finales de año y porque el parlamento tiene un sprint final de legislatura en que se acumulan diversas leyes importantes como la de vivienda y otras. Pero nuestro papel es hacer de “Pepito Grillo” y recordarle su compromiso al Gobierno, apelando a la importancia de esta materia para que los grupos parlamentarios tramiten con urgencia una norma que modificaría una situación insostenible.
Como demuestra el ejemplo de la ley de 2007 sobre comercio de armas, que fue la última de esa legislatura, se trata únicamente de voluntad política.
“¿A quién le importa?” era el título de una exitosa canción de Alaska de mediados de los 80. Ahora el gobierno y el parlamento tienen la oportunidad de demostrar que los derechos humanos les importan y acabar con los secretos que matan.
Este tema le importa a Amnistía Internacional, a otras organizaciones de la sociedad civil en particular y a la opinión pública en general, pero afecta a toda la sociedad por el impacto que tiene sobre los derechos humanos, pasados, presentes y futuros.
Si en otros países los secretos oficiales se conocen con el tiempo, ¿por qué no en España?
