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La nueva ley de secretos oficiales

El buque saudí Bahri Abha atracado en el puerto de Sagunto, en Valencia. © AI Spain

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La nueva Ley de Secretos Oficiales, una oportunidad de acabar con los secretos que matan

Por Alberto Estévez (@aestevez212), analista de comercio de armas en @Amnistiaespana,

El pasado lunes 31 de octubre hacía escala en Sagunto el “barco de la muerte” saudí Bahri Yanbu. Era el tercero desde este verano y el número 40 desde 2015 que hacía escala en puertos españoles como Bilbao, Santander, Motril o Sagunto con destino a Arabia Saudí y/o Emiratos Árabes Unidos.

Estos dos países encabezan la coalición internacional que en los últimos siete años y medio ha bombardeado sin piedad a la población yemení, y que es responsable de los más de 300 presuntos crímenes de guerra documentados en Yemen, en un conflicto en el que han cometido un catálogo de horrores sin fin como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos.

Amnistía Internacional se manifiesta ante la llegada al Puerto de Sagunto de un barco sospechoso de transportar armamento a Arabia Saudí. © AI Spain

Los barcos de la naviera estatal saudí Bahri han transportado armas como vehículos blindados canadienses y helicópteros estadounidenses. A la recurrente pregunta que Amnistía Internacional ha planteado al gobierno español sobre qué armas cargan estos barcos en los puertos españoles, la respuesta ha sido, en general, un muro de silencio atronador.

En noviembre de 2021, en una respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el gobierno informó, por primera vez, de que el barco Bahri Jeddah había utilizado la escala de octubre de 2001 en Sagunto para "cargar dos contenedores con cartuchos no metálicos y dos contenedores de cohetes con carga explosiva". Sin embargo, no contestaba a qué empresas eran las fabricantes y qué uso se le iba a dar a esas armas.

¿Cuál es la causa de estos secretos que matan?

¿Por qué no podemos saber qué cargaron los barcos de la muerte saudíes en los puertos españoles desde 2015? Muy sencillo: las empresas que fabrican y cargan esas armas en esos barcos tienen que pedir una licencia de exportación a una Junta Interministerial formada por varios ministerios, pero las decisiones de esa Junta lamentablemente son secretas.

La raíz de ese secretismo es la decisión del gobierno español en marzo de 1987 en que, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Consejo de Ministros clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial que autoriza la venta de armas españolas. Desde entonces no podemos conocer las decisiones ni, sobre todo, las razones de por qué el gobierno autoriza o deniega una venta de armas. Fue la medida más fácil para evitar las demandas de transparencia de la prensa y la oposición parlamentaria, que cuestionaba las polémicas ventas de armas españolas de esos años al Irak de Sadam Hussein y al Marruecos de Hassan II.

Anteproyecto de ley de información clasificada

Fotografía de parte del documento que muestra la decisión del gobierno de 1987 de clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial que autoriza la venta de armas españolas

Esa decisión de 1987 es contraria al derecho internacional porque limita el acceso a información clave para prevenir, reducir o investigar violaciones de derechos humanos, dado que afecta a datos clave sobre posibles violaciones graves del derecho internacional que se puedan cometer con las exportaciones de armas españolas.

Cinco años más tarde, en 1992, Amnistía Internacional, junto a otras ONG, iniciábamos la campaña por la transparencia en el comercio de armas español. Entre los muchos logros conseguidos todos estos años figuran la publicación, desde 1995, de un informe anual sobre las exportaciones de armas y, en 2007, una ley que regula este comercio, además de un tratado internacional en 2013.

¿Qué dice el derecho internacional sobre el secretismo?

Dos cosas, principalmente. Por un lado, establece que las restricciones temporales a la información sólo pueden responder a razones limitadas como la protección de la seguridad nacional o el orden público, entre otras cuestiones. Por otro, señala que las autoridades deben demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que justificaría su no divulgación. En todo caso, deben respetar el “triple test” de legalidad, necesidad y proporcionalidad de estas restricciones. Estas dos cuestiones deben reflejarse claramente en la nueva ley española.

393 actas secretas con datos que matan

393 son las actas secretas que matan. Hasta la fecha, esa es la cifra de actas secretas de las reuniones de la Junta Interministerial que regula la venta de armas españolas. En los más de 35 años transcurridos desde marzo de 1987 hasta noviembre de 2022, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) se ha reunido 11 veces cada año y ha autorizado decenas de miles de licencias de exportación de armas.

Sin embargo, los miembros del parlamento español, los medios de comunicación y la opinión pública no tienen acceso a esos documentos, que deberían incluir las preceptivas evaluaciones de riesgo de uso indebido de las armas. Las y los diputados del Congreso podrían hacerlo a través de una única vía que es claramente insuficiente, y que nunca se ha utilizado para este fin, la antigua Comisión de Secretos Oficiales, que es la actual Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados.

Esto supone que no hay control parlamentario sobre las razones por las que se autoriza o deniega una licencia de exportación de armas, un negocio que en la última década y media se multiplicó por 10, pasando de 400 a 4.000 millones de euros, una cantidad que, con altibajos, se ha mantenido constante en los últimos cinco años y que en los próximos aumentará debido al incremento de autorizaciones.

La rendición de cuentas se limita a un informe anual y una comparecencia parlamentaria en junio que da lugar a un dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso con recomendaciones al gobierno, sobre cuyo cumplimiento (o no) el gobierno informa al año siguiente.

Cuando preguntamos al gobierno sobre alguna venta muy sensible como las destinadas a Israel, a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, el gobierno se escuda en el secretismo para no dar datos, lo que dificulta enormemente a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas recurrir ante la justicia las decisiones (secretas) del ejecutivo sobre la venta de armas españolas.

Una muñeca se ve en el lugar de los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí contra dos casas en Sanaa, Yemen, el sábado 26 de marzo de 2022. © AP Photo/Hani Mohammed

En numerosas ocasiones hemos pedido al gobierno que modifique o revoque el Acuerdo del Consejo de ministros de 1987 pero, hasta ahora, ha hecho oídos sordos. Hemos hecho propuestas factibles y realistas para que, como muestra de su voluntad de transparencia, dé un primer paso y desclasifique, por ejemplo, las actas de las autorizaciones de ventas de armas a la coalición que interviene en Yemen. ¿Con qué objetivo? Para poder evaluar cómo las justifica de acuerdo con la legislación en vigor y conocer los informes sobre la evaluación de riesgo de su uso de acuerdo con el derecho internacional.

En noviembre de este año, la Comisión de Defensa del Congreso debatió algunas de ellas, en una suerte de “prueba del algodón” de la voluntad política real de avanzar en este terreno o dejar que todo siga igual, pero ninguna de esas recomendaciones fue aprobada, lo que indica la nula voluntad política de avanzar en ese terreno tanto del gobierno como de los grupos parlamentarios mayoritarios.

Anteproyecto de Ley de Información Clasificada: una oportunidad de oro

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la presentación, en agosto de este año, del anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Era y sigue siendo una “vieja” recomendación de la organización. Lo fundamental es garantizar que solo sea objeto de clasificación la información referida a la seguridad nacional y, en ningún caso, sobre violaciones de derechos humanos.

Esta legislatura puede pasar a la historia si de una vez por todas da el paso y aprueba una Ley que reemplace la de Secretos Oficiales. Desde organizaciones como Amnistía Internacional apelamos a la responsabilidad del gobierno y de los grupos parlamentarios, les animamos a dejar de lado la “bronca” política y a avanzar en un terreno clave para los derechos humanos. Hay que romper el candado de los secretos oficiales . La ocasión la pitan calva. ¡Aprovechémosla!

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