Zapatero no debe apoyar ni política ni económicamente la legalización de la impunidad

Madrid.- Hoy, 11 de julio se encuentra en España en visita oficial el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Con motivo de esta visita, que se extenderá hasta el próximo día 13, Amnistía Internacional envió una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle sus preocupaciones sobre la crisis de derechos humanos que se vive en ese país así como con la petición de que no apoye ni política ni económicamente las medidas de impunidad que el ejecutivo colombiano está adoptando. Durante los últimos 20 años, el conflicto colombiano se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas, civiles muertos fuera de combate. Más de 3 millones de personas se han convertido en desplazados internos. A lo largo del 2004 se asesinó o se hizo "desaparecer" al menos a 1.400 civiles. Aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y en torno a 287.000 fueron obligadas a huir de sus hogares, una cifra superior a la del 2003. Para Amnistía Internacional, la impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos, paramilitares en connivencia con el ejército y los grupos armados, es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos que sigue viviendo Colombia. Preocupaciones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional ha resaltado las siguientes preocupaciones al presidente del ejecutivo español: La Ley de Justicia y Paz conduce a la legalización de la impunidad de crímenes de guerra y contra la humanidad. Aprobada por el Congreso colombiano el pasado 21 de junio con el objeto de regular la actual desmovilización de grupos armados ilegales, especialmente paramilitares. Durante el año 2004 fueron ya desmovilizados más de 2.500 paramilitares, a la mayoría de los cuales se les concedió amnistía de facto, pese a ser responsables de abusos contra los derechos humanos. Y muchos de ellos recibieron dinero a cambio de "cooperar" con las fuerzas de seguridad. Desde que miles de paramilitares anunciaron un alto el fuego unilateral en el 2002, se les ha considerado responsables de más de 2.200 homicidios y "desapariciones". Amnistía Internacional ha manifestado contundentemente que la Ley de Justicia y Paz no cumple con las normas internacionales sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y que consolida la impunidad no sólo para aquellos paramilitares que han sido responsables de violación de derechos humanos sino también para sus patrocinadores desde las fuerzas de seguridad. Falta de cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El Gobierno colombiano se ha comprometido en reiteradas ocasiones a cumplirlas. Año tras año, la comunidad internacional se lo viene exigiendo; la última vez el pasado mes de abril, a través de la declaración de la presidencia del 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La aprobación de la Ley de Justicia y Paz el 21 de junio es un mal comienzo para un gobierno que se supone se ha comprometido a cumplir dichas recomendaciones. Continúa la venta de armas a Colombia. El Congreso de los Diputados aprobó en junio de 2004 una proposición no de ley para suspender el acuerdo de cooperación militar con Colombia hasta que no se solucione la crisis de derechos humanos que vive el país. La realidad es que, durante el segundo semestre del año 2004, España exportó armas a Colombia por un valor cercano al millón de euros. Entre estas armas se encontraban bombas, torpedos, cohetes y misiles. Además, España cedió dos aviones que no figuran en las estadísticas oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa. Para Amnistía Internacional, un gobierno como el colombiano que no cumple las recomendaciones de la Naciones Unidas sobre derechos humanos, no ofrece las necesarias garantías de que las exportaciones de materiales militares o ayuda militar no contribuyan a empeorar la crisis que vive el país. Recomendaciones al Presidente Zapatero Amnistía Internacional considera que con esta visita, el Gobierno español tiene ante sí una excelente oportunidad para analizar con Álvaro Uribe la situación de los derechos humanos en Colombia. Por ello, la organización pide a Rodríguez Zapatero que: - No apoye ni política ni económicamente cualquier proceso de desmovilización de paramilitares que no garantice plenamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las violaciones cometidas, y que fomente la impunidad de los responsables. - Inste al gobierno colombiano a que pase de las palabras a los hechos en el cumplimiento completo de las recomendaciones que Naciones Unidas hizo en materia de derechos humanos. - Respalde la creación de un mecanismo internacional que complemente el trabajo de Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que evalúe y dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas. - Suspenda la venta de armas a Colombia mientras que el gobierno colombiano no garantice que éstas no van a ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos. Para ello, debe asegurarse una aplicación estricta de los criterios del Código de Conducta de Exportaciones de Armas de la Unión Europea a la hora de autorizar cualquier transferencia de material de defensa o de doble uso desde España a Colombia.