Las autoridades de facto huzíes deben detener urgentemente las ejecuciones previstas y poner fin a la persecución de personas por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida, ha declarado Amnistía Internacional tras las sentencias condenatorias —con penas de muerte, flagelación o prisión— dictadas por dos tribunales establecidos por huzíes contra más de 40 personas por cargos relacionados con conducta homosexual.
El 23 de enero, el tribunal de lo penal de Dhamar (norte de Yemen) condenó a cinco personas a muerte —siete de ellas por lapidación, y las otras dos por crucifixión— y a otras 23 a penas de prisión que iban desde los seis meses a los 10 años, por cargos como “homosexualidad”, “difusión de la inmoralidad” y “actos inmorales”. El 1 de febrero, el tribunal de primera instancia de Ibb, en el sur del país, condenó a muerte a 13 estudiantes y a lapidación a tres más por “difusión de la homosexualidad”.
“Los informes según los cuales las autoridades de facto huzíes han condenado a nueve personas a muerte por cargos relacionados con conducta homosexual, en terribles espectáculos públicos encaminados a difundir el miedo entre la población, son muy preocupantes. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, su uso es detestable independientemente de cuál sea el método de ejecución, y debe ser condenado en cualquier circunstancia”, ha manifestado Grazia Careccia, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades de facto huzíes deben anular de inmediato las condenas a muerte dictadas contra estas personas y retirar todos los cargos relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género.”
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizó tres vídeos que aparecieron en las redes sociales por primera vez el 24 y el 25 de enero de 2024, en los que se veía la flagelación pública de al menos dos hombres por una persona que vestía uniforme de seguridad. Al parecer, las imágenes estaban tomadas delante de las casas de los hombres flagelados y en presencia de autoridades huzíes.
“La flagelación pública es un castigo cruel e inhumano que infringe la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional y no debe llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia. Es terrible e inaceptable que el poder judicial controlado por los huzíes continúe violando gravemente los derechos humanos con la injerencia en las vidas privadas de las personas que supone su procesamiento por su orientación sexual e identidad de género”, ha manifestado Grazia Careccia.
“Las autoridades deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas que estén detenidas únicamente por su orientación sexual o identidad de género. Deben cesar todas las formas de violencia, hostigamiento y discriminación basadas en la orientación sexual o en la identidad o expresión de género.”
Amnistía Internacional pide también al gobierno de Yemen que cumpla con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que implica revocar la legislación que tipifica como delito las relaciones sexuales homosexuales y eliminar cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
Información complementaria
Todas las partes en el conflicto de Yemen continúan procesando y atacando a las personas LGBTI con arrestos arbitrarios, torturas —incluida la violación y otras formas de violencia sexual—, amenazas y hostigamiento.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de 17 personas a quienes las fuerzas de seguridad del Consejo de Transición del Sur, las autoridades de facto huzíes y el gobierno reconocido internacionalmente en Yemen atacaron por su orientación sexual, expresión o identidad de género o características sexuales no convencionales, y sometieron a arresto arbitrario, tortura —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual—, amenazas y hostigamiento entre 2020 y 2022.
