Amnistía Internacional ha observado que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas. Más bien, han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial. Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos. Una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas. La ONU estima que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014. España, que ha recibido 28.323 solicitudes de asilo de personas de nacionalidad venezolana desde 2014, se sitúa como el cuarto país del mundo con más solicitudes, solo por detrás de Perú, Estados Unidos y Brasil. “Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Erika Guevara Rosas. “El gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de derechos humanos”. Amnistía Internacional llama al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición. Más información
- Venezuela: Los gobiernos de la región deben brindar protección a quienes huyen del país (noticia, 3 de septiembre de 2018).
- Venezuela: Autoridades deben poner fin a las detenciones arbitrarias y a la política de represión (investigación, 17 de mayo de 2018).