Última oportunidad para que la ley integra contra la violencia de género responda a las exigencias en materia de derechos humanos

Madrid.- Mañana viernes finaliza en el Senado el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y por tanto termina la posibilidad de introducir mejoras en el mismo. Amnistía Internacional hace un conjunto de recomendaciones que considera esenciales para subsanar las lagunas que todavía existen en el proyecto en base a las normas internacionales de derechos humanos, y para que el Estado español cumpla con sus obligaciones al respecto. Peticiones de Amnistía Internacional incorporadas en la primera fase de tramitación del Proyecto de ley Amnistía Internacional reconoce importantes mejoras recogidas hasta ahora en el proyecto de ley, como son: · El refuerzo de los recursos hasta la consecución de los mínimos exigidos por la ley; el establecimiento de un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico; o la previsión de mecanismos que tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las víctimas de violencia de género, a la hora de diseñar las políticas. · La específica previsión que hace la ley a los colectivos de mujeres especialmente vulnerables, en coherencia con las recomendaciones del Comité de la Mujer de la ONU (CEDAW). · La verificación de la efectividad de las medidas acordadas, como tara principal del Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, para la organización de derechos humanos siguen existiendo algunas lagunas que podrían subsanarse en la fase de tramitación del Senado. Peticiones de Amnistía Internacional que subsisten:· Garantía de los derechos previstos en la ley a todas las víctimas de violencia de género con independencia de su situación administrativa en España.  Amnistía Internacional ha detectado obstáculos que están impidiendo a determinados colectivos de mujeres acceder a la información y a los recursos esenciales para cualquier víctima de violencia de género. La organización está especialmente preocupada por la situación de desprotección de las mujeres inmigrantes indocumentadas, por lo que recomienda incluir un apartado que prevea de forma explícita la garantía de los derechos previstos en la Ley para las víctimas de violencia de género, a todas las víctimas presentes en el territorio estatal, con independencia de su situación administrativa. · Médicos forenses En los delitos de violencia de género, por lo general, delitos en los que la víctima es el único testigo, la actuación de los médicos forenses es esencial. Sin embargo, según datos del Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la intervención del médico forense en los procesos por violencia de género en el ámbito familiar es únicamente del 18%. Además, en el 64% de los casos, la no comparecencia se produce por la decisión del propio profesional de no intervenir. Por ello, Amnistía Internacional cree imprescindible que se reconozca explícitamente el derecho a la asistencia del médico forense con la debida diligencia e inmediatez en todos los procesos penales. · Protección de las víctimas de procesos penales por violencia de género   La Ley de Protección de Testigos y Peritos (Ley Orgánica 19/1994), únicamente contiene líneas generales de protección, y su aplicación oportuna y efectiva no está debidamente garantizada, pues depende de la valoración que el juez realice en cada caso concreto. El Proyecto de Ley no prevé ninguna mejora en este importante campo, por lo que Amnistía Internacional sugiere que se especifique que los Jueces competentes tengan en cuenta las necesidades de protección de las víctimas y de sus familiares durante el procedimiento judicial. En todo caso, se debe garantizar que las víctimas protegidas no tendrán que declarar en presencia del acusado en ninguna de las diligencias procesales. · Reparación adecuada a todas las víctimas de violencia de género La ley integral debería prever el derecho a la reparación de las víctimas y enmarcarlo en el área de Tutela judicial, sin perjuicio de establecer, además, un sistema de ayudas a víctimas en dificultades, así como incentivos de inserción laboral y social, previstos en el área de Servicios Sociales. Según la doctrina del derecho internacional de derechos humanos en materia de reparación, el derecho de todas las víctimas, y no sólo de aquellas con dificultades socioeconómicas, a recibir una reparación justa y adecuada debe comprender cuatro elementos fundamentales, la restitución de la víctima a la situación anterior a las agresiones sufridas, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición asegurando una protección efectiva de todas las víctimas. Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que las medidas de apoyo a las víctimas previstas en el Proyecto de Ley se enmarcan únicamente en el ámbito de Servicios Sociales, y no existe ninguna previsión en materia de reparación justa y adecuada en el ámbito de la tutela judicial.