“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.
“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.
Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.
Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.
Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.
La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.
Ataques lanzados desde zonas habitadas por civiles
Sobrevivientes y testigos de ataques rusos en las regiones del Dombás, Járkov y Mykolaiv dijeron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de esta conducta en numerosos lugares.
El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. La obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla.
La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Le rogué varias veces que se mantuviera alejado porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando ocurrió el ataque, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró equipo y uniformes militares en la casa de al lado.
Mykola, que vive en un bloque de pisos de un barrio de Lisichansk (Dombás) que fue objeto de varios ataques rusos que causaron la muerte de al menos un hombre de edad, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente, oímos después fuego entrante”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a unos soldados que usaban un edificio residencial situado a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo que usaban los residentes donde murió el hombre de edad.
En una localidad del Dombás, el 6 de mayo, las fuerzas rusas usaron municiones de racimo inherentemente indiscriminadas, cuyo uso está ampliamente prohibido, contra un barrio integrado en su mayoría de casas de uno o dos alturas donde las fuerzas ucranianas manejaban armas de artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.
Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. Yo estaba dentro. La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo [...] Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa [...] Los vi saliendo y entrando [...] desde que empezó la guerra [...] Mi madre está [...] paralítica, por eso no pude huir”.
A principios de julio, un agricultor resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en la zona de Mykolaiv. Horas después del ataque, el equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de la presencia de personal y vehículos militares ucranianos en la zona de almacenamiento de grano y varios testigos confirmaron que el ejército usaba el almacén, situado al otro lado de la carretera, frente una finca en la que vivían y trabajaban civiles.
Mientras el equipo de Amnistía Internacional examinaba los daños de edificios residenciales y públicos colindantes en Járkov y en pueblos del Dombás y del este de Mykolaiv, oyeron fuego saliente desde posiciones militares ucranianas ubicadas en las proximidades.
En Bajmut, varias personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había usado un edificio situado a apenas 20 metros al otro lado de la calle, frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso impactó en la parte de delante del edificio, destruyó parcialmente cinco apartamentos y provocó daños en los edificios próximos. Kateryna, residente que sobrevivió al impacto, dijo: “No entendía qué había pasado. [Había] ventanas rotas y un montón de polvo en mi casa [...] Me quedé aquí porque mi madre no quería marcharse. Tiene problemas de salud”.
Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que, antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle, frente al edificio bombardeado, y que había dos camiones militares estacionados delante de otra casa que resultó dañada cuando impactó el misil. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y protecciones de plástico negro que cubrían las ventanas, así como equipos nuevos de primeros auxilios para traumatismos de fabricación estadounidense.
“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional una persona cuya casa también había sido dañada en el ataque.
Bases militares en hospitales
El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital.
El 28 de abril, un ataque aéreo ruso hirió a dos personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Járkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base en las instalaciones.
El uso de hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario.
Bases militares en escuelas
El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuels de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles.
En 22 de las 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.
Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas de las proximidades, sometiendo a los barrios circundantes al riesgo de sufrir ataques similares.
En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional vio que los soldados ucranianos usaban habitualmente zonas civiles para alojarse y como áreas de maniobras, incluso emplazando vehículos blindados bajo árboles en barrios puramente residenciales y usando dos escuelas situadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa.
En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional halló los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.
El derecho internacional humanitario no prohíbe expresamente a las partes en un conflicto establecer bases en escuelas durante los periodos vacacionales. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar usar escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo sus vidas en peligro, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Si lo hacen, deben advertir a la población civil y, en caso necesario, ayudarla a evacuar. Aparentemente, esto no ocurrió así en los casos que ha examinado Amnistía Internacional.
Los conflictos armados inciden de forma muy negativa en el derecho a la educación de la infancia, y el uso militar de las escuelas puede causar una destrucción que prive aún más a los niños y niñas de este derecho una vez finalizada la guerra. Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, acuerdo para proteger la educación en los conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas únicamente cuando no haya una alternativa viable.
Ataques indiscriminados de las fuerzas rusas
Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. En otros se usaron armas guiadas con diversos grados de precisión; en algunos casos, las armas eran lo bastante precisas para dirigirse a objetivos específicos.
La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y adoptar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para reducir al mínimo el daño a civiles. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.
“El gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército. Las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables”, concluyó Agnès Callamard.
El 29 de julio de 2022 Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para comunicarle las conclusiones de esta investigación. En el momento de la publicación de este comunicado, aún no ha recibido respuesta.
