La vista ante el tribunal de primera instancia contra Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun sucede a la anulación de sus fallos condenatorios por absurdos cargos de terrorismo, dictada por el Tribunal de Casación, máxima instancia de apelación de Turquía.
“El tribunal tiene la oportunidad de poner fin a este enjuiciamiento por motivos políticos. Este juicio ha arruinado la vida de estos defensores y defensoras de los derechos humanos y ha puesto de manifiesto el carácter pernicioso del sistema de justicia turco”, ha afirmado Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.
“Después de casi seis años, y sin que se haya presentado la menor prueba para fundamentar los absurdos cargos formulados contra estas personas, ya es hora de poner fin a esta farsa kafkiana y absolver a Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun.”
Taner Kılıç fue arrestado en junio de 2017 y permaneció más de 14 meses detenido en la cárcel. En julio de 2020 fue condenado a seis años y tres meses de prisión por “pertenencia a organización terrorista”. İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun pasaron más de tres meses entre rejas en 2017 y fueron condenados a 25 meses de prisión por “ayudar a una organización terrorista”.
En noviembre de 2022, el Tribunal de Casación decidió anular la sentencia condenatoria de Taner Kılıç basándose en que la investigación era “incompleta”. Sobre İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun, el Tribunal resolvió que sus fallos condenatorios debían ser anulados por “falta de pruebas”.
En 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el derecho a la libertad y la seguridad de Taner Kılıç y su derecho a la libertad de expresión habían sido conculcados durante su detención en espera de juicio y concluyó que las autoridades no tenían “ninguna sospecha razonable de que Taner Kılıç [hubiera] cometido un delito” que justificara la privación de su libertad. Asimismo señaló que uno de los tres magistrados del tribunal había discrepado y solicitado la absolución de Taner Kılıç basándose en la falta de pruebas presentadas por la acusación.
“A lo largo de las 12 vistas judiciales del proceso se ha demostrado de manera exhaustiva y reiterada que cada acusación formulada contra estos hombres y mujeres activistas de derechos humanos es infundada, incluido el propio informe policial”, ha afirmado Nils Muižnieks.
“Estos procesamientos reflejan la instrumentalización de los tribunales turcos para silenciar voces críticas, que caracteriza la represión general de derechos y libertades en Turquía.”