Londres.- La matanza de 12 indígenas en Colombia, entre ellos cuatro niños, es consecuencia de que las autoridades no se tomaran en serio la advertencia de que habría más ataques si no se adoptaban medidas para proteger a esa comunidad, ha afirmado Amnistía Internacional.
“Ayer, los indígenas awá fueron víctimas de la tercera masacre en menos de un año –afirmó Susan Lee, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América–. ¿Cuántos más tienen que morir para que el Gobierno haga algo para proteger a estas comunidades?”
El 26 de agosto, hombres armados sin identificar irrumpieron en la reserva indígena de Gran Rosario, en el departamento suroccidental de Nariño, y mataron a 12 personas que, al parecer, pertenecían a la misma familia, incluidos cuatro menores de edad.
Entre las víctimas estaba Tulia García, quien había recibido sucesivas amenazas de muerte tras el homicidio de su esposo, Gonzalo Rodríguez Guanga, en mayo de 2009. Ella lo había denunciado afirmando que pensaba que el ejército colombiano era el responsable.
Más de 50 miembros de la comunidad awá de Nariño han sido víctimas de homicidio desde septiembre de 2008 a manos de los grupos guerrilleros, las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, que compiten por el control de la región.
Esta última masacre sucede a una serie de ataques perpetrados contra la comunidad awá. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 11 de febrero de 2009, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero, mataron a 10 indígenas awá en el departamento de Nariño. Esta matanza sucedió a otra perpetrada el 4 de febrero contra 17 indígenas, también, según informes, por las FARC.
Estos ataques se producen tras una avalancha de amenazas de muerte emitidas por los paramilitares, respaldados por el ejército, contra la organización Unidad Indígena para el Pueblo Awá (UNIPA).
“La masacre del pueblo awá demuestra una vez más que es la población civil quien sufre las peores consecuencias del conflicto y que el gobierno colombiano no presta la debida atención a la protección de la población civil en áreas de conflicto” afirmó Susan Lee.
Amnistía Internacional señaló que todavía no están claras las medidas que está adoptando el Gobierno colombiano para proteger a la comunidad awá frente a nuevos ataques, si bien consideró positivo el anuncio de las autoridades colombianas, el 26 de agosto, por el que se comprometía a hacer que los órganos de investigación del Estado avanzasen en las investigaciones criminales sobre las matanzas.
