Con la crisis de refugiados de más rápido crecimiento del mundo a sus puertas, Tailandia debe emprender acciones concretas para subsanar la falta de protección que llevan largo tiempo sin proporcionar a quienes más lo necesitan, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que revela lagunas enormes en las políticas del país sobre migración. El informe Between a Rock and a Hard Place describe numerosas deficiencias en las políticas y las prácticas del gobierno tailandés, con un impacto devastador en las personas refugiadas, tanto las que están en el país como las que buscan seguridad en su territorio. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo Tailandia utiliza a la Marina para rechazar embarcaciones en las que viajan, desesperados, miles de bangladesíes y refugiados rohingyas; y también devuelve a personas refugiadas y solicitantes de asilo a lugares donde corren peligro de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos. “La limpieza étnica obliga a cientos de miles de personas rohingyas a huir de Myanmar, y Tailandia tiene que sentar ejemplo urgentemente en la región y adoptar políticas migratorias humanas. En lugar de rechazar sin piedad a las personas que huyen de horrores inimaginables, el gobierno tailandés debe garantizar el paso de forma segura a quienes buscan protección internacional en Tailandia”, ha declarado Audrey Gaughran, directora de Amnistía Internacional de Asuntos Temáticos Globales. “Tailandia acoge a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas de la región, pero sus políticas miopes y ad hoc no les ofrecen protección adecuada. Las autoridades no pueden continuar dando tumbos de una crisis de refugiados a la siguiente sino que, por el contrario, deben establecer los sistemas requeridos para ofrecer a estos hombres, mujeres, niñas y niños que están en peligro la protección y seguridad que necesitan.”
El éxodo de los rohingyas En 2015, cuando la “crisis de los botes” se encontraba en su momento álgido, la Marina tailandesa denegó la entrada a embarcaciones en las que viajaban miles de refugiados rohingyas desesperados, continuando con la política de reenvíos forzados que desde hacía tiempo venían aplicado los gobiernos tailandeses.
Las personas a las que negaron la entrada a Tailandia se vieron obligadas a continuar peligrosos viajes por mar para llegar a Indonesia o a Malasia. Según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 370 personas murieron en el mar durante la crisis, pero Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la posibilidad de que el número de muertes podía haber sido mucho mayor. Durante el mes pasado, la situación de los rohingyas ha alcanzado proporciones críticas a causa de una cruel campaña de limpieza étnica, dirigida contra la población en Myanmar occidental que ha obligado a más de 400.000 personas refugiadas a huir del país. A pesar del éxodo, las autoridades tailandesas han enviado mensajes contradictorios sobre su política con respecto a los rohingyas. Hace un mes, el primer ministro Prayut Chan-O-Cha declaró que las autoridades estaban “preparadas para recibir” a los rohingya que huyen de Myanmar. Más recientemente, un oficial del ejército tailandés indicó que los barcos de la Marina tailandesa devolverían mar adentro a las embarcaciones con refugiados rohingyas a bordo que llegaran a aguas tailandesas. Las personas refugiadas devueltas, expuestas a sufrir persecución En los últimos tres años, el gobierno tailandés ha cedido a la presión de los gobiernos extranjeros y ha devuelto a personas a países donde sus vidas y su bienestar están en grave peligro.
Dichas devoluciones violan el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement) que prohíbe terminantemente la devolución de personas a territorios donde corren un peligro real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha dado seguimiento a cuatro casos de devoluciones que han afectado a más de 100 personas procedentes de China, Turquía y Bahréin. Muchas de estas personas han sufrido posteriormente detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y se desconoce la situación jurídica y las condiciones de algunas de ellas.
El caso más reciente ocurrió en mayo de 2017 cuando Tailandia apoyó la extradición de Muhammet Furkan Sökmen, de nacionalidad turca, de Myanmar a Turquía. Antes de ser entregado a las autoridades turcas, Sökmen permaneció detenido durante unas 24 horas en un aeropuerto de Bangkok por agentes de inmigración tailandeses. Los funcionarios tailandeses colaboraron en la extradición de Sökmen a pesar de las advertencias de la ONU de que podía estar en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos en su país de origen, donde las autoridades están llevando a cabo una amplia campaña de represión tras el intento de golpe de Estado en julio del año pasado.
Sökmen fue detenido y recluido tras su llegada a Estambul por sus presuntos vínculos con opositores al gobierno turco, sin que se conozca la situación actual del proceso penal que se sigue contra él. En un incidente similar, Tailandia recibió en 2015 críticas generalizadas a nivel internacional tras devolver a 109 personas solicitantes de asilo de la minoría uigur a China, donde esta etnia han sufrido grave persecución durante decenios.
“Tailandia habla de mejorar la protección de las personas refugiadas, pero esto no se ha traducido en acciones reales. Las autoridades siguen a las órdenes de gobiernos extranjeros y envían a las personas refugiadas de vuelta a países donde están expuestas a sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos. Estas acciones crueles contravienen las obligaciones internacionales de Tailandia y deben detenerse de inmediato”, ha afirmado Audrey Gaughran.
Abandonadas en un limbo legal Lagunas enormes en el ordenamiento jurídico tailandés dejan a las personas refugiadas y solicitantes de asilo sin condición jurídica y, por tanto, vulnerables a abusos. Esto es especialmente cierto para más de 7.000 personas solicitantes de asilo que en la actualidad viven en áreas urbanas.
Incluso aunque estén registradas oficialmente con la Agencia de la ONU para los Refugiados, pueden ser detenidas en cualquier momento en virtud de la Ley de Inmigración de 1979 que penaliza la entrada y la estancia irregulares en Tailandia. Tras ser aprehendidas, la mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo son enviadas a centros de detención de inmigrantes donde pueden permanecer recluidas indefinidamente en terribles condiciones que, quienes defienden los derechos de las personas refugiadas, describen como “peor que la cárcel”. Algunas de las personas que estuvieron detenidas han descrito abusos frecuentes por parte de los guardias y otros detenidos y celdas tan hacinadas que tenían que dormir por turnos. Con el temor constante de ser detenidas y recluidas, es frecuente que las personas refugiadas y solicitantes de asilo vivan en condiciones miserables, confinadas en sus casas y aisladas de toda interacción social. Muchas tienen dificultades para encontrar empleo, acceder a atención médica o incluso para poder alimentarse y alimentar a sus familias. Y muchas personas eligen renunciar a sus solicitudes de asilo y volver a sus países de origen en lugar de sufrir las dificultades de la vida de las personas refugiadas en Tailandia, lo que equivale a “devoluciones tácitas”.
“Joseph” es un activista de derechos humanos de origen cristiano paquistaní que huyó a Tailandia con su familia después de que fueran amenazados por su fe y el trabajo de Joseph. La cuñada de Joseph, que había huido tras ser secuestrada, obligada a convertirse al islam y obligada a casarse con un hombre musulmán, se unió a ellos en Tailandia. En 2016, dos años después de su llegada a Tailandia, la familia renunció su solicitud de asilo y volvió a Pakistán, porque su vida en Tailandia era insostenible. Joseph dijo a Amnistía Internacional: “No teníamos dinero. No teníamos nada que comer [...]. Teníamos hambre y además intentábamos esconderos de la policía. Pasábamos sin comer cuatro o cinco días seguidos”. La cuñada de Joseph, que había sido detenida en Bangkok seis meses antes, también decidió volver a Pakistán en lugar de permanecer en un centro de detención de inmigrantes. Tras su regreso a Pakistán, la casa de Joseph fue quemada y su padre murió en el incendio. Su cuñada fue secuestrada de nuevo y devuelta a la casa del hombre con quien la habían obligado a casarse.
Próximos pasos En los últimos años, el régimen militar de Tailandia ha formulado importantes compromisos con respecto a la mejora del trato que dispensa a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las autoridades tailandesas han reiterado su compromiso con el principio de no devolución y han declarado que no devolverán a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a situaciones donde corran peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Tailandia también se ha comprometido a implantar un proceso de evaluación de personas refugiadas y solicitantes de asilo y a aprobar legislación contra la tortura que contenga una disposición sobre la no devolución. Si dicha legislación se aplica de conformidad con el derecho internacional, podría suponer una medida significativa para proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia. “A pesar de que se debe elogiar al gobierno de Tailandia por acoger a cientos de miles de personas refugiadas durante decenios, sus acciones recientes muestran con frecuencia el más absoluto desprecio por los derechos de hombres, mujeres, niñas y niños que necesitan desesperadamente protección”, ha dicho Audrey Gaughran. “El gobierno tailandés debe pasar de las palabras a los hechos. En lugar de ceder a las demandas de gobiernos extranjeros para devolver a quienes huyen de la persecución y la violencia, las autoridades deben trabajar para garantizar que la ley tailandesa protege firmemente los derechos de las personas refugiadas.”
