En respuesta a la muerte de Netiporn “Bung” Sanesangkhom, activista tailandesa en favor de la democracia fallecida hoy tras una larga huelga de hambre bajo custodia, la directora de Amnistía Internacional Tailandia Piyanut Kotsan ha afirmado:
“Amnistía Internacional expresa su más sentido pésame tras la muerte de Netiporn “Bung” Sanesangkhom, que había iniciado una huelga de hambre en protesta por la detención arbitraria a la que ella y otras personas han sido sometidas por motivos como ejercer pacíficamente sus derechos humanos.”
“Su muerte es un recordatorio alarmante de que las autoridades tailandesas niegan con dureza la libertad a las personas activistas en favor de la democracia en un intento aparente de silenciar la expresión pacífica de la disidencia. En estos momentos hay muchas de ellas detenidas, a las que se ha negado su derecho a la libertad provisional bajo fianza.”
“Este trágico suceso debe ser una llamada de atención a las autoridades tailandesas para que retiren los cargos interpuestos contra todas las personas defensoras de los derechos humanos a las que se haya detenido injustamente y las dejen en libertad. Deben cumplir las recomendaciones de larga data de las personas expertas en derechos humanos de la ONU, que han instado al gobierno tailandés a proteger los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, retirar los cargos que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y poner fin a la detención arbitraria.”
“Netiporn y otras personas activistas y defensoras de los derechos humanos que se hallan bajo custodia en Tailandia decidieron arriesgar su vida al declararse en huelga de hambre para llamar la atención sobre la constante negación de sus derechos humanos por las autoridades, con consecuencias trágicas.”
“El gobierno tailandés debe llevar a cabo de manera urgente una investigación independiente de las circunstancias de la muerte de Netiporn y de cómo se podría haber evitado. En virtud del derecho internacional, las autoridades deben garantizar los derechos a la vida y a la salud de quienes se declaran en huelga de hambre, así como de toda la población penitenciaria.”
“Pedimos a la comunidad internacional que inste al gobierno tailandés a poner fin a la represión sistemática y continua, incluida la negación del derecho a la libertad provisional bajo fianza.”
Información complementaria
Netiporn “Bung” Sanesangkhom, profesora de inglés y activista de 28 años, ha sufrido hoy una parada cardíaca en el Hospital del Instituto Correccional para Mujeres Central. Llevaba 110 días en huelga de hambre en protesta por su detención arbitraria —y la de otras personas— desde el 26 de enero de 2024. También pedía que se concediera la libertad provisional bajo fianza a otras personas activistas.
La policía había emprendido acciones penales contra Netiporn en marzo de 2022 a raíz de unas entrevistas en un centro comercial de Bangkok en las que la activista pedía al público su opinión sobre los controles al tráfico por carretera que se imponían cuando viajaban comitivas reales. Se interpusieron contra ella cargos de lesa majestad y sedición en aplicación de los artículos 112 y 116 del Código Penal.
Netiporn ya había sido detenida en una ocasión anterior, del 3 de mayo al 4 de agosto de 2022, y se había declarado en huelga de hambre durante 64 días en protesta por ello. Las autoridades volvieron a recluirla tras retirarle la libertad provisional bajo fianza el 26 de enero de 2024, y la condenaron a un mes de reclusión por desacato al tribunal.
En virtud de las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la vida, los Estados tienen una mayor obligación de proteger la vida de las personas a las que detienen. Las muertes bajo custodia generan una presunción de responsabilidad estatal por la privación arbitraria de la vida, que únicamente puede impugnarse con una investigación adecuada, inmediata, imparcial y efectiva de las circunstancias en que dichas muertes se producen.
Las autoridades tailandesas han llevado a cabo una oleada de represión de la protesta pacífica y el debate en Internet desde las manifestaciones mayoritariamente pacíficas en favor de la reforma democrática que comenzaron en julio de 2020.
Las autoridades han empleado disposiciones legislativas formuladas de manera imprecisa —sobe delitos informáticos, contra la seguridad y contra la monarquía— como instrumentos de represión, e interpretan el ejercicio pacífico de los derechos humanos como una amenaza contra la seguridad y el orden público, o una ofensa a la monarquía.
También se ha sometido a destacadas personas manifestantes a meses de detención arbitraria en espera de juicio y se les ha negado el derecho a la libertad provisional bajo fianza, o se les ha concedido, pero en condiciones restrictivas que limitan de forma estricta sus derechos humanos a la libertad de circulación, expresión y reunión pacífica. Las autoridades tailandesas siguen aumentando su hostigamiento judicial contra quienes participan en actos que consideran de disidencia pública.
Expertos y expertas de la ONU en materia de derechos humanos, incluidos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial sobre la libertad de expresión, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como los gobiernos que intervienen en los exámenes periódicos universales, llevan tiempo pidiendo al gobierno tailandés que ponga fin a la detención arbitraria y a la imposición de restricciones excesivas al ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica.
