La persistencia de los combates en Sudán del Sur no debe hacer descarrilar la justicia por los crímenes cometidos durante el mortal conflicto que se inició en diciembre de 2013. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y la FIDH en un documento conjunto publicado hoy.
Las organizaciones piden a la Comisión de la Unión Africana (UA) y al gobierno de Sudán del Sur que establezcan urgentemente el tribunal híbrido propuesto para Sudán del Sur.
“Miles de personas han muerto, se ha violado a mujeres, se han destruido pueblos enteros y se ha atacado a personal de ayuda humanitaria. Sin embargo, mientras la atención mundial se centraba en poner fin a la lucha, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de guerra ha pasado a segundo plano”, ha manifestado Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia sobre África de Amnistía Internacional.
“La justicia no se debe demorar más. Las nuevas violaciones de derechos humanos deben dar un ímpetu añadido a los esfuerzos del tribunal híbrido.”
El acuerdo de paz firmado por las dos partes en agosto de 2015 dispone la formación del tribunal para investigar y procesar a quienes son penalmente responsables de las atrocidades, pero apenas se ha avanzado en su establecimiento.
El tribunal híbrido –que combinará elementos del derecho nacional e internacional y estará compuesto por personal de Sudán del Sur y de otros países– representa actualmente la opción más viable para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos durante el conflicto, y para disuadir de la comisión de nuevos abusos.
En el documento, las organizaciones formulan 17 recomendaciones para garantizar que el tribunal consigue efectivamente un rendimiento de cuentas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. Las prioridades incluyen:
- establecer una rama de investigación para garantizar que las pruebas se recogen y se conservan de manera adecuada;
- establecer una unidad independiente de protección de víctimas y testigos;
- asegurar que se garantizan el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos, la inclusión de jueces de Sudán del Sur y de personal del tribunal, y la exclusión de la pena de muerte como posible condena.
También recomiendan que, si hay cuestiones de seguridad que impiden que el tribunal tenga su base en Sudán del Sur, al menos éste esté situado en la región.
"El establecimiento del tribunal híbrido es necesario, no sólo para abordar los abusos y violaciones de derechos humanos y los delitos de derecho internacional, sino también como pilar para lograr una paz sostenible”, ha manifestado Arnold Tsunga, vicepresidente de la FIDH.“Las atrocidades contra la población civil en Sudán del Sur, documentadas por la Unión Africana, no deben quedar impunes”
“La UA debe basarse en su experiencia en el reciente juicio del ex presidente de Chad, Hissène Habré, en Senegal, para establecer el tribunal híbrido para Sudán del Sur.”
Las recomendaciones clave formuladas en el informe respecto a la composición del tribunal híbrido reflejan las buenas prácticas de otros tribunales híbridos y ad hoc, así como las normas jurídicas internacionales.
Información complementaria
Sudán del Sur se convirtió en país independiente el 9 de julio de 2011 tras varios decenios de guerra, largas negociaciones y un referéndum sobre la secesión respecto a Sudán. Dos años y medio después, en diciembre de 2013, estalló el conflicto armado entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y las aliadas a su segundo al mando, Riek Machar.
En agosto de 2015, las dos partes aceptaron firmar un acuerdo de paz y formaron posteriormente un gobierno transicional de unidad con el presidente Kiir a la cabeza y Machar como uno de sus dos vicepresidentes.
En julio de 2016 se reanudaron los enfrentamientos, con intensos combates en la capital, Yuba, y en otras partes del país. Desde entonces, Machar ha sido sustituido como vicepresidente y ha huido del país.
Unas 2,6 millones de personas de Sudán del Sur han huido de sus hogares desde que estallaron los combates en 2013: aproximadamente 1,6 millones se han convertido en desplazadas internas, y otro millón viven como refugiadas en los países vecinos.
Sudán del Sur no es parte del la Corte Penal Internacional (CPI), y por tanto ésta carece de jurisdicción sobre los delitos cometidos durante el conflicto en curso.
Desde que estalló el conflicto, Amnistía Internacional y la FIDH, junto con la sociedad civil sudanesa, han estado pidiendo el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en Sudán del Sur.
