Italia debe revisar las políticas que contribuyen a la explotación de los trabajadores migrantes y la violación de su derecho a trabajar en condiciones justas y favorables y al acceso a la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional.
En el informe, publicado hoy, Exploited labour: Migrant workers in Italy’s agricultural sector, Amnistía Internacional denunciaa grave explotación que sufren los trabajadores migrantes del África subsahariana, el norte de África y Asia que realizan trabajos no cualificados, a menudo temporales o de temporada y principalmente en el sector agrícola, en las zonas de Latina y Caserta, en el sur del país.
No obstante, en el informe se señala que la explotación general de los trabajadores migrantes es práctica generalizada en todo el país.
“En los últimos diez años las autoridades italianas han estado generando preocupación en la opinión pública al afirmar que la seguridad del país se ve amenazada por una migración "clandestina" incontrolable, que justifica, por tanto, la aplicación de estrictas medidas para regular la inmigración. Tales medidas dejan a los trabajadores migrantes en una precaria situación jurídica, que los convierte en presa fácil de la explotación", ha señalado Francesca Pizzutelli.
“Aunque las autoridades de todo país tienen derecho a controlar la migración, no deben hacerlo a costa de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio, entre las que figuran los trabajadores migrantes.”
“Las consecuencias de esta situación para los trabajadores migrantes suelen ser: salarios muy por debajo del mínimo del país, reducción arbitraría del salario, demoras en el pago o ausencia absoluta de pago y largas horas de trabajo. Es un problema generalizado y sistemático."
Las actuales políticas de migración de Italia controlan el número de migrantes tratando como delito la migración no autorizada.
Las autoridades asignan cupos para distintos tipos de trabajadores y conceden permisos de residencia basándose en la presentación de un contrato de trabajo por escrito, pero estos cupos son muy inferiores a la demanda real de mano de obra migrante. Este sistema, aparte de ser ineficaz y prestarse a ser utilizado indebidamente, aumenta el riesgo de explotación laboral.
Los empleadores prefieren contratar a trabajadores que se encuentran ya en el país, sin tener en cuenta los cupos de entrada del gobierno. Puede haber trabajadores temporeros con la documentación caducada o que, teniendo un visado de entrada obtenido por medio de una agencia, no puedan conseguir el permiso de residencia por carecer de contrato.
Debido a ello, muchos trabajadores migrantes se encuentran sin documentación válida, lo que los convierte en migrantes irregulares, expuestos a ser expulsados si los descubren.
La legislación italiana trata como delito "la entrada y estancia ilegales" en el país, estigmatizando así a los trabajadores migrantes irregulares y fomentando la xenofobia y la discriminación contra ellos.
Se encuentran, por tanto, en una situación tal que no pueden pedir justicia si les pagan menos o no les pagan en absoluto o les hacen trabajar largas horas. Para muchos de ellos, lo cierto es que, si denuncian la explotación laboral ante las autoridades, son detenidos de inmediato debido a su situación irregular, recluidos y expulsados.
“Al reformar las políticas de migración las autoridades italianas deben prestar atención sobre todo a los derechos de los trabajadores migrantes cualquiera que sea su condición migratoria. Este proceso incluye garantizar el acceso efectivo a la justicia”, ha explicado Pizzutelli.
"Para ello hace falta un mecanismo seguro y accesible, que los trabajadores pueden utilizar para presentar denuncias y reclamaciones laborales contra sus empleadores sin temor a ser detenidos y expulsados."
Información complementaria Según estimaciones de comienzos de 2011, el número de ciudadanos extranjeros de Italia asciende a 5,4 millones, es decir, alrededor del 8,9% de la población. De ellos, 4,9 millones tienen documentación valida, que les permite permanecer en el país. Se calcula que hay alrededor de medio millón de migrantes sin documentación válida o irregulares.
La explotación laboral de los trabajadores migrantes de los sectores agrícola y de la construcción es generalizada en varias zonas del sur de Italia. Estas personas cobran por término medio un 40 por ciento menos que un ciudadano italiano con el mismo trabajo y trabajan largas horas. Son víctimas de explotación laboral los migrantes africanos y asiáticos, algunos ciudadanos de la UE (en su mayoría búlgaros y rumanos) y los ciudadanos de países del este de Europa no pertenecientes a la UE (como los albaneses).
Amnistía Internacional ha hablado, comprometiéndose a mantener su anonimato, con trabajadores migrantes indios y africanos de las zonas de Latina y Caserta, en el sur de Italia:
“Hari”: Durante los cuatro primeros años trabajé en una fábrica donde empaquetaban cebollas y patatas para exportarlas. Ganaba 800 euros al mes por entre 12 y 14 horas de trabajo al día. El empleador me decía que si trabajaba duro y bien, me conseguirían los papeles; nunca lo hicieron.
“Sunny”: Trabajo 9 o 10 horas al día de lunes a sábado, y 5 horas los domingos por la mañana, por tres euros la hora. El empleador debía pagarme 600 o 700 euros al mes, y mi plan era enviar 500 euros al mes a mi padre a India. Sin embargo, durante los últimos 7 meses no me ha pagado el salario completo. Me da sólo 100 euros al mes. No puedo ir a la policía, porque no tengo documentos: me tomarían la huellas y tendría que irme.
“Ismael”: "Cuando no tienes papeles sólo puedes encontrar trabajo en el mercado negro, que está muy mal pagado. Sacamos de 25 a 30 euros al día por 8 o 9 horas de trabajo [de 2,75 a 3,75 euros la hora]. Pero si nos lastimamos no ganamos nada."
“Jean-Baptiste”: “Si el empleador no paga, ¿qué vas a hacer para conseguir tu dinero? Sin documentos, ¿cómo vas a ir a la policía? Sin documentos te expulsan. Pero no has hecho nada malo.”
