En respuesta a los informes que indican que Wasantha Mudalige (coordinador de la Federación Interuniversitaria de Estudiantes), Galwewa Siridhamma Thero (coordinador de la Federación Interuniversitaria Bhikku) y Hashantha Jawantha Gunathilake (miembro del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Kelaniya) —que fueron detenidos el 18 y 19 de agosto— se encuentran recluidos en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, Yamini Mishra, directora de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:
“Utilizar una ley antiterrorista draconiana para reprimir a manifestantes marca un nuevo mínimo del gobierno srilankés. Esta instrumentalización de una ley ya sumamente criticada —que debería derogarse de inmediato— evidencia la falta de voluntad por parte de las autoridades de tolerar cualquier forma de crítica y acalla sistemáticamente las voces disidentes. Además, contraviene las obligaciones de Sri Lanka en materia de derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
“Los cargos de terrorismo no son proporcionales a los delitos presuntamente cometidos por las personas manifestantes. La medida que las autoridades han adoptado es excesiva, desproporcionada y contraria al derecho internacional. La Ley de Prevención del Terrorismo permite la detención de personas durante un año sin formularse cargos, lo que constituye una violación de derecho internacional. El ministro de Defensa debe abstenerse de firmar una orden para seguir manteniéndolos detenidos en aplicación de esta ley.”
“La Ley de Prevención del Terrorismo tiene un largo historial de abusos en Sri Lanka, y lo que ha ocurrido muestra precisamente el motivo por el que los actores locales e internacionales llevan tiempo pidiendo su derogación. Esta ley se utiliza constantemente como herramienta para silenciar a quienes mantienen una actitud crítica hacia el gobierno, a periodistas y a minorías.”
Información complementaria
La intensificación de la crisis económica de Sri Lanka ha dado lugar a violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la población. En los últimos meses, el presidente, el primer ministro y el Consejo de Ministros se han visto obligados a dimitir tras las protestas públicas generalizadas que pedían su renuncia.
En un esfuerzo por refrenar nuevas manifestaciones, el gobierno respondió a unas protestas mayoritariamente pacíficas con fuerza excesiva e innecesaria y leyes de excepción que otorgaban amplios poderes a la policía y las fuerzas armadas.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han instado a las autoridades srilankesas a poner fin a la represión que llevan a cabo de las protestas pacíficas. Amnistía Internacional también ha documentado el uso que el gobierno de Sri Lanka hace de la Ley de Prevención del Terrorismo para atacar y hostigar a minorías, activistas, periodistas y voces críticas.
