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30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Siria y México en el punto de mira por las desapariciones forzadas

María Guadalupe Fernández y su hijo José Antonio Robledo, desaparecido en Monclova (México) en 2009. ©Amnistía Internacional

El uso de la desaparición forzada por parte de los Gobiernos para silenciar críticas y aterrorizar a la ciudadanía continúa sin erradicarse en ninguna región del planeta, denuncia Amnistía Internacional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el próximo 30 de agosto.

43.250 casos registrados de personas desaparecidas, la mayoría de décadas pasadas, siguen siendo investigados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, según sus últimos datos.

Durante las últimas cinco décadas, Amnistía Internacional ha trabajado por más de 500 casos y continúa presionando a los gobiernos para que se investiguen todos los casos de desaparición forzada del pasado y del presente.

"Hay gobiernos en cada región del mundo, desde Siria a México, de Sri Lanka a Mali, sospechosos de mantener a cientos e incluso miles de personas en detención secreta. La dificultad para localizarlos y ponerlos en libertad no cesa", señaló Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.

En general, las desapariciones forzadas siguen un patrón: una vez arrestadas, las víctimas no son llevadas ante un tribunal, no se registra ni su detención, ni el "delito" por el que las ha detenido. En estas circunstancias, es cuando mayor riesgo corren de sufrir malos tratos, tortura, e incluso muerte.

En este día, Amnistía Internacional quiere recordar a las víctimas y a sus familiares y pide a la comunidad internacional que presione a los Estados para que se comprometan para acabar con esta terrible práctica.


Siria y México, puntos calientes de un crimen contra la humanidad

La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado al menos 65.000 desapariciones desde 2011, de las cuales 58.000 son de civiles. Tal y como ha podido documentar Amnistía Internacional, la mayoría son civiles: activistas pacíficos, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, profesores, cooperantes e incluso menores de edad.

El matrimonio de Abdulrahman Yasin y Rania Alabassi y sus seis hijos con edades comprendidas entre los tres y los 15 años fueron arrestados por las fuerzas de seguridad siria en marzo de 2013. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Las autoridades no han revelado ninguna información sobre qué les había pasado, dónde estaban o por qué fueron detenidos.

Naila Alabassi, hermana de Rania, le contó a Amnistía Interancional: "Cuando empezó la primavera árabe, ella no quería participar. Pensaba que estaría segura porque ni ella, ni su familia habían participado en ninguna actividad política, ni pertenecian a ningún partido de la oposición. Nunca fueron a manifestaciones. Pensaba que nada les podía pasar".

Amnistía Internacional se está dirigiendo al presidente sirio, Bachar al Asad para pedirle que permita que observadores independientes entren en el país para examinar las prisiones y los centros de detención en los que se retiene a miles de civiles, y garantice que se informará a las familias de los detenidos sobre su situación legal y su paradero.

Según fuentes oficiales, en México cerca de 25.000 personas sufren desaparición forzada o están en paradero desconocido desde 2007, y casi la mitad de de ellas han desaparecido durante el Gobierno de Peña Nieto.

El 27 de septiembre de 2014, el descubrimiento del cuerpo torturado del estudiante Julio César Mondragón de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, fijó la atención internacional en este problema. Un día antes, Julio César y otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se dirigiía a una protesta contra las reformas educativas del gobernador. Fueron atacados por la policía y hombres armados en Iguala. Tres estudiantes fueron asesinados. Testigos presenciales vieron como policías se llevaron al resto.

Pese a la presión internacional, las autoridades mexicanas han fallado a la hora de investigar este caso, especialmente, en lo referente a la complicidad de las fuerzas de seguridad. Uno de los padres de los desaparecidos, contó a Amnistía Internacional como muchos de ellos, en su mayoría agricultores, se han convertido en investigadores y activistas. "Si las autoridades no impulsan investigaciones imparciales, lo haremos nosotros". Estudiantes mexicanos, familiares y ciudadanos han salido a la calle pidiendo verdad y justicia.


La situación en España
En España, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen denegados. De los más de 114.000 crímenes presentados ante la Justicia, la mayoría son desapariciones fozadas.

En julio de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a las autoridades españolas que redoblaran los esfuerzos para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas durante el franquismo.

Durante este último año, cuatro organismos de Naciones Unidas (Presidente del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas, los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la tortura y otros malos tratos, crueles, inhumanos y decradantes; y sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantían de no repetición) han cuestionado a España sobre su falta de colaboración con la justicia argentina, y sobre su decisión de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.

Por otro lado, la definición de desaparición forzada, sigue sin ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos en la última reforma del Código Penal. Algo que para Amnistía Internacional es una oportunidad perdida.


Otros países
En otros países como Libia, Sri Lanka, Bosnia Herzegovina o Mali, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que aborda el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2012 y el 16 de mayo de 2014 señala que el grupo ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 54.405 casos, de los que más de 43.000 siguen abiertos.  

Los 10 países con mayor número de casos de desaparecidos investigados por este grupo de trabajo son: Iraq (16.555), Sri Lanka (12.536), Argentina (3.449), Guatemala (3.155), Argelia (3.074), Perú (3.010), El Salvador (2.668), Colombia (1.258), Chile (908), Filipinas (786).