Singapur debe detener los planes para ejecutar a un hombre malasio cuyo ahorcamiento está previsto la próxima semana en relación con cargos de drogas, manifestó hoy Amnistía Internacional.
La ejecución de Nagaenthran K Dharmalingam está programada para el miércoles 10 de noviembre.
“Aún hay tiempo de que Singapur cambie de rumbo e impida que esta ejecución extralegal se lleve a cabo. Quitar la vida a una persona es un acto cruel en sí mismo, pero ahorcar a alguien condenado únicamente por transportar drogas, cuando existen testimonios escalofriantes de que quizá ni siquiera comprenda plenamente lo que le está ocurriendo, es execrable”, declaró Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Singapur
Según los peritajes médicos realizados a Nagaenthran a lo largo de varios años, su funcionamiento intelectual es límite y muestra déficits cognitivos. El órgano creado en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que Singapur es Estado Parte, ha declarado que la imposición de la pena de muerte a personas cuyas discapacidades mentales e intelectuales puedan haber impedido su defensa eficaz está prohibida.
“Instamos a las autoridades a paralizar inmediatamente los planes para la ejecución de Nagaenthran. Es motivo de gran preocupación que en este caso se hayan cometido múltiples violaciones del derecho y las normas internacionales de derechos humanos —desde el uso de la pena de muerte prescriptiva hasta su imposición por delitos de drogas— y se hayan incumplido las garantías procesales, lo que deslegitimaría la ejecución”, dijo Rachel Chhoa-Howard.
“Singapur está de nuevo en el lado equivocado de la historia con sus leyes y políticas draconianas que han fracasado a la hora de combatir la drogodependencia en el país. Ya va siendo hora de que Singapur detenga todas las ejecuciones y abola esta pena inhumana de una vez por todas.”
Información complementaria
En noviembre de 2010, Nagaenthran K Dharmalingam fue declarado culpable de introducir 42,72 gramos de diamorfina (heroína) en el Estado insular en abril de 2009, y condenado preceptivamente a muerte. Su declaración de culpabilidad y condena a muerte se confirmaron en apelación.
Singapur tiene una de las legislaciones sobre las drogas más duras del mundo. Pero desde 2013, los jueces disponen de más discrecionalidad a la hora de imponer condenas cuando el papel de la persona acusada se haya limitado al transporte (“correo”) si la fiscalía emite un certificado de ayuda sustancial, o bien cuando se trata de una persona con alguna discapacidad mental o intelectual que afecta significativamente a su responsabilidad sobre las acciones y omisiones relativas al delito. En 2015, Nagaenthran presentó un recurso para volver a ser condenado a cadena perpetua, pero, aunque cumplía los criterios para ser considerado “correo”, la fiscalía no emitió certificado de ayuda sustancial, y por tanto en septiembre de 2017 se confirmó su condena a muerte preceptiva.
Según los peritajes médicos realizados a Nagaenthran, sus déficits cognitivos “podrían haber contribuido a una lealtad mal entendida y una deficiente evaluación del riesgo de aceptar cometer el delito”. El Tribunal de Apelación desestimó esta duda, señalando que su “presunta deficiencia a la hora de evaluar el peligro podría hacerlo más propenso a participar en conductas de riesgo, pero esto no atenúa[ba] en absoluto su culpabilidad”.
Las autoridades notificaron la ejecución programada a la familia de Nagaenthran, que vive en Malasia, por medio de una carta fechada el 26 de octubre. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, Nagaenthran no ha podido ver a sus familiares durante más de dos años. Sólo ahora se permitirá que un máximo de cinco miembros de su familia viajen a Singapur para visitarlo en la cárcel. Pero, como han puesto de relieve activistas, las actuales restricciones debido a la COVID-19 y los confinamientos se han sumado a las dificultades económicas y logísticas de un proceso ya de por sí cruel y doloroso.
El 3 de noviembre, el hermano más joven de Nagaenthran contó a activistas que le preocupaba la salud mental de su hermano y su comprensión de su ejecución inminente cuando lo visitó en prisión.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. A día de hoy, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.
