Madrid.- Con motivo de la próxima visita a España de Condolezza Rice, Secretaria de Estado norteamericana, la Sección española de Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedirle que transmita un mensaje claro de rechazo absoluto al impacto sobre los derechos humanos de la política emprendida por EE.UU. en la “Guerra contra el terror”. Según informaciones aparecidas en prensa, parece que el Gobierno español no quiere tratar cuestiones “espinosas” durante sus reuniones con Condolezza Rice. Sin embargo, algunos aspectos fundamentales de la política de EE.UU. violan los derechos humanos y vulneran el derecho internacional. Los ejemplos más significativos son el centro de detención ilegal de Guantánamo, el programa de “entregas extraordinarias” operado por la CIA, las prisiones secretas y la Ley de Comisiones Militares, una legislación que parece legalizar la tortura. Igualmente la organización está preocupada por la aplicación de la pena de muerte en EE.UU. y pide al Gobierno español que inste a las autoridades estadounidenses a no obstaculizar iniciativas internacionales a favor de la abolición de la pena capital en el mundo. “Pedimos al Gobierno español que sea consecuente con su compromiso a favor de una política exterior comprometida con los derechos humanos y que aproveche esta visita para reforzar esta postura. Los temas “espinosos” se tratan sobre todo con los Gobiernos aliados. Por eso, es importante que el Gobierno español exija a Condolezza Rice, por ejemplo, el cierre de Guantánamo, símbolo de la “Guerra contra el Terror ”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. La Sección española de Amnistía Internacional, en vísperas de esta visita, también se ha dirigido directamente a Condolezza Rice para transmitir estas peticiones a través de la Embajada de EE.UU. Un avión gigante con tres activistas de la organización, caracterizados como los presos de Guantánamo, ha representado la injusticia y los abusos que comete EE.UU. en su lucha contra el “terror” ante la Embajada norteamericana, donde se ha entregado una carta dirigida a la Secretaria de Estado exigiendo al Gobierno estadounidense que ponga fin a las medidas antiterroristas contrarias a las normas internacionales de derechos humanos. Peticiones de Amnistía Internacional en relación con la visita de Condolezza Rice: Cierre inmediato de Guantánamo Un informe reciente de AI asegura que un 80% de los al menos 385 hombres que permanecen recluidos en Guantánamo están en régimen de aislamiento. La tortura, la humillación, la discriminación, la burla de los tribunales y el desprecio de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales, todo ello con una impunidad casi total, componen el orden del día de Guantánamo. El pasado 12 de enero, con motivo del quinto aniversario de la llegada de los primeros detenidos a esta base militar, la Vicepresidenta del Gobierno español declaró que Guantánamo “es una anomalía a la que se debe poner fin cuanto antes”. El Gobierno español debe reafirmar su posición durante el encuentro con Condolezza Rice y pedir el cierre de esta base, y que las personas allí detenidas sean juzgadas según disponen las normas internacionales. Mientras esto ocurre, AI pide al Gobierno que exhorte a EE.UU. a aliviar las condiciones que imperan en Guantánamo con la entrada de personal sanitario independiente y permitiendo el acceso a organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU. Revocación de la Ley de Comisiones Militares Amnistía Internacional está haciendo campaña para que la Ley de Comisiones Militares sea derogada o reformada de acuerdo con el derecho internacional. Según esta ley, se puede admitir como prueba información obtenida mediante coacción al someter al acusado a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el gobierno puede presentar pruebas al tiempo que mantiene ocultos los métodos utilizados para obtenerlas. Además, el juez militar podrá ordenar que las vistas se lleven a cabo a puerta cerrada, quedando los acusados sin la protección del derecho internacional, los Convenios de Ginebra o la Constitución de EE.UU. Amnistía Internacional pide al Gobierno español que exprese su desacuerdo con la actual Ley de Comisiones Militares estadounidense y que ante la ausencia de garantías de juicios justos y la ilegalidad que precede a los juicios, España no proporcione información alguna que ayude al procesamiento ante las comisiones militares. No más vuelos secretos de la CIA, ni “entregas extraordinarias” ni “desaparecidos” Amnistía Internacional sigue denunciando que EE.UU. ha recurrido a una serie de centros de detención secreta y a un programa de “entregas extraordinarias” de detenidos operado por la CIA, con la complicidad de varios países europeos. En España sigue abierta la investigación en la Audiencia Nacional por el uso del espacio aéreo y las escalas en aeropuertos españoles de vuelos secretos de la CIA. El Gobierno español debe transmitir a la Secretaria de Estado un mensaje claro de que España no permitirá el uso de espacio aéreo y terrestre español para actividades ilegales en la lucha contra el terrorismo, incluyendo la transferencia de personas a la custodia de agentes secretos de la CIA, a menos que la entrega se realice bajo supervisión judicial y de acuerdo a las normas internacionales. Además, el Gobierno español debe aprovechar esta visita para exigir que EE.UU. revele los nombres y los lugares donde se encuentran todas las personas que permanecen “desaparecidas” en los centros secretos de detención. AI reitera que todos los detenidos deben ser juzgados con garantías o puestos en libertad. En particular, AI pide a las autoridades españolas que pregunten por la presunta “desaparición” de Mustafa Setmariam Nasar, de origen sirio y nacionalizado español. Al parecer, fue arrestado en Quetta, Afganistán, por agentes de la policía afgana antiterrorista a comienzos de noviembre de 2005. EE.UU. no ha confirmado su detención de manera oficial y sigue en paradero desconocido, pero su fotografía y sus datos han desparecido de la lista de personas más buscadas por EE.UU y por las que se ofrecen cuantiosas recompensas. Mustafa Nasar era una de las 35 personas que aparecían en el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en septiembre de 2003. Pena de muerte no, en ningún caso En el año 2006, el 91% de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia fueron realizadas en seis países, entre ellos EE.UU. En enero de 2007 se cumplieron 30 años de la instauración de la pena de muerte en este país. En esas tres décadas, más de 1.060 personas han sido ejecutadas. Además, EE.UU. continúa sentenciando a la pena capital a personas que sufren enfermedades mentales; y la organización ha comprobado que la pena de muerte se aplica de forma arbitraria, discriminatoria y por error en muchos casos. En reiteradas ocasiones, AI ha pedido a las autoridades norteamericanas que pongan fin a todas las ejecuciones. Amnistía Internacional pide al Gobierno español que transmita al Gobierno estadounidense su oposición a la pena capital, así como que busque un compromiso para garantizar que EE.UU. no obstaculizará iniciativas internacionales a favor de una moratoria de la pena capital y su abolición total. En este contexto, Amnistía Internacional solicita al Gobierno español que se interese por el ciudadano Pablo Ibar, condenado a la pena capital en 2000 y desde entonces en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke (Florida).
