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Se pide el fin del uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones estudiantiles en Ankara

Decenas de policías antidisturbios protegen a los trabajadores que construyen una carretera a través del campus ODTÜ (Foto: Today's Zaman, Ali Ünal)

Tras el reiterado uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra estudiantes que protestan por la construcción de una carretera en el campus de su universidad, Amnistía Internacional pide a las autoridades que permitan la celebración sin trabas de manifestaciones pacíficas en Ankara. El 18, 21 y 26 de octubre de 2013, la policía antidisturbios hizo uso excesivo de la fuerza contra estudiantes, profesores y vecinos de la zona que protestaban contra un proyecto en el que afirman que se van a eliminar alrededor de 3.000 árboles para construir una carretera. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno, granadas de aturdimiento y balas de plástico contra manifestantes pacíficos. El viernes 18 de octubre por la noche, entre 20 y 25 camiones y excavadoras comenzaron los trabajos de construcción de una carretera en un bosque, parte del cual se encuentra en el campus de la Universidad Técnica de Oriente Medio (ODTÜ). Una profesora universitaria que se encontraba allí ha contado a Amnistía Internacional que, alrededor de las diez y media de la noche, la policía utilizó gas lacrimógeno: disparó gran número de botes, apuntando al principio al suelo y directamente, luego, contra los 20 manifestantes pacíficos que intentaban entrar en el campus. Ha explicado que uno de los botes la golpeó en el tobillo, y que otra persona fue alcanzada en la mano por una bala de plástico. Según testigos presenciales, el lunes 21 de octubre por la tarde se congregó en una de las entradas del campus una multitud de varios centenares de estudiantes y profesores con intención de llevar a cabo una “protesta de plantación de árboles” con que sustituir simbólicamente algunos de los que habían arrancado los obreros el viernes. Hacia las nueve de la noche había aún unos 300 manifestantes congregados. Según los testigos con los que Amnistía Internacional ha hablado, entonces se produjeron enfrentamientos, al agredir un grupo de desconocidos vestidos de civil a algunos de los manifestantes y responder un pequeño número de éstos arrojando piedras contra la policía. Los testigos afirman que los agentes hicieron uso desproporcionado de la fuerza, utilizando incluso gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento para expulsar de allí a todos los manifestantes, por lo que varias personas resultaron heridas. La policía volvió a hacer uso excesivo de la fuerza el sábado 26 de octubre, alrededor de las siete de la tarde, para dispersar a un grupo de hasta 500 estudiantes que intentaban hacer una marcha entre dos de las entradas del campus y protestaban pacíficamente contra el uso policial de la fuerza durante las manifestaciones de la semana anterior. Testigos presenciales han contado a Amnistía Internacional que la policía hizo una advertencia a los manifestantes, que simplemente coreaban consignas, para que se dispersaran, pero entonces comenzó a utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua contra ellos sin darles tiempo a acatar la orden. Durante varias horas, los manifestantes se reagruparon reiteradamente, pero siempre para volver a ser dispersados con violencia. Alrededor de las 10 de la noche, la policía golpeó, al parecer, a un estudiante y lo arrojó luego sobre una barricada que estaba ardiendo. El estudiante sufrió graves lesiones, incluidos un profundo corte en la cabeza y quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo. La negación del derecho de los alumnos y profesores de la ODTÜ a celebrar manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de la fuerza contra ellos por parte de la policía indican que no ha habido apenas cambios tras las protestas del parque Gezi. Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que garanticen que se respeta el derecho de reunión pacífica de los manifestantes de la ODTÜ y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley no hagan uso excesivo ni innecesario de la fuerza contra personas participantes en protestas. Deben investigarse las denuncias de abusos policiales para poner a los responsables a disposición de la justicia.

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