Amnistía Internacional ha pedido al Congreso guatemalteco que opte por abolir la pena de muerte, en lugar de regularla conforme a la legislación que se está debatiendo actualmente, que permitiría utilizar esta pena por primera vez desde el año 2000.
La nueva legislación crearía indultos presidenciales para las personas condenadas a muerte, una medida que permitiría al país utilizar la pena capital, en lo que los políticos dicen que es una respuesta a la presión pública ante la creciente violencia de bandas.
“La pena de muerte es una pena cruel, inhumana y degradante, y viola el derecho a la vida tal como aparece proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Más de dos tercios de los países del mundo, y también la mayoría de los países de América, han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Incluso Estados Unidos, que es el único país de la región que lleva a cabo ejecuciones de forma habitual, muestra señales de estar dando la espalda a este trato inhumano y degradante. Si el Congreso allana el camino al regreso de la pena de muerte, Guatemala estará yendo en contra de esta tendencia positiva.”
Si el Congreso de Guatemala vota a favor de la nueva legislación, diez personas, actualmente condenadas a muerte, podrían ser ejecutadas.
Amnistía Internacional reconoce que en Guatemala la delincuencia es generalizada, y los miembros del Congreso guatemalteco tienen el deber de aprobar legislación que reduzca esta inquietante tendencia, para que sus habitantes puedan vivir sin miedo.
“La ejecución de quienes cometen delitos terribles no servirá de disuasión. Estudios realizados en todo el mundo demuestran que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio especial y, lejos de convertir la sociedad en un lugar más seguro, tiene un efecto embrutecedor sobre ella. Los homicidios autorizados por el Estado sólo sirven para aprobar el uso de la fuerza y perpetuar el círculo de violencia”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
“El Congreso guatemalteco debe votar por abolir la pena de muerte, en lugar de regularla, y debe abordar los problemas reales que subyacen tras la delincuencia. La policía y el sistema judicial deben estar equipados para erradicar la impunidad, y el gobierno debe abordar la desigualdad y la discriminación.”
Información complementaria
La Constitución de Guatemala, aprobada en 1985, permite la pena de muerte en virtud de su artículo 18. La última ejecución llevada a cabo en el país tuvo lugar en el año 2000, por inyección letal. Desde entonces, los gobiernos sucesivos han establecido una suspensión de hecho en la aplicación de la pena capital, al no adoptar medidas que les permitan conceder indultos presidenciales para los condenados a muerte. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Guatemala no podía aplicar la pena de muerte porque carecía de un procedimiento por el que otorgar indultos presidenciales.
El proyecto de ley 4175, que actualmente se está debatiendo en el Congreso, propone un mecanismo para la concesión de indultos presidenciales. Si el Congreso vota a favor de esta legislación, diez personas actualmente condenadas a muerte podrían ser ejecutadas.
La pena capital es irrevocable y, unida a sistemas judiciales proclives al error humano y a los prejuicios, hace que el peligro de ejecutar a inocentes esté siempre presente. En 2007, la ONU reafirmó y reforzó su postura contra este trato cruel e inhumano, al aprobar la Asamblea General una resolución que pedía a los Estados miembros que establecieran una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena capital.
