Estados Unidos debería aprovechar su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU para comprometerse con la justicia por las graves violaciones de derechos humanos —que incluyen torturas y desapariciones forzadas— cometidas por personal estadounidense en los últimos años, ha declarado Amnistía Internacional. Esta semana en Ginebra, el Comité contra la Tortura estudiará el cumplimiento por Estados Unidos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU. “Estados Unidos se autoproclama líder global contra la tortura aun cuando durante el mandato del presidente Bush se autorizaron la tortura y la desaparición forzada desde los máximos niveles del gobierno. Hoy Estados Unidos afirma que está comprometido con los principios de la Convención contra la Tortura a pesar de que no hace que los responsables de torturas comparezcan ante la justicia”, declaró Zeke Johnson, director del Programa de Personas en Situación de Riesgo de Amnistía Internacional Estados Unidos, que asistirá a la sesión en Ginebra. Amnistía Internacional ha presentado ante el Comité datos sobre la inacción del gobierno de Estados Unidos para poner fin a la impunidad y dar reparaciones por violaciones de derechos humanos, que incluyen:
- El uso del water-boarding —ejecuciones simuladas mediante ahogamiento interrumpido— y otras técnicas de interrogatorio “mejoradas”. A pesar de que el ex presidente George W. Bush dijo que autorizó personalmente estas técnicas para detenidos concretos, no se han investigado sus declaraciones.
- Los programas de entrega y detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Existen pruebas fehacientes de que las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de derecho internacional, cometidas en estos programas sólo han desembocado en un callejón sin salida y que los perpetradores siguen gozando de impunidad.
“El vacío de rendición de cuentas es realmente vergonzoso. La ausencia de verdad, reparación y rendición de cuentas respecto del uso de la tortura y de la desaparición forzada por Estados Unidos es una grave afrenta al Estado de derecho y al respeto por los derechos humanos”, añadió Zeke Johnson. Tanto el gobierno de Bush como el de Obama han logrado bloquear los recursos judiciales para las personas que denunciaron haber sido sometidas a detención ilegítima, tortura u otras violaciones de derechos humanos. Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, formuló una “reserva” en la que declaraba que Estados Unidos respetaría la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes sólo en la medida en que fuera compatible con las normas jurídicas estadounidenses. “Los abogados del gobierno de Bush utilizaron esta reserva en sus viciados argumentos jurídicos en los tristemente célebres memorandos secretos que aprobaron técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violaban la Convención contra la Tortura.” “Este año, en el que se conmemora el 30º aniversario de la Convención, es sin duda un buen momento para redoblar los esfuerzos y convencer a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de verdad, rendición de cuentas y recurso legal por torturas. Ya es hora de que el gobierno estadounidense cumpla todas las disposiciones de la Convención sin restricciones.” Amnistía Internacional también ha pedido al presidente Obama que haga público el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de la CIA, que sigue clasificado como máximo secreto. Se cree que el informe contiene aún más pruebas de tortura y otros malos tratos infligidos bajo la autoridad presidencial. En su información al Comité, Amnistía Internacional formula también recomendaciones en relación con otros asuntos, entre ellos la cuestión de la rendición de cuentas por torturas cometidas por la policía de Chicago, el uso por Estados Unidos de la detención en régimen de aislamiento contra miles de presos en todo el país, el uso de armas de electrochoque en las actuaciones policiales, la pena de muerte y la imposición de la pena de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional a menores de 18 años. “El gobierno de Obama ha dado la bienvenida al examen al que el Comité de la ONU va a cometer a Estados Unidos como una oportunidad para que el país haga su propio examen. Esa reflexión debe incluir la garantía de que todas las personas que autorizaron, cometieron o participaron en torturas y desapariciones forzadas respondan de sus actos ante la justicia. Estados Unidos no debe seguir permitiendo que los responsables eludan su responsabilidad”, concluyó Zeke Johnson.
