Las autoridades rusas niegan sistemáticamente el contacto familiar a las personas críticas con el gobierno encarceladas arbitrariamente, según revela Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe se basa en varios casos emblemáticos para documentar cómo las autoridades aprovechan los vacíos legales y se inventan pretextos para aislar aún más a las personas disidentes, incluidas las que están en prisión por denunciar la invasión rusa de Ucrania.
“No son prácticas aisladas utilizadas por unos pocos funcionarios ruines. Se trata de una estrategia deliberada del gobierno ruso para aislar y silenciar a las personas disidentes e infligirles más sufrimiento a ellas y a sus familias. Se están reduciendo todas las formas de contacto —visitas, llamadas telefónicas, cartas—”, ha declarado Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.
Las autoridades están utilizando una serie de tácticas para privar arbitrariamente a los presos y presas del contacto con sus familias y amistades.
Un método es denegar sistemáticamente las solicitudes de visitas y llamadas telefónicas mientras la persona está detenida en espera de juicio, a menudo sin alegar razón alguna. En otros casos, se designa a los familiares como “testigos” en los procesos judiciales de sus seres queridos, lo que les impide tener ningún contacto. Cuando eso ocurre, es posible que las familias no vean a sus seres queridos durante meses o incluso años. Las autoridades también pueden retrasar el correo de las personas detenidas y presas o prohibir completamente la correspondencia con ciertas personas.
Otra táctica es el traslado sin previo aviso de personas recluidas en espera de juicio a centros penitenciarios en vísperas de una visita familiar prevista, que luego se cancela. Estos traslados requieren la aprobación judicial del mismo tribunal que aprueba la visita, lo que hace que esta práctica sea aún más cínica.
Una forma de hostigamiento ampliamente utilizada por las autoridades penales es colocar arbitrariamente a la persona presa en una celda disciplinaria por presuntamente cometer una infracción disciplinaria menor, a menudo inventada, justo antes de una visita familiar programada. La persona es privada de visitas y llamadas telefónicas durante la duración del castigo.
Estas prácticas no sólo suponen un castigo adicional para la disidencia encarcelada, sino que también infligen un grave sufrimiento psicológico a sus familias.
“Estas tácticas son absolutamente inhumanas. Las autoridades no solo devastan la vida de las personas que se atrevieron a expresar opiniones disidentes al encarcelarlas, sino que también roban a sus seres queridos las pocas posibilidades de mantenerse en contacto. Estos malos tratos crueles deben cesar de inmediato, y todas las personas encarceladas únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica deben ser puestas en libertad de forma inmediata e incondicional”, afirmó Natalia Prilutskaya.
Casos emblemáticos
A Vladimir Kara-Murza, político de la oposición arrestado en abril de 2022 y condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos falsos, se le negó el permiso para llamar a su esposa e hijos durante 14 meses. “Lo más difícil [bajo detención] es estar separado de tu familia”, dijo Vladimir Kara-Murza en una entrevista publicada a través de su abogado.
Aleksandra (Sasha) Skochilenko, artista de San Petersburgo, fue arrestada en abril de 2022 por su activismo contra la guerra y condenada a siete años de prisión. La aislaron de su pareja, Sonya, que había sido designada “testigo” en el caso, durante un año. “Después de un año de separación, me estoy muy contenta de poder ver a Sasha. Me encantaría abrazarla, pero es imposible”, dijo Sonya a Amnistía Internacional.
Oleg Orlov, defensor de los derechos humanos y copresidente de Memorial, fue condenado en febrero de 2024 a dos años y medio de prisión por un artículo crítico con las autoridades rusas. A su esposa sólo se le concedió una visita en abril, pero justo antes de que pudiera venir a verlo, Oleg Orlov fue trasladado de un centro de detención preventiva de Moscú a otra región, a más de 1.000 km de distancia.
Aleksei Gorinov, concejal del ayuntamiento de Moscú, fue detenido en abril de 2022 y condenado a siete años de prisión por criticar la guerra de Rusia en Ucrania durante un pleno municipal. Mientras cumplía su condena en prisión, ha sido colocado repetidamente en una celda de aislamiento de castigo por presuntas infracciones menores. En una ocasión, esto sucedió justo antes de una visita programada, lo que hizo que su familia viajara a la colonia penitenciaria para encontrarse con que se le denegaba la visita.
Violaciones del derecho internacional
El derecho de la persona detenida a mantener contacto con el mundo exterior está consagrado en las normas internacionales de derechos humanos. La denegación del contacto con las familias infringe estas normas y podría constituir trato o pena cruel, inhumano o degradante. Algunos casos pueden constituir detención incomunicada o desaparición forzada.
Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. Las autoridades deben garantizar que todas las personas detenidas y presas pueden mantener un contacto regular con sus familias. Se debe modificar la legislación penal para evitar la denegación arbitraria de contacto. Las autoridades deben investigar todas las violaciones de derechos humanos denunciadas y llevar a los responsables ante la justicia.
Este informe, titulado Rusia: “Me encantaría abrazarla pero es imposible”. Se niega el contacto familiar a disidentes bajo custodia, pone de relieve el uso sistemático y generalizado del aislamiento y la denegación de contacto contra las personas encarceladas en Rusia por expresar su disidencia. Estas prácticas no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia más amplia, de motivación política, que emplean por las autoridades rusas para reprimir la libertad de expresión y castigar a quienes pronuncian opiniones contrarias al gobierno.
