Desde que ocupó Crimea hace 10 años, Rusia trata de alterar la composición étnica de la península y reprime a las comunidades ucraniana y tártara crimea, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una nueva publicación cuando se cumplen diez años de la anexión ilegal de la península ucraniana por parte de Rusia.
“Rusia intenta sistemáticamente erradicar las identidades ucraniana y tártara crimea a base de interrumpir, restringir o prohibir el uso de las lenguas ucraniana y tártara crimea en la educación, los medios de comunicación, las celebraciones nacionales y otros ámbitos de la vida diaria, además de perseguir las prácticas religiosas y culturales que no se ajustan a las avaladas por Moscú. Asimismo, traslada por la fuerza a la población crimea y la reemplaza con personas rusas”, ha declarado Patrick Thompson, investigador de Amnistía Internacional sobre Ucrania.
“Rusia debe cesar sus prácticas destinadas a reprimir y erradicar las identidades no rusas en los territorios ocupados, así como poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.”
Hacia la erradicación de la identidad cultural y la lengua
Rusia intenta legitimar su ocupación y anexión ilegal de Crimea con la aplicación de políticas que tratan de reprimir las identidades no rusas en la península.
Inmediatamente después de la anexión, Rusia instauró su propio currículo escolar en Crimea, lo que dio paso a adoctrinamiento y a amenazas de represalias contra el profesorado, el alumnado y las familias que se opusieron. Al mismo tiempo, las autoridades rusas desmantelan sistemáticamente la enseñanza en lengua ucraniana, a lo que se suma la imposición ilegal de leyes y prácticas rusas, incluida la represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como de actos culturales y prácticas religiosas.
“Llevamos años dando la voz de alarma ante la represión de los derechos humanos que lleva a cabo Rusia en Crimea. Una década después, podemos hacer balance de lo que ha supuesto para la península, ya que Rusia trata de reprimir las identidades no rusas, incluidas las culturas ucraniana y tártara de Crimea. Lo más alarmante es que éste parece ser el modelo que Rusia piensa aplicar en los demás territorios ucranianos que ha ocupado.”
Opresión de la libertad religiosa
Rusia ha restringido estrictamente el derecho a la libertad de religión y de creencia en Crimea, en especial mediante legislación según la cual rezar, predicar o difundir material religioso fuera de los lugares designados o sin permiso oficial es un delito punible. En 2023, constaban decenas de expedientes administrativos contra particulares por llevar a cabo actividades misioneras “ilegales” y en más de 50 casos las personas afectadas habían pagado multas cuantiosas por tales “infracciones”, según información de Forum 18, organismo de vigilancia de la libertad religiosa.
La población musulmana de Crimea, en su mayoría compuesta por personas tártaras crimeas, se ha enfrentado a graves represalias. En repetidas ocasiones, los organismos rusos encargados de hacer cumplir la ley han interrumpido el rezo de los viernes en las mezquitas de Crimea para revisar la documentación de todas las personas presentes. Las autoridades rusas también han llevado a cabo registros domiciliarios en busca de publicaciones religiosas, sobre todo contra la población tártara crimea. Se ha procesado a más de 100 personas crimeas musulmanas por cargos infundados en relación con el terrorismo, por los que se han dictado sentencias de hasta 24 años de prisión, que se cumplen en Rusia.
En abril de 2017, el Tribunal Supremo ruso calificó a los Testigos de Jehová de “extremistas” y prohibió esta religión en Rusia y en la Crimea ocupada. Se retiró la autorización a sus 22 congregaciones existentes en Crimea, lo que afectó a unas 8.000 personas creyentes. Al menos 12 personas crimeas afines a los Testigos de Jehová han sido condenadas a 6 años de prisión o más sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencia.
La Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev (desde 2018, Iglesia ortodoxa de Ucrania) se negó a solicitar una nueva autorización como organización religiosa con sujeción a la legislación rusa. Parte del clero rechazó el pasaporte ruso y se vio obligado a abandonar Crimea.
En el primer año de la ocupación desaparecieron 38 de sus 46 parroquias; en la actualidad no queda ninguna. En mayo de 2023, las autoridades de facto desalojaron a la organización ilegítimamente de su catedral ubicada en Simferópol, capital de la región.
Restricciones a los medios de comunicación
Las autoridades ocupantes persiguen a los medios de comunicación y al periodismo independiente. Las fuerzas paramilitares prorrusas secuestraron periodistas ya en los primeros días de la ocupación, como parte de una campaña de violencia dirigida contra el activismo a favor de Ucrania. En marzo de 2014, se cerraron las cadenas de radiotelevisión en lengua ucraniana y se sustituyeron por medios de comunicación rusos. Tras la anexión, Rusia ordenó a todos los medios de comunicación crimeos solicitar una nueva autorización de conformidad con la legislación rusa en un plazo de diez meses, advirtiendo contra los “actos provocativos”.
Las emisoras en lengua tártara crimea han sido objeto de ataques; al afamado canal de televisión ATR y a otros se les ha denegado la autorización. El 26 de enero de 2015, decenas de hombres enmascarados irrumpieron en las oficinas de ATR y se llevaron sus servidores informáticos. El equipo de periodistas comunicó a Amnistía Internacional haber recibido advertencias extraoficiales de personas influyentes por teléfono en respuesta a la cobertura de los acontecimientos que afectaban a la comunidad tártara crimea. Al final, ATR se vio obligado a trasladarse a la Ucrania continental y perdió la autorización para emitir en Crimea.
El acceso a los medios de comunicación digitales expulsados está bloqueado de forma arbitraria en Crimea, sin autorización judicial.
Rusia debe poner fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en Crimea y en los demás territorios ucranianos que ocupa. Todas las personas responsables de crímenes de derecho internacional deben someterse a un proceso judicial justo, al tiempo que las víctimas de dichos crímenes deben poder disfrutar plenamente de su derecho a obtener verdad, justicia y reparación.
