Las autoridades rusas han desarrollado un sofisticado sistema de restricciones y duras represalias para aplastar las protestas públicas, que llega a suprimir toda información sobre ellas por parte de periodistas y personal observador independiente.
Esas restricciones han aumentado desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y la desmesurada represión del movimiento contra la guerra prácticamente impide llevar a cabo cualquier protesta pública o informar sobre ella, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado Rusia: “De todos modos, te vamos a arrestar”. Represalias contra el personal observador y de medios de comunicación que informa desde el lugar de las protestas, documenta decenas de casos de obstrucción ilegítima del trabajo de periodistas y personal observador durante protestas públicas, tales como detenciones arbitrarias, uso de la fuerza, detenciones y elevadas multas.
“Se puede ver que las autoridades rusas están decididas no sólo a evitar a toda costa y sancionar duramente cualquier protesta, aunque sea pacífica, sino también a minimizar cualquier conciencia ciudadana sobre ellas”, ha declarado Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.
“Desde el mismo comienzo de la presidencia de Vladimir Putin, en 2000, las autoridades rusas han ido limitando gradualmente el derecho a la protesta pacífica y han sancionado cada vez con más contundencia a quienes intentan ejercerlo, haciendo de Rusia una zona prácticamente sin protestas. En febrero de 2022, decenas de miles de personas desafiaron la perspectiva de multas exorbitantes y encarcelamientos y salieron a las calles de las ciudades rusas para protestar contra la invasión de Ucrania. La respuesta de las autoridades fue aplicar las más duras sanciones posibles a muchas de las personas que participaron en las protestas. La policía hizo un uso abusivo de la fuerza contra el personal de los medios de comunicación y los observadores y observadoras independientes que informaban sobre las protestas.
“Las autoridades habían hecho lo mismo un año antes en las protestas en apoyo de Alexei Navalny, dirigente de la oposición indebidamente encarcelado. Al negar a la población toda información sobre las protestas y obstaculizar su observación, el Kremlin trata de erradicar cualquier expresión pública de descontento.”
Nuevos peligros para los medios de comunicación independientes al suprimirse las informaciones y las protestas contra la guerra
En los últimos años, las autoridades rusas han establecido un sistema legislativo que restringe la libertad de expresión e incrementa considerablemente los peligros a los que se enfrentan observadores y observadoras, periodistas y demás personal de los medios de comunicación al informar sobre reuniones públicas.
La legislación exige que el personal de medios de comunicación utilice en las protestas “distintivos claramente visibles como personal de prensa”.
Sin embargo, la policía cada vez plantea más exigencias a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que cubren reuniones públicas, como “cartas de acreditación de su empresa editora” o pasaportes. Asimismo, las autoridades han advertido al personal de los medios de comunicación que se abstenga de “participar” en las próximas protestas, y han detenido arbitrariamente a periodistas antes, durante y después de las concentraciones que iban a cubrir. En muchos casos fueron detenciones con uso excesivo e ilegítimo de la fuerza que podría constituir tortura y otros malos tratos.
“Junto a las duras restricciones legales a la libertad de prensa ya impuestas por el Estado, la policía está actuando cada vez más arbitrariamente para evitar que periodistas y otro personal de los medios de comunicación informen a la opinión pública sobre las protestas”, ha dicho Natalia Prilutskaya.
Según el Sindicato de Periodistas y Trabajadores y Trabajadoras de los Medios de Comunicación (clausurado por orden judicial en septiembre de 2022), tras las protestas multitudinarias que estallaron el 23 de enero de 2021 contra el encarcelamiento de Alexei Navalny fueron detenidos al menos 16 periodistas en una semana. Siete miembros del personal del Comité contra la Tortura, destacada ONG rusa de derechos humanos, fueron detenidos arbitrariamente, y en algunos casos con uso de la fuerza, mientras llevaban a cabo labores de observación de las protestas. En muchos de éstos y otros casos, personas de los medios de comunicación y que realizaban labores de observación de las protestas fueron juzgadas por “participar en una reunión pública no autorizada” y multadas o condenadas a 10 o más días de lo que se conoce como detención administrativa.
Las represalias contra personas que vigilan el estado de la opinión pública y personal de los medios de comunicación se agravaron aún más tras la invasión en gran escala de Ucrania. El 4 de marzo de 2022 se aprobó una nueva legislación que restringe aún más el derecho a la libertad de expresión. En el momento de redactar estas líneas, las autoridades han iniciado procedimientos penales contra al menos nueve periodistas y blogueros en aplicación de un delito que se introdujo entonces, el de “difundir falsa información sobre las Fuerzas Armadas Rusas” (artículo 207.3 del Código Penal). Algunos periodistas y medios de comunicación también han sido sancionados por otro nuevo “delito”, el de “desacreditar” a las Fuerzas Armadas Rusas desplegadas en el extranjero (artículo 20.3.3 del Código de Delitos Administrativos) tras informar sobre la guerra en Ucrania.
En virtud de la nueva legislación, las informaciones de los medios de comunicación que contengan cualquier mensaje contra la guerra se convierten en un posible motivo de procesamiento. En junio y julio de 2022, Vechernie Vedomosti, publicación independiente de Ekaterimburgo, y su editora, Guzel Aitukova, fueron multadas con 450.000 rublos (7.240 dólares estadounidenses) por publicar una foto parcialmente borrosa de pegatinas contra la guerra y otro material gráfico contra la invasión.
También fueron represaliados por su cobertura de las protestas contra la guerra varios miembros del equipo de redacción de Dovod, medio de comunicación digital de Vladimir, y Pskovskaya Guberniya, periódico de Pskov.
El 5 de marzo, la policía registró los domicilios del redactor jefe de Dovod’, Kirill Ishutin, y de otros tres periodistas —entre ellos Evgeny Sautin, de 17 años— supuestamente por ser testigos en una investigación penal sobre “vandalismo” en relación con la aparición de grafitis contra la guerra en un puente local, noticia que Dovod había dado en primicia. Ese mismo día, agentes de la policía y de la policía antidisturbios irrumpieron en las oficinas de Pskovskaya Gubernia, las registraron y confiscaron ordenadores, teléfonos y otro material como parte de una causa administrativa que tenía que ver con el “delito” de “desacreditar” a las Fuerzas Armadas Rusas desplegadas en el extranjero, incorporado a la ley un día antes. Según una denuncia presentada de forma anónima, el periódico supuestamente había convocado protestas multitudinarias en su boletín electrónico. Al día siguiente, Pskovskaya Gubernia anunció que tenía que suspender su actividad hasta nuevo aviso.
Los implacables ataques a la prensa libre por informar sobre la invasión rusa de Ucrania y las actividades del movimiento contra la guerra han llevado al éxodo de cientos de periodistas de Rusia. El canal de televisión independiente TV Rain y el periódico Novaya Gazeta se encuentran entre los medios que se vieron obligados a cesar en su actividad. La emisora de radio Ekho Moskvy, plataforma de algunas de las voces más críticas de Rusia, fue cerrada por las autoridades, y sus respectivos equipos tuvieron que buscar nuevas formas de trabajar para informar al público ruso.
Es necesario un cambio y un mayor escrutinio de la comunidad internacional
Las deplorables prácticas que colocan en el punto de mira a personas que protestan pacíficamente, personal de los medios de comunicación y personal observador independiente deben terminar de inmediato. Las leyes rusas represivas que restringen la libertad de expresión deben ser abolidas.
“Mientras el gobierno de Rusia sea capaz de estrangular los derechos y libertades en el interior del país y siga por el camino del autoaislamiento, continuarán cometiéndose abusos terribles y generalizados, incluido el crimen de agresión a Ucrania”, ha declarado Natalia Prilutskaya.
“Es necesario que la comunidad internacional lleve a cabo un escrutinio minucioso y eficaz. En épocas sombrías como ésta es fundamental tender una mano amiga a la atribulada sociedad civil y los medios de comunicación independientes de Rusia para ayudar a quienes realizan labores de observación e información en el país y que el mundo sepa de su existencia.”
