Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania a gran escala en febrero de 2022, se ha acelerado en Rusia un preocupante aumento del uso indebido de una legislación antiterrorista y antiextremista imprecisa, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En el informe Terrorising the dissent se documenta el número creciente de ataques de las autoridades rusas contra disidentes y manifestantes pacíficos con el pretexto de la “seguridad nacional”.
“Lo que presenciamos actualmente en Rusia no es un mero abuso de la ley, sino que las autoridades instrumentalizan la legislación antiterrorista y antiextremista para sofocar la disidencia y controlar el discurso público de maneras alarmantes y desgarradoras. Estas leyes, de redacción ambigua y aplicación arbitraria, se utilizan para acallar las voces de oposición e infundir miedo entre quienes se atreven a hacerse oír”, ha declarado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.
“Los tribunales militares dictan largas penas de prisión a puerta cerrada, a menudo por un comentario en Internet o una donación a un grupo de oposición. Las autoridades son capaces de etiquetar personas como ‘terroristas’ y ‘extremistas’ y de retirarles el acceso a los servicios financieros y los ingresos básicos sin siquiera una orden judicial. El coste psicológico y emocional para estas personas y sus familias es inconmensurable. Además, se genera un profundo efecto amedrentador entre la sociedad rusa.”
Desde 2013, se ha condenado a 3.738 personas por delitos relacionados con el terrorismo. Cabe destacar que más del 90% de estas condenas no se basaron en atentados terroristas, ya fueran cometidos o planeados, sino en otras acciones diversas, como la supuesta “justificación del terrorismo”. Las condenas por estas acciones se han multiplicado por 50 en los últimos 10 años. No se ha absuelto a ninguna persona acusada de delitos relacionados con el terrorismo desde al menos 2015, primer año del que hay estadísticas disponibles.
En diciembre de 2023, la “Lista de terroristas y extremistas” del Servicio Federal de Supervisión Financiera incluía a 13.647 personas, de las cuales 11.286 estaban etiquetadas como “terroristas”. De ellas, el 13% eran mujeres y 106 tenían menos de 18 años. La inclusión en este registro, que se produce sin ninguna revisión judicial, conlleva la congelación de las cuentas bancarias y restringe el gasto mensual a 10.000 rublos (unos 100 euros), lo cual plantea a las personas incluidas en la lista graves dificultades para mantener incluso el nivel de vida más básico.
Preocupa el crecimiento de los casos relacionados con el terrorismo
Tan sólo en el primer semestre de 2023, los tribunales rusos condenaron a 39 personas por cometer o planear atentados terroristas, más que en ningún otro año entero del último decenio, lo que señala un fuerte aumento del número de casos relacionados con el terrorismo. Muchos de los cargos por terrorismo presentados recientemente lo han sido contra personas que protestaron contra la guerra o la movilización militar lanzando cócteles molotov contra centros de reclutamiento y otros edificios oficiales. En muchos de esos casos, los hechos se produjeron de noche, cuando los edificios estaban vacíos, y las estructuras objeto de ataque eran en su mayoría de hormigón o metal, por lo que había pocas posibilidades de incendio. Calificar de “terrorismo” al menos algunos de estos actos, cuando no conllevaron ninguna amenaza de lesiones graves, hace temer que las autoridades rusas estén aplicando de forma indebida esos cargos.>
Cientos de personas han sido condenadas con cargos de “justificación del terrorismo” simplemente por debatir o expresar simpatía respecto a acciones o entidades específicas que las autoridades rusas han etiquetado arbitrariamente de “terroristas”. Tras la invasión rusa de Ucrania a gran escala, las muestras de simpatía hacia Ucrania —como expresar satisfacción por sus éxitos militares o apoyar a las unidades militares ucranianas formadas por personas voluntarias rusas— se han convertido en motivo suficiente para tales persecuciones.
Entre los ejemplos más atroces del uso indebido de la legislación antiterrorista se halla el caso de Aleksei Gorinov, concejal local condenado a siete años de prisión por criticar los actos del gobierno ruso en Ucrania. Estando ya en prisión cumpliendo condena, se lo acusó de un nuevo cargo relacionado con el terrorismo por compartir supuestamente sus opiniones sobre la guerra con su compañero de celda. De forma similar, el escritor Grigori Chjartishvili —conocido por su seudónimo Boris Akunin— fue acusado in absentia de “justificar el terrorismo” por medio de sus declaraciones públicas. Dado que los juicios por cargos relacionados con el terrorismo son por defecto a puerta cerrada, sigue sin conocerse la esencia de la acusación. El Ministerio de Justicia tan solo ha comunicado que el escritor “se pronunció activamente en contra de la operación militar especial en Ucrania y difundió información falsa destinada a crear una imagen negativa de la Federación de Rusia, así como de sus Fuerzas Armadas”.
Estos y otros numerosos casos demuestran la amplia aplicación de estas leyes contra cualquier forma de disidencia.
Sofocar la oposición y la expresión
La ampliación de las leyes antiterroristas y antiextremistas de Rusia, incluida la criminalización en 2006 de la “justificación del terrorismo” y la propuesta en 2023 de tipificar como delito la “justificación del extremismo”, difumina aún más las fronteras entre terrorismo y extremismo, términos que no están bien definidos en el derecho internacional y se utilizan con frecuencia como arma para sofocar la disidencia.>
“Estos pasos reflejan un intento sistemático de ampliar las definiciones y las penas, que sofoca la oposición política y la libertad de expresión con el pretexto de la ‘seguridad nacional’”, ha afirmado Oleg Kozlovsky.
Ejemplo claro de ello es la designación de la ONG Fundación Anticorrupción de Aleksei Navalny como “organización extremista”, que criminaliza de hecho una de las iniciativas civiles más destacadas de Rusia. Quienes donaron dinero a éste y otros grupos similares, participaron en ellos o difundieron sus materiales —incluso antes de que se los designara arbitrariamente como extremistas— corren ahora el riesgo de ser acusados de delitos penales y enfrentarse a largas penas de prisión.
“A la luz de estas conclusiones, Amnistía Internacional pide que se revise a fondo la legislación penal rusa sobre terrorismo y extremismo para armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos, evitando la criminalización de la disidencia pacífica y protegiendo los derechos fundamentales. Instamos a la comunidad internacional a que aborde estos abusos en todos los foros pertinentes, defendiendo los derechos de las personas injustamente perseguidas, y a que tenga en cuenta estas prácticas al tratar con sus homólogos rusos, también en iniciativas de lucha antiterrorista.”
