Las autoridades rusas deben adoptar medidas urgentes para hacer frente a los posibles efectos devastadores de la propagación del coronavirus, COVID-19, entre las personas detenidas y presas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una carta dirigida a organismos gubernamentales rusos. Al menos 9.000 de las 519.600 personas que forman la población reclusa de Rusia tienen más de 60 años, y muchas más padecen problemas de salud.
“El estado actual del sistema penitenciario ruso, con problemas de hacinamiento, falta de ventilación, saneamiento inadecuado y asistencia médica insuficiente, expone a la población reclusa a un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Si las autoridades no adoptan medidas urgentes de protección, la pandemia de COVID-19 podría hacer estragos en las cárceles rusas, y las consecuencias serían terribles”, ha dicho Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.
“Muchas personas reclusas ya tienen problemas de salud y están en colonias penitenciarias situadas a cientos de kilómetros de sus casas y lejos de hospitales civiles. Es preciso actuar con urgencia para evitar una posible catástrofe; por eso pedimos a las autoridades rusas que estudien la manera de reducir la población penitenciaria del país.
Las autoridades rusas deben considerar urgentemente la opción de liberar a personas, especialmente las que están en prisión preventiva o son más vulnerables al virus, como las personas de avanzada edad y con mala salud, y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de toda la población reclusa.”
Algunos aspectos del sistema penitenciario de Rusia son especialmente peligrosos durante la pandemia de COVID-19, como el transporte de personas presas, durante el cual son hacinadas en compartimentos de tren sin luz, agua corriente ni instalaciones higiénicas. Dado que su transporte hasta las remotas colonias penitenciarias implica un recorrido de cientos de kilómetros, algunas pueden soportar estas terribles condiciones durante semanas.
Según los datos disponibles más recientes, casi 97.000 personas detenidas (o el 18.7% de la población reclusa de Rusia) están en prisión preventiva, donde las condiciones, a menudo de hacinamiento, se vuelven más peligrosas ante la amenaza de la COVID-19.
Las personas detenidas se enfrentan a la prolongación de su detención ya que todos los juicios han sido suspendidos. Aunque debería existir la presunción de inocencia y aplicarse la prisión preventiva sólo con carácter excepcional como medida de último recurso, en Rusia hay decenas de personas sospechosas de delitos que están recluidas en espera de juicio sin que se haya considerado debidamente la necesidad y proporcionalidad de la medida.
“Debe hacerse una revisión urgente y genuina de todas las decisiones de recluir a personas sospechosas en espera de juicio”, ha dicho Natalia Prilutskaya.
“Asimismo reiteramos nuestro llamamiento en favor de la libertad de todas las personas presas de conciencia, que están en prisión sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Nunca debieron ser encarceladas.”
Información complementaria
La prestación de asistencia médica a las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. Estas personas deben disfrutar plenamente del nivel de atención de la salud disponible en la comunidad, incluso en lo referente a las pruebas de COVID-19 y a su prevención y su tratamiento. Todos los centros de detención deben estar equipados con dispensadores de gel desinfectante que funcionen u otras instalaciones que puedan usar el personal y la población reclusa. El acceso ininterrumpido al suministro de agua corriente debe estar garantizado.
Además, las autoridades deben tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales para la salud mental que tienen las restricciones que ya se han impuesto sobre las visitas de familiares y representantes letrados. Deben garantizarse vías alternativas de comunicación con el exterior.
