En los últimos meses se ha hecho patente que el derecho al aborto de la ciudadanía estadounidense continúa recibiendo ataques. Este mismo mes entró en vigor en Texas la ley SB8, que prohíbe el aborto después de las primeras seis semanas de embarazo —antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas— y privatiza la aplicación de la ley contra quienes prestan servicios de aborto. Antes de que termine el año, la Corte Suprema escuchará los alegatos orales en respuesta a un proceso judicial en Mississippi que amenaza con revertir las salvaguardias del aborto establecidas hace decenios en virtud de la causa Roe v. Wade.
Hoy, en respuesta a estos acontecimientos y en reconocimiento del Día Internacional del Aborto Seguro, Tarah Demant, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional Estados Unidos, manifestó:
“Prohibir el acceso legal al aborto no pone fin al aborto; en su lugar, obliga a quienes están embarazadas a recurrir a abortos peligrosos, lo que vulnera sus derechos e incrementa la mortalidad y la morbilidad maternas. Sobre todo, las políticas restrictivas afectan desproporcionadamente a los grupos marginados —incluidas las personas con bajos ingresos, de minorías o indígenas y las personas transgénero o que no se ajustan a las convenciones del género— que ya se encuentran con obstáculos para acceder a la atención de la salud y a menudo carecen de medios para recurrir a servicios de aborto seguro y legal en otro lugar. Ya hemos visto las consecuencias de este tipo de legislación draconiana: en El Salvador, en la práctica tales políticas han constituido tortura, discriminación y la negación de los derechos de las personas embarazadas.”
“Las políticas restrictivas afectan desproporcionadamente a los grupos marginados que ya se encuentran con obstáculos para acceder a la atención de la salud y a menudo carecen de medios para recurrir a servicios de aborto seguro y legal en otro lugar”
“Mientras que las decisiones de legalizar y despenalizar el aborto en Argentina y México durante el año pasado representan una victoria enorme para la comunidad global, la prohibición reciente del aborto en Texas y próxima vista oral del proceso judicial de Mississippi son un sombrío recordatorio de que Estados Unidos va a la zaga de otras naciones en su obligación de proteger los derechos de las mujeres embarazadas. Amnistía Internacional reitera fervientemente sus peticiones al gobierno para que proteja el derecho al aborto. Cualquier otra cosa significa incumplir los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la autonomía corporal y la dignidad.”
