La ampliación de las minas de cobalto y cobre a escala industrial en República Democrática del Congo ha dado lugar al desalojo forzoso de comunidades enteras y a graves abusos contra los derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, incendios y palizas.
En un informe titulado Powering Change or Business as Usual?, Amnistía Internacional y la organización Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains, IBGDH), con sede en República Democrática del Congo, exponen cómo la pugna de empresas multinacionales por ampliar las actividades mineras ha dado lugar a la expulsión de comunidades de sus viviendas y tierras de cultivo.
“Los desalojos forzosos que tienen lugar cuando las empresas tratan de ampliar proyectos de extracción de cobre y cobalto a escala industrial están destrozando vidas y deben cesar ya”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional reconoce la decisiva función que desempeñan las baterías recargables en la transición energética para abandonar el uso de combustibles fósiles. Pero la justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía mundial no debe dar lugar a otras violaciones de derechos humanos.
“La población de República Democrática del Congo sufrió explotación y abusos importantes durante la época colonial y poscolonial, y se siguen sacrificando sus derechos mientras se la despoja de la riqueza que hay a su alrededor.”
El aumento de la demanda de las denominadas tecnologías de energía limpia ha generado la consiguiente demanda de ciertos metales, entre ellos el cobre y el cobalto, que son indispensables para fabricar la mayoría de las baterías de iones de litio que se usan para alimentar una amplia variedad de dispositivos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos móviles. República Democrática del Congo es el primer país del mundo en reservas de cobalto, y el séptimo en reservas de cobre.
La batería de un vehículo eléctrico requiere por término medio más de 13 kilogramos de cobalto, y la de un teléfono móvil unos 7 gramos. Se espera que la demanda de cobalto alcance las 222.000 toneladas en 2025, el triple que en 2010.
Donat Kambola, presidente de la IBGDH, ha afirmado: “Desalojan por la fuerza a la gente, o la amenazan o intimidan para que abandone sus viviendas, o la engañan engaña para que dé su consentimiento a acuerdos irrisorios. Con frecuencia no había mecanismos para la presentación de quejas, la rendición de cuentas o el acceso a la justicia.”
Candy Ofime y Jean-Mobert Senga, investigadores de Amnistía Internacional y coautores del informe, han afirmado: “Hemos encontrado reiteradas vulneraciones de salvaguardias jurídicas prescritas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional, así como un flagrante desprecio de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.”
Para producir Powering Change or Business as Usual?, Amnistía Internacional y la IBGDH entrevistaron a más de 130 personas en seis proyectos mineros distintos en la ciudad de Kolwezi y sus alrededores, en la provincia meridional de Lualaba, durante dos visitas efectuadas en 2022.
El personal investigador examinó documentos y correspondencia, fotografías, vídeos, imágenes de satélite y las respuestas de las empresas. Las conclusiones en cuatro emplazamientos se incluyen en el informe, y los abusos en tres emplazamientos, que implican desalojos forzosos, se exponen infra. En el cuarto emplazamiento, Kamoa-Kakula, el informe halló indicios de reasentamiento inadecuado. Las respuestas de las empresas mencionadas en el informe pueden consultarse aquí.
Demolición de viviendas para ampliar una mina a una ciudad
En el centro de la ciudad de Kolwezi, comunidades asentadas desde hace tiempo han sido destruidas tras la reapertura en 2015 de una extensa mina de cobre y cobalto a cielo abierto.
El proyecto es gestionado por la Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), una empresa conjunta integrada por la compañía china Zijin Mining Group Ltd y la empresa minera estatal de República Democrática del Congo, Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines).
En el barrio afectado, Cité Gécamines, viven unas 39.000 personas. Las casas suelen tener varias habitaciones, están ubicadas en recintos delimitados por muros y disponen de agua corriente y electricidad. Hay escuelas y hospitales en las proximidades.
Desde que se reanudaron las actividades mineras, cientos de residentes han recibido la orden de abandonar sus viviendas, o ya han tenido que mudarse. No se ha consultado de forma adecuada a las comunidades ni se han hecho públicos los planes de ampliación de la mina. Algunas personas residentes sólo se enteraron de que sus casas iban a ser demolidas cuando aparecieron cruces de color rojo en sus propiedades.
Edmond Musans, de 62 años, que tuvo que desmantelar su vivienda y marcharse, dijo: “Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales.’”
Personas desalojadas declararon que las indemnizaciones ofrecidas por COMMUS no eran suficientes para comprar viviendas equivalentes. En consecuencia, muchas personas han tenido que mudarse a propiedades sin agua corriente ni energía fiable a las afueras de Kolwezi, lo que les ha supuesto una terrible merma de su nivel de vida. No tienen ningún medio efectivo de interponer recursos o de obtener reparación.
Una persona exresidente dijo: “Yo tenía una casa grande, con electricidad, agua. [...] Ahora tengo una casa pequeña que es todo lo que pude costearme con la indemnización [...] tenemos que beber agua de pozos [...] casi no hay electricidad.”
Cécile Isaka, otra exresidente, dijo que las voladuras con explosivos para ampliar la mina causaron grietas tan grandes que temía que su casa se derrumbara. Al no haber otras opciones viables, aceptó la indemnización que le ofrecieron y desmanteló su propiedad dañada en 2022 y pudo reutilizar los ladrillos para construir en otro lugar.
Edmond Musans colaboró en la creación de un comité para representar los intereses de más de 200 familias en riesgo de desalojo y tratar de obtener indemnizaciones mayores de COMMUS. El comité ha compartido sus motivos de queja con las autoridades provinciales, en vano.
COMMUS dijo a Amnistía Internacional que tenía intención de mejorar la comunicación con las partes interesadas.
Casas incendiadas y residentes lesionados
Las personas entrevistadas describieron cómo los soldados incendiaron un asentamiento llamado Mukumbi cerca del emplazamiento del proyecto de Mutoshi, gestionado por Chemicals of Africa SA (Chemaf), filial de Chemaf Resources Ltd., que tiene su sede en Dubái.
Ernest Miji, el jefe local, dijo que en 2015, tras la adquisición de la concesión por Chemaf, tres representantes de la empresa, acompañados por dos agentes de policía, fueron a decirle que había llegado la hora de que las personas residentes en Mukumbi se mudaran a otro lugar. Según su testimonio, los representantes hicieron otras cuatro visitas.
Recordando una de las visitas, Kanini Maska, exresidente, manifestó: “El representante de Chemaf nos dijo: ‘Tienen que marcharse ya’. Le preguntamos: ‘¿Y adónde vamos? Es aquí [...] donde criamos a nuestros hijos, donde cultivamos la tierra y donde nuestros niños y niñas están inscritos para ir a la escuela’”.
Las personas entrevistadas dijeron que soldados de la Guardia Republicana, una fuerzas militar de élite, llegaron una mañana, comenzaron a incendiar casas y golpearon a los residentes que intentaron impedírselo.
“No pudimos recuperar nada”, dijo Kanini Maska, de 57 años. “Nos quedamos sin nada para sobrevivir, y pasamos noches en el bosque.”
Una niña, que tenía 2 años en esas fechas y cuyo nombre hemos decidido no consignar, sufrió quemaduras graves que le causaron cicatrices que han cambiado su vida. Su tío dijo que el colchón en el que yacía se había incendiado.
Imágenes de satélite respaldan los relatos que sostienen que Mukumbi —donde en algún momento llegó a haber unas 400 construcciones, incluidas una escuela, un centro de salud y una iglesia— estaba destruido el 7 de noviembre de 2016.
A raíz de las protestas, en 2019 Chemaf accedió a pagar 1,5 millones de dólares de EE. UU. a través de la autoridad local, pero algunas personas exresidentes sólo recibieron 300 dólares. Chemaf niega toda irregularidad, responsabilidad o implicación en la destrucción de Mukumbi o en haber ordenado su destrucción a las fuerzas militares.
Cosechas arrasadas y agresión sexual
Near Kolwezi, filial de Eurasian Resources Group (ERG), que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el gobierno de Kazajistán, gestiona el proyecto Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR).
Un total de 21 agricultores, que forman parte de un colectivo que cultiva terrenos colindantes con la concesión, cerca de la población de Tshamundenda, declararon que en febrero de 2020, sin consulta significativa ni aviso de desalojo, un destacamento de soldados, algunos con perros, ocupó la zona mientras se arrasaban los campos de los que ellos se ocupaban.
Una mujer, a la que llamamos Kabibi para proteger su identidad, explicó que cuando intentaba recolectar sus cultivos antes de que fueran destruidos, tres soldados la capturaron y la violaron en grupo, mientras otros soldados miraban.
Kabibi, que estaba embarazada de dos meses, necesitó tratamiento médico. Comunicó el incidente a su familia y al jefe del poblado, pero tuvo demasiado miedo para denunciarlo a Metalkol o a las autoridades locales. Su bebé nació después sin problemas.
Kabibi dijo a los investigadores: “Soy viuda, no puedo costear la inscripción de mis hijos en la escuela. [...] Hasta la fecha, no tengo empleo ni otras fuentes de ingresos. Voy de acá para allá, de casa en casa, para encontrar algo de comer para mis niños.”
Los agricultores han protestado y abogado reiteradamente por una indemnización pero no se les ha ofrecido un recurso efectivo.
En su respuesta, ERG afirmó que no tenía ningún control sobre el despliegue de los soldados, y que el gobierno había decidido que el colectivo de agricultores ya había recibido indemnizaciones de un operador minero anterior, algo que los agricultores niegan.
No más desalojos forzosos
El informe insta a las autoridades de República Democrática del Congo a poner fin de forma inmediata a los desalojos forzosos, promover una comisión de investigación imparcial y reforzar y hacer cumplir la legislación nacional relativa a la actividad minera y los desalojos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Las autoridades han llevado a cabo o facilitado desalojos forzosos y han incumplido su obligación de proteger los derechos de las personas, incluidos los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Las fuerzas armadas no deben intervenir en ningún caso en los desalojos.
Se ha demostrado que cuando las empresas afirman que se rigen por elevados principios éticos se trata de meras palabras. Las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación efectiva y tomar medidas para impedir que nuevos daños. Todas las empresas deben garantizar que sus actividades no perjudican a las comunidades que están en primera línea.
Donat Kambola, de IBGDH, ha afirmado: “Las empresas mineras internacionales implicadas tienen abundantes recursos económicos y pueden costear fácilmente la introducción de los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren la vida de las personas de la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos”.
Agnès Callamard, de Amnistía Internacional, ha afirmado: “República Democrática del Congo puede desempeñar un papel decisivo en la transición del mundo para abandonar el uso de combustibles fósiles, pero los derechos de las comunidades no deben ser pisoteados en la carrera por extraer minerales fundamentales para descarbonizar la economía mundial”.
